La pareja de Ayuso pide que el fiscal general sea condenado y apunta a un complot del Gobierno, la Fiscalía y los medios

El abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha abierto el turno de informes finales con la solicitud de que el fiscal general del Estado sea condenado a cuatro años de cárcel y con la afirmación de que fue él quien filtró a los periodistas que Alberto González Amador había confesado su fraude fiscal de 350.000 euros. El letrado Gabriel Rodríguez Ramos ha apuntado a una actuación conjunta de la Fiscalía, el Gobierno, el PSOE e incluso los medios de comunicación para conseguir el “uso político” del correo “por parte de los rivales políticos de la presidenta de la Comunidad de Madrid”. Una supuesta utilización que, a su juicio, “no ha cesado” y tiene una “intensidad gubernamental”.

El letrado ha sido la primera acusación en plantear sus conclusiones finales antes de que el juicio quede visto para sentencia. En un primer relato de los hechos, ha afirmado que fueron Álvaro García Ortiz y su jefa de prensa los que, en la noche del 13 de marzo de 2024, ya sabían que existía una propuesta de conformidad y lo filtraron a la prensa mientras elaboraban una nota de prensa. Las pruebas demuestran que el fiscal general no recibió el correo en su propia cuenta hasta las 21.59 horas de esa noche, pero el letrado de González Amador asegura que antes los dos “ya habían transmitido a los medios la información de que disponían”.

El letrado ha esquivado que el único contacto conocido entre Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que fue el primero es desvelar el correo, y el fiscal general es una llamada de teléfono no contestada por parte de García Ortiz. Ha especulado entonces con que el hecho de que ninguno de los tres haya mostrado sus mensajes “entre ellos” apunta a su culpabilidad: “Si no es su fuente y no ha tenido comunicación, déjemelo ver, ¿qué problema habría para el secreto de las fuentes?”.

Según el abogado, se puso en marcha una “máquina de blanqueo” para que la Fiscalía, un día después, pudiera hacer un comunicado usando ese correo sin exponerse a consecuencias porque, horas antes, ya había sido publicado por los medios. Es una conclusión que ha extendido a la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, y Juan Lobato. “El mecanismo de blanqueo para uso político”.

El letrado ha dedicado también varios minutos a explicar que, en su opinión, existió una acción coordinada de la Fiscalía, el Gobierno y los medios para perjudicar al comisionista y la presidenta madrileña: “Se transmite que es un delincuente confeso, se tiene una sentencia popular de condena antes de que exista un procedimiento penal, ya era el delincuente confeso”. A la “cabeza” de esa supuesta estrategia por parte del Gobierno ha situado al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Las consecuencias para el empresario, añade, son “que te marquen como moneda política del Gobierno de España, arrasa con el derecho a la intimidad, y en el proceso penal arrasa la presunción de inocencia y el derecho de defensa”. Ha omitido que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha rechazado sus demandas económicas a políticos que se han referido a él en esos términos y que su defensa, ejercida por él mismo, siguió negociando con la Fiscalía después.

Rodríguez Ramos, que también representa a la pareja de Ayuso en su proceso penal de fraude fiscal, ha cargado contra varios medios y ha afirmado que no otorga credibilidad a sus testimonios, para lo que ha llegado incluso a leer tuits de los informadores sobre la causa. “Sus afirmaciones carecen de capacidad probatoria alguna”, ha dicho sobre los periodistas que han reiterado que conocieron el secreto cuya revelación es objeto del juicio antes de que pudiera tenerlo el fiscal general.

El letrado ha ovbiado que algunos de ellos, incluso, han aportado pruebas de que conocieron que existía una propuesta de pacto antes que el fiscal general. Una revelación que pone en entredicho el principal indicio contra el fiscal general: la coincidencia temporal entre que él recibe esa información confidencial y esta aparece en la prensa. Pero Rodríguez Ramos ha tratado de desacreditar sus testimonios apuntando incluso a una supuesta “connivencia” de los informadores con la Fiscalía Superior del Estado “para la filtración de secretos”.

El abogado también ha despreciado el hecho de que el correo estuviera a disposición de 16 personas en la Fiscalía durante más de un mes antes de su filtración: “Lo que no nos van a decir es que el correo se envió a la dirección indicada por Fiscalía de acuerdo con los procedimientos fijados para este tipo de trámites, y permiten ver la trazabilidad”. “Se nos habla en abstracto, no se nos concreta a nadie”.

En contraposición, Rodríguez Ramos ha otorgado total credibilidad la relato de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, considerada el testigo más valioso para las acusaciones por haber sospechado que la filtración procedía de sus compañeros de la Fiscalía General del Estado.

Así, el letrado ha sostenido que García Ortiz y su directora de Comunicación, Mar Hedo, confeccionaron la nota de prensa en la que se daban detalles de la confesión “al margen del conocimiento y de la intervención” tanto de Lastra como de su responsable de prensa, Iñigo Corral, tal y como “había sucedido con la denuncia y el expediente tributario”.

“Haríamos exactamente lo mismo”

El abogado del Colegio de Abogados de Madrid, que interpuso la primera querella por la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en su informe final que estaría haciendo lo mismo si la afectada por las filtraciones fuera Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. “Haríamos exactamente lo mismo si estuviéramos hablando, respecto a la persona perjudicada, si en vez de ser ‘novio de’ fuera ‘esposa de’”.

Esta es la primera ocasión en la que el ICAM se ha personado en una causa penal por una filtración, defendiendo desde hace un año que en este caso la filtración procede de la Fiscalía y afecta al trabajo de un abogado. La causa contra Begoña Gómez que lleva Juan Carlos Peinado ha sido objeto de decenas de filtraciones incluso de los datos bancarios de la esposa del presidente del Gobierno, en unas diligencias plagadas de acusaciones populares como Vox o HazteOir, sin que el ICAM se haya personado o haya acusado esas filtraciones.

Tampoco salió en defensa de los abogados que fueron sancionados por Peinado con miles de euros por hacer declaraciones, sanciones que fueron finalmente tumbadas por los tribunales.