Los decanos de la Complutense exigen a Ayuso fondos para la educación pública: «Necesitamos una financiación realista»

La concesión del préstamo de 34 millones de euros que solicitó la Universidad Complutense al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso apenas representa un parche para su situación económica. Servirá “simplemente para salir del paso”, ha asegurado Antonio Bur, decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas: “Lo que necesitamos es una financiación realista que permita ir cubriendo todas las bajas, que permita mejorar los planes de estudio y la calidad de nuestra docencia”, ha reclamado en la concentración de los 26 decanos del centro frente a la puerta del Sol. El problema, explican en su manifiesto, es “estructural” y las causas son claras: la Comunidad de Madrid es la que menos dinero invierte por alumno —a pesar de que tenga las matrículas más caras—, la que más ha reducido las plazas públicas que ofrece, la que más estudiantado y personal ha perdido en favor de la privada, la que peor paga a sus empleados en términos relativos y la que más universidades privadas tiene en su territorio.

La Complutense presenta un déficit de 142,3 millones de euros entre 2023 y 2024, resultado de “los últimos 17 años”, subraya Bur, en los que ha sufrido “una infrafinanciación del sistema público de universidades que ha llevado ya a una situación actual que nos compromete mucho”. Un ejemplo del propio decano:  “Tenemos un patrimonio en la Universidad Computense que en gran parte es histórico, que precisa de mucho dinero y de mucha atención para poder mantenerlo adecuadamente”, pero “la falta de financiación año tras año ha llevado a que actualmente no podemos garantizarlo. Nosotros necesitaríamos unos 500 millones simplemente para infraestructuras y solamente se destinan 2 millones”.

En el texto que remitió el gabinete del Rector, Joaquín Goyache, a toda la universidad y que han suscrito la totalidad de los decanos, urgen a la Comunidad de Madrid a “elaborar un plan realista de financiación plurianual” para garantizar una de las funciones más improtantes que destacan de la universidad pública, “que cualquier estudiante pueda acceder a la universidad independientemente de su situación socioeconómica”. “Convierte el mérito y el esfuerzo, y no los recursos económicos, en el verdadero criterio de acceso y progreso. El modelo actual de financiación resulta claramente insuficiente para ello”, añaden. Tras la concentración, cuatro de los decanos se han reunido con Mercedes Zarzalejo, la nueva viceconsejera madrileña de Universidades, aunque habían solicitado hablar con la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Consejero de Educación.

Antes de que se confirmara que la Comunidad Madrid otorgaría el préstamo a la Complutense, la fragilidad de su situación económica y la incertidumbre eran tales que el rector tuvo que mandar un correo a los trabajadores del centro para asegurarles que el pago de las nóminas no corría peligro. Ante la pregunta de si siguen temiendo por sus sueldos, el decano de Matemáticas no es tan contundente lo fue el rector: “Esperemos que en los próximos meses no, ya veremos el año que viene cómo se presenta el año, porque indudablemente la subida anunciada no permite garantizar que vayamos a cambiar mucho de situación”.

Lo que sí está claro es el “indudable” miedo a que la Complutense sea cada vez menos competitiva frente a otras Comunidades: “Cada vez se nos va dejando mucho más relegados y estamos teniendo problemas tanto a nivel de profesorado como de la calidad de enseñanza que podemos impartir”, lamenta Bur.

Denuncian la “mercantilización del conocimiento”

Más allá de los presupuestos, los decanos han calificado de “preocupante” el Anteproyecto de Ley de enseñanzas superiores, universidades y ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), que consideran que “favorece un modelo que reduce el compromiso público con la educación superior, mercantiliza el conocimiento y amenaza la equidad en el acceso”. Según el borrador elaborado por la Consejería de Educación, el Gobierno de Ayuso pretende fijar por ley que su aportación a la financiación de las universidades públicas de la región no supere el 70% del total en el mejor de los casos. El resto lo tendrán que buscar de fuentes privadas.

También introduce una figura de control de las cuentas de los campus públicos que de facto sustituye al rector y al gerente como máximos responsables económicos de los centros. Las encargadas de dirigir los presupuestos de los centros serán tres personas: una de ellas nombrada por la universidad, y las otras dos por los Consejos Sociales de las universidades. 

La crítica a este modelo viene de que esos Consejos Sociales han sido colonizados durante los dos últimos años por hombres afines al PP, excargos del partido, universidades privadas y grandes empresarios. Ocurre porque es el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quien los nombra: Francisco Marhuenda, director de La Razón, Carlos Mayor Oreja, ex miembro de los gobiernos autonómicos del PP y director de la Fundación privada San Pablo-CEU, o, en el caso de la Complutense, Jesús Nuño de la Rosa, ex consejero delegado de El Corte Inglés y consejero delegado de Air Europa, son algunos de los nombres que han elegido para determinar quién controla las cuentas.

Para la redacción de esta ley, “no se ha atendido a ninguna de las peticiones de las universidades, de los rectores, no se ha consultado a facultades, a departamentos, no se ha hecho un diálogo colectivo”, denuncia Antonio Bur, que junto a sus compañeros de todas las facultades, reclama que se tenga en cuenta la voz de “los que conocen la universidad y los problemas realmente bien”.