Vitoria acoge un juicio pionero en Europa contra ultracatólicos por «coacciones» delante de una clínica de abortos

Un juzgado de Vitoria enjuicia desde este lunes a 21 activistas antiabortistas que en septiembre, octubre y noviembre de 2022, como adelantó este periódico, hostigaron a las mujeres que acudían a ejercer un derecho reconocido por ley a una clínica del centro de la capital vasca, Askabide, y a los profesionales del centro sanitario privado. Los responsables de Askabide explicaron que venían sufriendo presiones de ultracatólicos “desde 2014”, también en sus centros de otras ciudades como Donostia, pero el factor diferencial es que ese 2022 pudieron denunciarlo merced a un cambio legislativo que penalizaba este tipo de actuaciones en España. Lograron también órdenes de alejamiento cautelares.

Es la primera vez que estas prácticas contrarias al derecho al aborto llegan a juicio en Euskadi, en España e incluso en Europa. En Askabide sienten que pueden sentar un precedente de gran alcance. La Fiscalía solicita que los imputados sean considerados responsables de un delito de “coacciones” y plantean penas para cada un de ellos de cinco meses de prisión -que no serían de cumplimiento efectivo- o una alternativa en forma de cien días de trabajos para la comunidad. Se demanda, asimismo, la firmeza de la orden de alejamiento de Askabide durante tres años.

Por limitaciones de espacio, este periódico no ha podido asistir al juicio, que es una audiencia pública. La magistrada Beatriz Eva Román Gobernado, titular de la sala de lo Penal 1 de Vitoria, limitó los espacios y solamente se ha invitado a cinco medios de comunicación, las agencias Efe y Europa Press, las corporaciones EiTB y RTVE y el diario ‘El Correo’. Desde el ‘caso De Miguel’, la mayor trama de corrupción enjuiciada en Euskadi, el palacio de justicia de Vitoria dispone de instalaciones más amplias para casos de este tipo.

“No se juzga la fe de nadie. Se juzga una forma de coacción”, avisaba la abogada de Askabide, Bea Ilardia, antes de las vistas, que se prolongarán hasta este jueves. Igor Elberdin, director de la clínica de Vitoria, ha añadido en su declaración que se escudaban en las oraciones para decir “barbaridades”. Ha referido también que el atosigamiento era continuado y que algunas pacientes presentaron cuadros de “ansiedad”. Una usuaria y una trabajadora han avalado esta tesis. Por el contrario, siempre según las versiones de los medios de comunicación presentes, agentes policiales han subrayado que las protestas eran “pacíficas”. También un letrado defensor de los antiabortistas ha sostenido que todo se encuadra en la libertad de expresión.

Las presiones frente a Askabide fueron organizadas por la plataforma ’40 días por la vida’, cuyo lema es “el principio del fin del aborto”. En su página web, donde informan de sus campañas, en las que se desplazan personas de otros lugares a las ciudades donde quieren movilizarse, anuncian que “próximamente”, en “febrero de 2026”, volverán a hacerlo en Vitoria. Ellos siempre han alegado que están ejerciendo su libertad religiosa. En Bilbao, la última ciudad vasca en la que han operado, 212 personas han realizado 173 actos contra el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo“, apuntan.

Apoyo parlamentario

Askabide trasladó estas mismas denuncias al Parlamento Vasco en 2023. Ahora, la mayoría de la Cámara, compuesta por los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y la oposición de izquierdas, EH Bildu y Sumar, ha emitido una declaración compartida en el marco del juicio para defender la libertad de decisión de las mujeres. El texto cita a ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo), que constata que “el 89%” de las usuarias de esos servicios sanitarios “manifestaron haber sufrido algún tipo de acoso”.

“Las mujeres que acuden a una clínica a interrumpir su embarazo pueden encontrarse en una situación de gran vulnerabilidad, tanto por la decisión que afrontan como por la propia dureza del procedimiento. Conscientes de esa vulnerabilidad, estos grupos han llevado a cabo protestas con el objetivo de hacer que las mujeres duden o retrocedan en su decisión. La presión ejercida por estos grupos ultracatólicos, antiabortistas y similares viene produciéndose desde hace varios años; para ello, han organizado acciones frente a las clínicas autorizadas para la interrupción del embarazo con el fin de acosar tanto a las mujeres como a profesionales que trabajan en ellas”, inciden.

“Ante esta situación, consideramos que lo que se juzga no es únicamente el acoso ejercido frente a una clínica. En este juicio se evalúan los mecanismos establecidos para garantizar el derecho de las mujeres a decidir interrumpir su embarazo. Por ello, [queremos] dejar claro [nuestro] apoyo y solidaridad a todas las usuarias y profesionales que trabajan en la Clínica Askabide y, en general, a todas las mujeres que deciden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en clínicas u otros centros sanitarios de Euskal Herria, así como a todas las personas que hacen posible este trabajo. Condenamos firmemente cualquier manifestación o acto de acoso por parte de grupos ultracatólicos, antiabortistas o similares. Dicho esto, queremos informar de que estaremos presentes durante los días del juicio, para mostrar nuestro apoyo a quienes han impulsado este proceso judicial”, agregan PNV, PSE-EE, EH Bildu y Sumar.

Exterior de la clínica Askabide de Vitoria con un cartel feminista, en 2022

Este tipo de centros tienen una gran importancia en la garantía del derecho al aborto porque, hasta este año, Osakidetza ha derivado más del 95% de las solicitudes a clínicas privadas. Ahora, el consejero Alberto Martínez se ha comprometido a ir reduciendo ese porcentaje y a que los hospitales públicos vayan asumiendo estas prestaciones. En el caso de Askabide, que tiene también otros servicios, llegó a poner proclamas feministas en la entrada de su sede en el centro de Vitoria para responder a las protestas.