Visto para sentencia (sin pruebas ni indicios)

El caso del Fiscal General del Estado ha quedado visto para sentencia. Judicial, se entiende. Luego está la mediático-política. Y esa, para los supuestos guardianes de la ley, el orden, la democracia, la patria y la pureza del periodismo, hace tiempo que está dictada: CULPABLE. No tienen duda ni les cabe otra interpretación que no sea la de que Álvaro García Ortiz formó parte de una operación de Estado contra Isabel Díaz Ayuso porque su novio, un ciudadano particular, cometió un doble fraude fiscal para no pagar a Hacienda lo que le correspondía por el pelotazo que dio con la venta de mascarillas durante la pandemia

Les ha sobrado el juicio. No les importa la ausencia de pruebas de cargo. Tampoco la declaración de los seis periodistas que tuvieron acceso al mail filtrado que ha sentado a Álvaro García Ortiz en el banquillo por emitir una nota de prensa con información veraz. O que la sacrosanta UCO entrase en la sede del Ministerio Fiscal como si persiguiera a un narcotraficante armado hasta los dientes. O que la misma unidad de élite de la Guardia Civil clonara los dispositivos electrónicos del fiscal general y de la fiscal jefa provincial de Madrid sin cobertura legal porque no respetó los límites temporales que marcó el instructor. O que durante el juicio se haya acreditado que pudo haber cientos de potenciales filtradores. Mucho menos que la única filtración acreditada en sala fuera la del novio de Ayuso, Alberto González Amador, a Miguel Ángel Rodríguez y la posterior difusión manipulada de este a sus periodistas de cabecera que, sin comprobación alguna, publicaron una versión falsa de toda esta estrambótica historia. 

Recuerden, porque conviene no olvidarlo, que se juzga a Álvaro García Ortiz, por defender la verdad y la credibilidad del Ministerio Fiscal ante una abyecta operación orquestada desde la Puerta del Sol para desviar el foco del fraude fiscal de la pareja Ayuso. Y que el juicio contra el Fiscal General del Estado no ha avanzado en sala respecto a lo ya conocido durante la instrucción porque no se ha encontrado una sola prueba de cargo. 

Si la sentencia que tiene que dictar ahora el Supremo fuera condenatoria, tendría que construirse sobre indicios. El problema es que, a la vista de lo que se ha escuchado durante el juicio, hay quien trata de camuflar como indicio -dato objetivo y con base lógica- una mera conjetura o sospecha -creencia subjetiva y carente de esa base demostrada-. Y en el ejercicio del derecho, un indicio puede llevar a una detención o servir como prueba en un juicio, pero una sospecha por sí sola no tiene valor probatorio ni puede fundamentar acciones legales. 

Es cierto, como reiteran los papagayos de la derecha mediática y política, que no son pocas las ocasiones en las que sin una prueba directa, pero con una pluralidad de indicios se han dictado sentencias condenatorias. Pero para que esos indicios puedan considerarse suficientes, según doctrina del propio Tribunal Supremo, conviene no confundirlos con meras sospechas porque estas últimas nunca pueden desvirtuar la presunción de inocencia. 

Y esa es ahora la tarea que corresponde al tribunal: separar el grano de la paja y abstraerse de presiones políticas o mediáticas. El foco, una vez acabado el juicio, ya no estará sobre Álvaro García Ortiz, sino sobre un Supremo que se juega su credibilidad. Si absuelve al fiscal general, quedarán tocados Ayuso, su pareja, quienes compraron sus patrañas y la UCO, que es quien ha marcado con sus actuaciones la agenda política del último año y medio. Si lo condena, quedará en entredicho su imparcialidad y hasta el imperio del derecho. 

Hasta entonces, cuenten con que la derecha redoblará la ofensiva porque a estas alturas a nadie se le escapa ya que el objetivo de todo esto no es el fiscal general, sino desestabilizar al Gobierno hasta que caiga su presidente.