La palabra que bloquea la batalla de la financiación: Montero, ERC y el Govern chocan por la ordinalidad

De esgrimirlo como bandera a esconderlo para que no estorbe. Si hace tres semanas el Govern de la Generalitat proclamaba que la ordinalidad debía ser una cuestión “fundamental” en el nuevo pacto de financiación con el Gobierno, el pasado martes la consellera portavoz, Sílvia Paneque, consiguió esquivar esta palabra durante las cerca de dos horas que duró la rueda de prensa semanal.

Las conversaciones con el Ministerio de Hacienda avanzan y, según coinciden tanto en el Ejecutivo catalán como en ERC, el acuerdo final comienza a atisbarse, aunque no será inminente. No llegará, seguro, para el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo lunes y podría hacerse esperar aún unos meses. Pero la ordinalidad, bien sea como palabra tabú o bien como principio de difícil encaje, emerge como uno de los escollos más duros en la recta final de la negociación.

La batalla por la nueva financiación de las autonomías se libra en escenarios diversos. Uno es el pulso, hasta ahora pospuesto, entre el Ministerio de María Jesús Montero y las comunidades del PP, que tuvo su antecedente en la negativa de la mayoría de ellas a la condonación de parte de la deuda autonómica. Este lunes volverá a constarse que las autonomías gobernadas por la derecha son una pared ante las pretensiones de Montero.

El otro escenario es más fácil de encauzar aunque también enrevesado, porque deberán hacerse muchos equilibrios entre Hacienda, el Govern y ERC para presentar un modelo que pueda encajarse, ni que sea de forma aproximada, dentro del ambicioso pacto que socialistas y republicanos firmaron a cambio de la investidura de Salvador Illa.

Consenso catalán en torno a la ordinalidad

La “financiación singular” de la Generalitat era el gran reclamo de ERC, que durante la legislatura que presidió el Govern fue cambiando huevos del cesto del referéndum acordado al de la mejora de los recursos para Catalunya. Sin embargo, esa “singularidad” ha acabado diluyéndose por la condición, aceptada por los de Oriol Junqueras, de que cualquier esquema que se aplique para Catalunya debe poder ser generalizable para el resto de comunidades de régimen común.

Fue así como socialistas y republicanos forjaron un consenso en torno a un concepto menos ambicioso que el concierto fiscal con el que soñaban los independentistas, pero también más fácil de contener en el actual marco legal: la ordinalidad. En octubre pasado el Parlament certificó que este es un principio capaz de poner de acuerdo a una mayoría de las fuerzas catalanas.

La ordinalidad consiste en que, a la hora de repartir, las comunidades autónomas queden en la misma posición de la que parten a la hora de recaudar, es decir, que no puedan recibir una financiación por habitante menor que otra comunidad en la que se recauda menos de media.

El problema que Catalunya ha tenido, igual que comunidades como Illes Balears o Madrid, es que, con los datos de 2021, ha recibido una financiación por habitante más baja que otras 11 autonomías, pese a ser la tercera en aportar por habitante. Por eso la demanda de la ordinalidad va más allá de Catalunya y suma, por ejemplo, a la presidenta balear, Magda Prohens, una voz del PP que reclama que su comunidad no pierda hasta siete posiciones entre lo que recauda y lo que recibe.

Históricamente, la demanda de una financiación que atienda al principio de ordinalidad no ha entendido de colores políticos sino de territorios. En Catalunya, Balears y Comunitat Valenciana es una idea que han defendido políticos de todo el espectro. El Gobierno de Ximo Puig llegó a remitir en 2015 una propuesta valenciana para la reforma de la financiación que, entre otras cosas, introducía el principio.

“Catalunya y Balears pueden poner sentido común sobre la mesa”, aseguró este viernes el president Salvador Illa, que reclamó un debate en el Consejo guiado por el “rigor y la mirada larga” y que dejé atrás los reproches. Precisamente durante una visita a Palma, Illa remarcó que percibe “un amplio consenso en que el modelo actual está caducado y no responde a las necesidades reales”.

Defender el principio o la palabra

El concepto de ordinalidad es de consenso en Catalunya pero, sobre todo enunciado con este nombre, genera muchos recelos en el Ministerio de Hacienda. Más aún de cara a la campaña de la ministra Montero como candidata a la presidencia andaluza. Andalucía es, curiosamente, la única comunidad que según los datos de 2021 ni gana ni pierde puestos en el reparto: es la decimotercera a la hora de recaudar y la decimotercera en financiación por habitante.

En julio pasado, la ordinalidad ya fue el punto central de la discusión entre el Gobierno y el Govern, que acabaron cerrando un acuerdo bilateral en el que la palabra aparecía en el preámbulo pero no en la parte dispositiva. Un truco que funcionó para contentar a ambas partes. El Govern ha exhibido esta semana otra maña: utilizar la definición pero no la palabra. Así pues, Sílvia Paneque reclamó un acuerdo que diera a Catalunya unos ingresos “adecuados al esfuerzo que hace en términos económicos y de generación de riqueza”, pero evitó pronunciar el término proscrito.

“Nosotros defendemos el concepto, porque es lo que garantiza unos ingresos suficientes [para Catalunya] no solo el primer año, sino todos los años y sea cual sea la situación económica. Pero si no le quieren llamar ordinalidad y prefieren decir posicionamiento, la discusión no será sobre la palabra”, explican fuentes de ERC.

Los republicanos indican además que ellos no han renunciado a introducir “elementos de singularidad” en el modelo. Apuntan en concreto al IVA de las pymes como elemento a tener en cuenta, ya que Catalunya es la comunidad que saldría más beneficiada si, para calcular los ingresos, se computasen las empresas en el lugar donde tienen la sede fiscal, tal como defienden la propia ERC y también el Govern.

Después de que hace unas semanas los republicanos tensasen al máximo la cuerda de la negociación con Montero, fuentes de la formación aseguran que el momento de bloqueo ha pasado y que ahora trabajan a buen ritmo con Hacienda. En ERC entienden que el Consejo de Política Fiscal responde a la urgencia de la vicepresidenta por cerrar el reparto de déficit entre las comunidades y la administración central, imprescindible de cara a presentar unos presupuestos, por lo que quitan importancia a lo que pueda salir de ese foro sobre la financiación autonómica.

La propia Montero confirmaba este viernes que su intención es llevar el próximo martes al Consejo de Ministros la senda de estabilidad y el techo de gasto. La titular de Hacienda ha recordado que el lunes se celebra la reunión con las autonomías y la Comisión Nacional de Administración Local, ambos órganos preceptivos y el primer paso para abrir el trámite presupuestario.

En el partido de Oriol Junqueras creen que Montero tiene mucho interés en que las cifras del primer año tras la reforma supongan una clara mejora para todas las comunidades autónomas. Lo que preocupa es que eso pueda maquillar una propuesta de modelo que, en la práctica, supondría pocos cambios respecto al actual, lo que no garantizaría que la mejora de la financiación se mantenga ante una eventual una crisis económica. Si este acaba siendo el esquema, aseguran los republicanos, el acuerdo peligraría.