El PP contiene la respiración ante el ascenso de Vox en Murcia y baraja prorrogar los presupuestos hasta 2027

El PP de la Región de Murcia afronta el último año y medio de legislatura con un Ejecutivo en minoría parlamentaria y bloqueado por Vox que descarta el adelanto electoral, pero que comienza a asumir que llegará a las elecciones autonómicas de 2027 sin sacar adelante unos nuevos presupuestos.

“Este trabajo se ha culminado gracias a nosotros. Ahora esperamos que los presupuestos de 2026 se aprueben en tiempo y forma”. El pasado 23 de julio, el día en que PP y Vox aprobaron las cuentas regionales de 2025 después de que los populares acataran, una a una, todas las exigencias racistas y reaccionarias de la ultraderecha, el líder de los de Santiago Abascal en la comunidad, José Ángel Antelo, le recordó con esta frase al presidente autonómico, Fernando López Miras, que las negociaciones entre ambos estaban lejos de concluir. Lo hizo con la confianza de quien sabe que dicta las políticas de un gobierno sin necesidad de formar parte de él.

Vox estaba en aquel momento en la cúspide de su poder político en Murcia. El PP, que buscaba a toda costa sacar adelante las cuentas y darle un balón de oxígeno a su mandato, tuvo que pagar un precio demasiado alto.

Los 21 diputados populares habían dicho ‘sí’, entre otras cosas, a cerrar un centro de acogida humanitaria donde residían 47 menores; a dejar sin subvenciones públicas a sindicatos; a poner bajo sospecha a migrantes que aún no han cumplido los 18 años haciéndoles pruebas médicas; a crear un comité para favorecer la “reagrupación familiar” de migrantes en sus países de origen; a eliminar el programa de lengua árabe de los centros escolares de la comunidad y a reformar la ley de protección del Mar Menor situando el foco en las aguas residuales y no en la industria agrícola.

Transcurridos ahora cuatro meses, el partido de López Miras observa inmóvil cómo Vox cobra protagonismo, primero, en el panorama nacional, con las negociaciones para investir nuevo president de la Generalitat Valenciana; y segundo, en la propia Región, tras colocarse como segunda fuerza política en el último barómetro del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP).

La fórmula que el PP critica en Madrid

Aquellas palabras de Antelo se aparecen ante la bancada del PP como una mala premonición, con los presupuestos de 2026 y la viabilidad de lo que resta de mandato en el aire. En las filas populares barajan dos escenarios tangibles. Tal vez el menos dañino para sus intereses sería el de agotar la legislatura con los presupuestos del 2025 prorrogados. Algo que ya admitió su portavoz, Joaquín Segado, que podía suceder. “Las cuentas podrían estar vigentes lo que resta de legislatura, pues es un texto que se hizo con esa ambición”, dijo hace solo dos semanas. “No sería una tragedia”, reconoció después el consejero de Economía Luis Alberto Marín. Cada vez más miembros del partido se hacen a la idea de que así será.

Se trata de una opción que aplicaría en la Región la misma fórmula, la de la prórroga, que López Miras y su elenco llevan criticando al Ejecutivo central durante meses. “No somos Pedro Sánchez, que no ha sido capaz de presentar ni un solo proyecto de presupuestos”, reiteran a este diario fuentes del PP. Esta alternativa supondría gobernar con recursos congelados y sin margen de maniobra en una comunidad con preocupantes problemas económicos y con escasez de servicios públicos.

Economía presentará las cuentas

Hasta este año, los sucesivos gobiernos populares de la Región habían aprobado siempre los presupuestos antes de las navidades. En este mes de noviembre, fecha en que solían presentar el techo de gasto en la Cámara, el Ejecutivo trabaja, aseguran fuentes de la Consejería de Economía, en adaptar las partidas del año 2025 para ejecutarlas “lo más ágilmente posible”. 

Aunque en Economía admiten que las cuentas de 2026 se van a presentar, sobre todo para resaltar esa diferencia que les separa de Sánchez —“somos un Gobierno serio y responsable que trabaja para aprobar un proyecto para la sanidad, educación y políticas sociales”, explican—, la Consejería apunta ya a un previsible fracaso. “Si la pinza de Vox-PSOE lo bloquease, los grandes perjudicados serán los propios ciudadanos”, auguran. ¿Sería viable para los populares un sonado rechazo parlamentario a los presupuestos a solo un año de las elecciones?

Mal compañero de baile

Frente a esta opción, el PP tiene ante sí el otro escenario, ya conocido por todos, aunque cada vez más arriesgado: someterse a otras negociaciones con Vox, que convierte cada reunión con los populares en un cuerpo a cuerpo de exigencias extremistas que pretenden ir arañándoles votos. Una nueva ronda de conversaciones con la ultraderecha es algo que, ahora mismo, está lejos de suceder.

El PP ha entrado, de la mano de sus propios pactos anteriores —no solo el de los presupuestos de 2025, sino el de Gobierno de 2023—, en un callejón de bloqueo que, de tener una mínima salida, será, sí o sí, a través de los ultras. Si se materializaran esas conversaciones en un nuevo acuerdo presupuestario, los populares acabarían asumiendo de nuevo un sinfín de consignas xenófobas, antiecológicas y negacionistas, pero esta vez en pleno año clave de la carrera que planea Alberto Núñez Feijóo para llegar a la Moncloa. 

El distanciamiento progresivo entre populares y ultraderechistas es evidente en la forma en que los diputados del PP encaran las situaciones parlamentarias del recién estrenado curso político: más serios, sin complicidades ni saludos previos con nadie de la formación de Abascal. Joaquín Segado calificó el pasado miércoles la propuesta de Vox de cerrar todos los centros de menores de “indigna, populista e ilegal”. Nunca hasta ese momento había sido tan duro.

Apenas unas pocas semanas atrás, el mismo Segado se daba la mano con el portavoz adjunto ultra Rubén Martínez Alpañez e intercambiaba sonrisas con él mientras ambos firmaban cerrar el centro de menores de Santa Cruz. Incluso las fuentes del PP consultadas evitan ahora referirse directamente a Vox. “Contactaremos, como hemos hecho siempre, con todos los grupos parlamentarios de la Asamblea para intentar que haya presupuestos”, recalcan.

La ultraderecha, por su parte, tiene la sensación de que le quita votos a la formación popular haga lo que haga, de que éstos se retratan con la simple presión de las mociones y los debates en el Hemiciclo. En Murcia, la sombra de un adelanto electoral del PP al estilo de Extremadura ante la incapacidad de aprobar las cuentas está, señalan en San Esteban, “totalmente descartada”. 

“Tenemos la absoluta convicción de que Vox será la primera fuerza en la Región”, dijo confiado el propio Martínez Alpañez el pasado 2 de octubre, tras conocer que el último barómetro del CEMOP daba a la extrema derecha 13 diputados en detrimento del PP, con 18, a un mundo de la mayoría absoluta de 23. Nadie en la formación popular quiere batirse en duelo antes de lo previsto con un partido ultra que gana terreno con demasiada velocidad.

Primero, cumplir el acuerdo de 2025

Fuentes de Vox en Murcia se muestran desconfiadas con López Miras y reiteran que, si el PP pretende tener una mínima posibilidad de negociar las cuentas de 2026 con ellos, primero tienen que “cumplir por completo el pacto de presupuestos anterior y poner en marcha todos los puntos”. “Y todo significa todo”, recalcan.

Lo que le queda por implementar al partido conservador del acuerdo de julio es la reforma de la ley del Mar Menor, que se comprometieron a llevarla a cabo “antes de octubre de 2025” y ya va tarde; la ampliación del tranvía de la ciudad de Murcia; la modificación de la ley de Suelo; la eliminación de cualquier tipo de subvenciones a ONG que “colaboran con la inmigración”; la activación de los 5,5 millones del Acuerdo Marco del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento; y el rechazo al “reparto arbitrario de inmigrantes ilegales llegados a otras regiones de España”.

Una comunidad “infrafinanciada”

Más allá de la dimensión política y de los dos escenarios entre los que transita el PP, la realidad de las calles murcianas no pasa por alto para nadie. El propio consejero de Economía, Luis Alberto Marín, puso de manifiesto en una entrevista en la cadena Ser el pasado octubre la “infrafinanciación crónica que sufre la Región”, que recibe “1.670 millones de euros menos que la comunidad mejor financiada” del país. Una prórroga presupuestaria supondría retrasar mejoras en sanidad, educación, infraestructuras y servicios sociales, en una autonomía que cuenta con un tercio de las camas hospitalarias derivadas a la privada, que está a la cola de ayudas a la dependencia y que encabeza las listas nacionales de pobreza.

Haya finalmente presupuestos o no, la jugada política es complicada para los populares: si no logran aprobarlos, el desgaste de gobernar en minoría erosionará, como hasta ahora, su capacidad de atraer votantes. Si finalmente los sacan adelante, serán de nuevo la cara visible de exhaustivas jornadas de negociaciones con la extrema derecha. La Administración murciana ya visualiza que tendrá, con la prórroga, un final de legislatura al estilo que tanto han criticado en Madrid. El PP se sabe rehén de quien hasta hace poco fue su socio.