Un médico forense visita a Jordi Pujol para que la Audiencia Nacional decida si debe viajar a Madrid por el juicio

Un médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC) ha realizado una exploración médica al expresident de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años, para determinar si puede someterse al juicio sobre el origen de su fortuna que tiene previsto su inicio el próximo 24 de noviembre en la sede del tribunal especial en San Fernando de Henares (Madrid).

La defensa del expresident, que ejerce el penalista Cristóbal Martell, ha aportado los informes médicos para que el tribunal decida si ve apto a Pujol para afrontar el proceso. No se trata de pedir directamente que quede exento del juicio por su edad o condición cognitiva, sino que sea el tribunal el que valore su capacidad para ser juzgado y defenderse con todas las garantías.

Lo que sí ha solicitado la defensa es que el expresident no tenga que acudir presencialmente al juicio en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), sino que pueda seguirlo de forma telemática desde Barcelona. La exploración médico forense se ha realizado en el domicilio del expresident en Barcelona, y ahora será el tribunal el que tenga la última palabra.

El expresident, de 95 años, sufrió un ictus en 2022. En los últimos actos públicos a los que asistido, como la conmemoración de la Diada de Catalunya el pasado 11 de septiembre, lo ha hecho ayudado de un caminador para andar. No esconde el deterioro que, como es habitual en las personas de avanzada edad, sufre su salud.

La Audiencia Nacional juzgará a Pujol y a sus siete hijos del 24 de noviembre de 2025 y el mes de mayo del año que viene por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, diez años después de que se abriera esta causa.

La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias. Por el contrario, la Abogacía del Estado no acusa al expresident, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.