El Gobierno mantiene el déficit del 0,1% para las comunidades autónomas y les permitirá gastar 5.500 millones más
Hacienda da más manga ancha a las comunidades y podrán incurrir en unos números rojos de 1.700 millones cada año, con la Administración central asumiendo el mayor ajuste
El Gobierno calibra cuándo presentar los Presupuestos incluso sin apoyos
El Gobierno ha decidido mantener la flexibilidad para las Comunidades Autónomas y permitirá que los Ejecutivos regionales incurran en un déficit del 0,1% del producto interior bruto (PIB) en los próximos tres ejercicios, de acuerdo con la senda de estabilidad que propondrá la vicepresidenta María Jesús Montero durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este martes.
Según fuentes conocedoras, las comunidades contarán con un margen fiscal de 5.485 millones en el próximo trienio, frente al equilibrio presupuestario con el que tendrán que elaborar sus Cuentas públicas en el caso de que no salga adelante.
El Ministerio de Hacienda ya ofreció esta flexibilidad en la senda de estabilidad que presentó el año pasado y que fue rechazada en el Congreso de los Diputados. En la senda que se aprobó en 2024, pero que tampoco fue refrendada por las Cortes, las comunidades autónomas tenían que cerrar el ejercicio 2026 con un superávit del 0,2%, lo que suponía unos ahorros cada año de 3.400 millones.
Con la senda de estabilidad, el Gobierno da el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos, ya que la presentación de este lunes es preceptiva, como paso previo a que el Consejo de Ministros apruebe el techo de gasto y los objetivos de déficit. Estos últimos han de ser aprobados por las Cortes, no así el tope de gasto no financiero.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fue reformada el año pasado, establece que el Gobierno tiene que aprobar esta senda y ha de ser avalada por el Congreso y el Senado. En el caso de que esta cámara los rechace, los diputados pueden levantar el veto.
Si la senda es rechazada, Hacienda tiene un mes de plazo para presentar otra nueva en el Consejo de Ministros y enviarla al Congreso. Pero si recibe la negativa de las Cortes de nuevo, se crea una especie de limbo legal en el que el Gobierno asegura que las comunidades deberán tender al equilibrio presupuestario.
