Un proceso con daños deliberados y colaterales

En lo único que estamos de acuerdo cuantos hemos contemplado el espectáculo del fiscal general del Estado español sentado en el banquillo de los acusados es en calificarlo de un hecho insólito, sin precedentes, porque lo es. A partir de ahí hay otra coincidencia algo menos extendida: que ha sido obsceno. En este caso, vista esa “obscenidad” desde perspectivas opuestas. La derecha –sobre todo la más corrupta– tiene una fuerte tendencia a creer lo que quiere creer, o hacer creer a otros lo que quiere que crean. Y en su condena de antemano, cualquier fisura la ven intolerable.

Volviendo a lo inaudito de este juicio, seis destacados magistrados y fiscales de Alemania, Portugal, Francia e Italia han manifestado públicamente su inquietud por el proceso judicial que enfrenta el fiscal general del Estado español, como ya comentamos. Temen que se puedan estar cruzando intereses particulares, que sean procesos “oportunistas” disciplinarios, tendentes a “judicializar el enfrentamiento político y partidista”. Y citan el caso, insólito de nuevo, de no creer a periodistas que se amparan en el secreto profesional para no citar sus fuentes. Por supuesto, juristas de prestigio españoles también se han ido manifestando en sentido similar.

No es entendible, en absoluto, ni el origen siquiera de la serie de anomalías que se han producido. No se comprende que un acusado de graves delitos fiscales y de falsedad documental haya sentado en el banquillo a todo un fiscal general porque decidió que había dejado al descubierto el secreto de sus infracciones y debía pagar por ello. Tras la exclusiva de elDiario.es, quien más ayudó a difundirlo fue el jefe de gabinete de Ayuso al mandar a los medios de su confianza un bulo para intentar culpar al Gobierno de haber evitado el pacto de conformidad. Un cargo público en esos menesteres, sin que haya tenido la menor repercusión. Miguel Ángel Rodríguez ha dicho en el juicio, con todo desparpajo, que se lo inventó, pero eso hasta ahora no cuenta, al parecer.

El tratamiento de este caso ha sido casi como el de un magnicidio, con una desproporción brutal por el contenido de fondo y por toda la parafernalia que hemos visto. Ay, lo que hemos visto, ese es el problema. ¿Qué ha pasado en España o qué no ha pasado para tener esta justicia, algunos tribunales que deslizan comentarios inasumibles como el famoso “no nos amenace con que lo sabe”, estas acusaciones particulares de alto rango con esa “calidad” en sus argumentaciones? ¿Esto es lo mejor que hay? Esto lo hemos visto todos, fuera de nuestras fronteras también, qué vergüenza.

Todos los días debe haber quien se invente trucos para no pagar los impuestos a los que está obligado. Hay que reconocer que González Amador lo hizo tan a lo grande, con tal torpeza, que era lógico que se detectara. Pero pleno de soberbia, como su pareja la reina del ayusato, pensó que tenía el derecho de llevar a juicio a la tercera autoridad del Estado y a que sea condenado y poco menos que lapidado en la plaza pública y en ello insisten él, su abogado, las acusaciones particulares y los medios al servicio del PP de Madrid imbuidos de sus estrategias para tumbar al Gobierno.

La prensa adicta ha bajado el tono hoy, no deben ver tan clara ya la operación, aunque cualquiera sabe en este país. Pruebas no existe ninguna de la culpabilidad de García Ortiz. Solo suposiciones, demasiado contaminadas por cierto.

Porque, ¿qué pasa con la UCO? Sigo perpleja de que no se haya pedido invalidar su informe cuando contenía una flagrante manipulación destinada a apuntalar su tesis de culpabilidad para García Ortiz. Convirtieron un “te necesitamos a tope” por un problema de salud de una fiscal, oftalmológico, en una especie de promesa de intercambio de favores si implicaba a García Ortiz. Suprimieron parte de esta conversación: todo cuanto tenía que ver con la salud de Pilar Rodríguez. Es tremendo.

Y no es la única anomalía: Álvaro García Ortiz fue el único investigado. Lo confirmó la UCO y, a tal nivel, que invadieron la Fiscalía General del Estado para llevarse las comunicaciones de secretos que pueden afectar hasta a la seguridad de personas e instituciones. Y, probablemente, del curso de una serie de procesos delictivos. Y aún andan, sobre todo las bandadas agresivas del PP político y mediático, quejándose de que el fiscal borrara sus móviles. Por cierto, ellos son los que machacaron 32 veces los discos duros del tesorero Bárcenas con las pruebas de las corrupciones del PP. Y se diría que con promesas cumplidas porque ya está en la calle cuando su condena fue de 33 años –Luis sé fuerte–.

Flota en todo esto un hedor a podrido que abochorna. Buscando, sin pruebas, la condena del fiscal general del Estado, se han derivado daños también para el periodismo y para la imagen de la justicia. Para un cuerpo de seguridad como la UCO. La sociedad crispada y confundida por los gritos y trampas de las gradas políticas tampoco se ha librado. El caso se está viviendo como un partido de fútbol, a ver quién gana, echando por tierra a altas instituciones del Estado, sin el menor reparo. Con las gradas rugiendo y viendo lo que quieren ver o, insisto, lo que quieren que se vea. Pero lo que se juega tiene consecuencias: una condena a cárcel de un inocente, el triunfo de quienes no juegan limpio.

Hemos asistido a procesos, sentencias, indagaciones que chirriaban, pero ha sido abrir la puerta a todo este desatino para verlo con mayor precisión. Alguien debería hacer un serio examen de conciencia. Tanto en los hechos en sí como en todo ese apasionado entorno de expertos y no expertos, de odiadores, que han denigrado al fiscal general del Estado sin pruebas ni indicios claros -insistamos-, han insultado gravemente al periodismo a niveles de daño social, todo para satisfacer la denuncia de un tipo que se enriqueció obscenamente con las mascarillas e intentó, según la investigación de la Agencia Tributaria, defraudar a lo grande a Hacienda para no pagar los impuestos correspondientes como todo el mundo. Un individuo que busca venganza, indignado no por lo que haya hecho, sino porque se sepa. Un ciudadano particular decía su pareja Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid por el PP.  

Y aún falta el cierre, la sentencia.