El Gobierno de Ayuso se declara en rebeldía: no creará el registro de objetores al aborto y se encomienda a los tribunales

Este 14 de noviembre se cumple el mes de plazo que dio el Ministerio de Sanidad a Madrid, Balears y Aragón para poner en marcha el registro de médicos y médicas que, por objeción de conciencia, se niegan a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha confirmado este viernes que no tienen intención de cumplir la ley: “Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario”, ha replicado.

El requerimiento que mandó el Ministerio de Sanidad era previo a iniciar acciones judiciales contra los gobiernos regionales. Después, el Gobierno central tiene dos meses de plazo para ir a los tribunales, a los que ahora se encomienda la Comunidad de Madrid. “Ayuso se ha equivocado por partida doble, se ha creído estar por encima de la ley y del derecho de las mujeres. Le recomiendo que recoja cable y abandone su cruzada”, defendió entonces la titular de Sanidad, Mónica García.

“En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos”, ha dicho Matute este viernes en declaraciones a los periodistas, a la par que ha acusado al Gobierno de “sectario” y no pensar “en nada ni nadie”. “Con la Constitución en la mano defenderemos la libertad de objeción”, ha añadido.

El Gobierno de Ayuso ha intentado con sus declaraciones en las últimas semanas que parezca que el registro es un listado público de médicos, pero no es así: se trata de un registro de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto para todas las mujeres que así lo decidan en la sanidad pública. “Váyanse a otro lado a abortar”, llegó a espetar la presidenta madrileña a la oposición en un pleno.