La ministra de Sanidad llevará a los tribunales a la Comunidad de Madrid por negarse a presentar el registro de objetores al aborto que establece la ley

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que va a iniciar un proceso contencioso adminisatrativo contra la Comunidad de Madrid, después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se haya negado a hacer un registro de los médicos que, por objeción de conciencia, se niegan a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. “Vamos a acudir a los tribunales, claro. Es que es nuestra obligación”, ha dicho esta mañana a los medios de comunicación.

“Es nuestra obligación, como Gobierno de España, que la ley se cumpla”, ha insistido la ministra, que ha expresado que la decisión de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid es una “rebelión contra el ministerio, contra el Gobierno y contra los derechos de las mujeres”, pero también contra los propios profesionales que quieren ser objetores.

Ayuso ha abierto durante estos últimos meses un nuevo frente contra el Gobierno central. La ley del aborto obliga a todas las regiones españolas a crear un listado de los doctores objetores de conciencia, pero ni Madrid, ni Balears ni Aragón lo han completado de momento. El Gobierno central avisó hace unas semanas a estas comunidades por segunda vez y les concedió un mes extra de plazo para publicar el registro. Pero el tiempo se ha acabado este fin de semana y, mientras las dos últimas comunidades han demandado más tiempo para poder elaborar los documentos, el gobierno madrileño se ha instaurado en la oposición a la ley.

“En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos”, dijo este viernes la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. “Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario”.

La ministra de Sanidad ha insistido en que esta decisión no solo desprotege a las mujeres, sino también a los médicos y médicas objetores de conciencia. “Aun siendo objetor de conciencia”, ha explicado García esta mañana, “si tú no lo has manifestado activa e individualmente tu objeción, alguien te puede obligar a hacerlo”. La titular del ministerio se ha referido así a la necesidad de que los nombres de los doctores que no quieren practicar interrupciones del embarazo estén recogidos en una lista para poder salvaguardar su derecho en un caso de urgencia. “Ayuso está desprotegiendo a las mujeres, pero sobre todo está desprotegiendo a los objetores de conciencia”, ha reiterado la ministra.

El Consejo Interterritorial de Salud aprobó el pasado diciembre un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico que salió adelante por unanimidad, según indicaron fuentes del Ministerio de Sanidad a elDiario.es. Matute no puso entonces ningún inconveniente.