Carlos Castresana, fiscal: «La Justicia española todavía tiene muchos tics autoritarios»

Carlos Castresana (Madrid, 1957) es uno de los mayores especialistas de España en derechos humanos y derecho penal internacional. Actualmente fiscal en el Tribunal de Cuentas, Castresana publica Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets), un libro en el que, a través de 25 casos históricos y recientes de errores judiciales, realiza un ejercicio inusual en todos los gremios: autocrítica y descripción de los vicios que perviven en un poder del Estado tan necesario como peligroso cuando descarrila.

¿Cómo se llega al error judicial? ¿Es intrínseco a la condición humana?

El proceso penal es una obra humana y, por lo tanto, es susceptible de error. Para que se produzca un error grave que dé lugar a la condena a un inocente, normalmente tiene que haber una cadena de errores. Se puede equivocar el denunciante (incluso con mala intención), la policía al investigar, el juez al instruir, el fiscal al acusar o el tribunal al sentenciar. Incluso si uno de estos eslabones falla, la cadena no tiene por qué romperse del todo. La cadena se rompe cuando el fallo no es corregido o se produce en el último eslabón.

Además de un posible error, usted habla en el libro de las “disfunciones” del proceso penal, a cada cual más peligrosa. 

Las disfunciones son reiteradas y las conocemos. Están la palabra (a veces se estima más de la cuenta a un testimonio y otras lo despreciamos y se tendría que ser más serio); la prueba basada en indicios (el gran jardín donde la mayor parte de los tribunales se pierden, aunque con paciencia y buena intención no es tan difícil valorar los indicios inculpatorios y exculpatorios); o el burladero (alguien que de manera aviesa se sirve del proceso penal para deshacerse de un adversario). 

Pero también están la tortura (que va más allá del maltrato físico al detenido para que confiese y sirve para hablar de todas las maniobras para presionar al inculpado para que colabore con la investigación cuando no tiene que hacerlo, como algunos malos usos de la prisión provisional) y la razón de Estado (no solo el interés del Gobierno en llevarse por delante a alguien, sino la presión de los poderes económicos o los medios de comunicación en los tribunales que termina en catástrofe). El tren de la justicia descarrila a veces, pero no suele ser culpa de una sola persona que deliberadamente o por negligencia comete un error, sino que suele ser un error que después es refrendado una y otra vez.

¿Por qué todavía hoy le cuesta tanto a la Justicia admitir que se equivoca? Pienso en el caso de Ahmed Tommouhi, privado de libertad 15 años por una violación que no cometió.

No me parece que sea un problema general, sino que es muy específico de la jurisdicción española. En otros países que han disfrutado de independencia judicial, Estado de Derecho y transparencia informativa durante más tiempo no hay tantos problemas para admitir los errores judiciales. Nosotros hemos heredado una Justicia de una dictadura, no solo por la cuestión del franquismo.

La Justicia española nunca ha sido transparente, desde los tiempos de Felipe II. Era una Justicia autoritaria que pasa por el filtro de la transición y que debe convertirse de la noche a la mañana, como Cenicienta, en una Justicia democrática. Pero no ocurre. No se ha hecho una reforma integral del Poder Judicial como debería haberse hecho y por eso todavía tenemos una Justicia que tiene muchos tics autoritarios y que es muy refractaria a la transparencia y a la crítica. En España se puede criticar a los entrenadores de fútbol, a los políticos o a los médicos, pero parece que no se puede criticar a los jueces. Pues sí se debe poder.

¿Los elementos de reparación a una víctima inocente, tanto materiales (indemnizaciones exiguas) como simbólicos (nadie le pide perdón) son insuficientes en nuestro país?

Son totalmente insuficientes, tanto en el procedimiento administrativo como en la vía penal, donde el recurso de revisión sigue siendo extraordinariamente restrictivo y es casi un imposible. ¿Si el tribunal condenó sin una demostración palmaria de la culpabilidad, por qué debería haberla para rectificar esa conducta cuando hay una duda razonable o cuando hay una prueba razonable de que fue un error? Esto también forma parte de la tradición de un Poder Judicial refractario a la crítica, al que no le gusta ni que un periodista le diga que lo ha hecho mal ni que otro tribunal le revoque la sentencia porque se equivocó. Parece nombrar un tabú, pero los jueces sí se equivocan, igual que todo el mundo en su ejercicio profesional.

¿Hay todavía, en el carácter de algunos jueces, un exceso de soberbia y autoridad? ¿Les falta humanidad?

Es como si en un partido de fútbol fuese más importante el árbitro que los jugadores, cuando no es así. El juez solamente tiene que mantener un poquito el orden para que no se den más patadas de las aceptables. Cuando se erige al árbitro en protagonista del juego, empiezan todas las patologías y no se le puede criticar o invitar a rectificar lo que ha hecho mal.

Finalmente, se provoca la situación que vivimos en España actualmente: los tribunales viven encerrados en sí mismos y la sociedad no se fía. Esto debería llevar a los titulares del Poder Judicial a reflexionar por qué existe esta desconfianza de los ciudadanos, y a los legisladores a pensar qué parte del sistema no está bien y qué leyes deberíamos modificar para acabar con este divorcio entre la sociedad y lo que, según la Constitución, es un servicio público.

¿Cómo se corrige? ¿Sería necesario cambiar el sistema de acceso a la carrera para que antes de ser juez se tuviera un mínimo de experiencia laboral como abogado?

El sistema de acceso a la carrera, decimonónico por supuesto, habría que cambiarlo para que fuera mucho más fácil ingresar y también mucho más fácil salir. Ahora es demasiado difícil entrar, es un poco endogámico, exige un esfuerzo económico que algunos aspirantes no se pueden permitir y termina siendo elitista. Una vez dentro, sentir que tienes 40 años por delante, prácticamente sin controles y sin muchas responsabilidades, no representa un incentivo para hacer bien el trabajo. Bien o mal, pagarán el sueldo igual… 

Alerta en el libro de que, pese a las sucesivas reformas que lo han “matizado”, el poder de los jueces de instrucción, especialmente en los casos de “relevancia política”, es importante. ¿Por qué? 

Porque no ha habido un consenso entre los grandes partidos para forjar un pacto por la Justicia. Igual que con la Constitución, tendría que haber sido posible negociar una gran reforma de la Justicia. 

¿Que los ciudadanos conozcamos de memoria el nombre y apellido de los jueces que instruyen casos con carga política es una mala señal para la Justicia? 

No es bueno. En general, los jueces deberían ser desconocidos porque su papel no debería ser relevante ni famoso. Desgraciadamente, demasiadas veces en España hay jueces que, si jugasen un partido de fútbol, querrían tirar el penalti en vez de ser el árbitro.

Castresana, durante la entrevista

¿Los tribunales son indolentes con el falso testimonio?

Sí. En demasiadas ocasiones se producen falsos testimonios y no se persiguen. Somos demasiado tolerantes con ello y se producen errores judiciales porque se cree a testigos que dicen que vieron una cosa que no vieron. Deberíamos ser mucho más firmes contra esas conductas.

Dice en el libro que la Justicia penal es muy vulnerable a la corrupción y a la desviación del poder. ¿Todavía hoy? 

Sí. En España no hay un problema de corrupción judicial. Los casos que hay son afortunadamente excepcionales. Lo que sí hay es una desviación de poder, que desgraciadamente es endémica en cuanto al acceso a los cargos más altos. Se tiende a pensar que si se quiere llegar al Tribunal Supremo, no se tienen que afectar determinados intereses y se debe ser complaciente con otros. La promoción dentro de la carrera judicial está bastante mediatizada por la política, el poder económico y los medios de comunicación, y los jueces son sensibles a eso.

¿Ha notado la tentación de ser corrompido en algún caso particular que ha llevado como fiscal?

He llevado casos muy importantes contra personas muy poderosas y casi nunca nadie me ha querido presionar. Los casos los puedo contar con los dedos de una mano y ha sido una presión muy sutil, nadie ha venido con un sobre a ofrecerme dinero.

¿Los puede explicar, aunque solo sean menos de cinco?

No hace falta. Es gente que dice ‘qué necesita para que nos libremos usted y nosotros de este caso’, o que te ofrecen un avión privado porque, dicen, casi ni lo usan. Lo que sí se recibe más es un tipo de presión que te quiere torcer la mano. Es importante señalar que la independencia de los jueces, que también debe ser extensiva a los fiscales, no es un privilegio sino una obligación. Nuestro deber es mantener la independencia frente a esas presiones porque el que tiene el derecho es el justiciable, a quien la Constitución le garantiza que su caso va a ser resuelto por un magistrado independiente e imparcial, que no tomará partido en el caso concreto y que no se dejará torcer el brazo por las presiones que le vengan de fuera (que antes o después le vendrán).

¿Qué papel jugamos en todo esto los medios de comunicación? ¿Hay un excesivo seguimiento de casos mediáticos y morbosos?

En parte, los medios de comunicación están contaminados por la política. Como los políticos no son capaces de resolver, en su ámbito, los problemas, se acaban extrapolando al ámbito judicial o mediático. Hay veces que hasta parece que según qué periódicos son el órgano de prensa de un partido.

La otra parte del problema es la batalla por las audiencias. La competencia es feroz, pero no por influencia del poder político o económico. Es una competición sensacionalista entre los propios medios. El ejemplo más sangrante es el de Dolores Vázquez, condenada de antemano antes de que el juicio empezara tras un linchamiento. La presión mediática sobre el tribunal del jurado fue tal que se la daba ya por condenada sin pruebas, como efectivamente ocurrió. Eso se corrige con mayor sentido de la responsabilidad de los propios medios, que son el puente entre la información que está en los tribunales y los ciudadanos. El periodista es el servidor del derecho a la información, cuyo titular es el ciudadano. En ese traslado de la verdad judicial a la información, el periodista también tiene que observar ciertos principios morales y éticos y tiene que hacer rigurosamente su trabajo.

¿La Justicia sirve para perpetuar al poder más que para controlarlo?

La Justicia, para empezar, es un servicio público. Y es uno de los tres poderes del Estado. Por eso a mí me asombró y hasta me escandalizó ver cómo algunos magistrados se manifestaron con toga, olvidando que son un poder del Estado, para oponerse a una ley que estaba en plena deliberación en el Congreso [la ley de amnistía]. Se actuó políticamente. Hablamos de las presiones que recibe el Poder Judicial de los otros poderes del Estado, que son ciertas, pero las presiones que el Poder Judicial ejerce sobre los otros poderes del Estado son igualmente censurables. En la división de poderes de los estados democráticos, cada uno tiene claramente su función, y el Poder Judicial haría muy bien, en servicio y beneficio de todos, en limitar su actuación a lo que la Constitución dice que tiene que hacer, que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y nada más. No hay que meterse en otros jardines.

Hablando de manifestaciones con toga, ¿existe el lawfare en España?

Claro que existe. Existe en todas partes. La instrumentalización del proceso penal es una herramienta muy poderosa, ya sea por parte de un partido, un Gobierno o un grupo de presión económico. Negarlo es como negar que el sol sale por la mañana. Otra cosa es identificar los casos donde se está produciendo un uso torticero de la institución, y naturalmente corregirlos. Lo malo no es la institución, lo malo es el uso torticero. Es como cuando dicen que hay que derogar la acción popular. No hay que derogarla porque es una buena manera de garantizar la participación de los ciudadanos, lo que hay que corregir son los abusos que se han producido y se siguen produciendo.

Al final del libro realiza varias reflexiones sobre las víctimas de la dictadura y su falta de reconocimiento. ¿Los tribunales en democracia han permitido la impunidad del franquismo?

Sin duda. Los políticos hicieron el pacto de olvido de la transición, que se tradujo en la ley de amnistía del 1977, en la Constitución, y en no mirar hacia atrás. La ley de amnistía del 1977 tiene una parte legítima que procura la reconciliación, algo que era necesario, pero tiene otra parte que comporta la preterición absoluta de los derechos de las víctimas, algo que no se corresponde con las obligaciones internacionales que España para entonces ya había contraído. Ya habíamos ratificado el pacto de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas. Esto lo bendijo el Tribunal Constitucional y luego la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha impedido las investigaciones de los de los crímenes cometidos contra las víctimas de la dictadura.

Pero no nos engañemos. Hay culpa en el Tribunal Supremo y el Constitucional, pero también el conjunto de la sociedad española se ha desembarazado de las víctimas de la dictadura. Hemos preferido mirar hacia delante y dejarlas en la cuneta, literalmente, y olvidarnos de ellas, cuando en realidad ofrecieron su vida y su libertad para traer la democracia de la que disfrutamos. Somos una sociedad amnésica y no por accidente, sino por una decisión voluntaria. Hicimos de la ignorancia virtud y decidimos, en un pacto no escrito, no mirar hacia atrás. Fue como un secreto de familia y como si, como condición de nuestro éxito democrático e ingresar en la Unión Europea, tuviéramos que dejar a las víctimas olvidadas. Tenemos una deuda con ellas.

¿Cómo se puede corregir esta situación y que las víctimas del franquismo que quedan vivas no mueran olvidadas por el Estado?

Estamos a tiempo de realizar una gran comisión de la verdad. Los americanos hicieron una sobre el trato a los americanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial 50 años después. No pierdo la esperanza de que aquí, antes o después, se pueda hacer una comisión de la verdad para reparar a las víctimas y enseñar a nuestros jóvenes su historia, porque la desconocen absolutamente. Hay tantos jóvenes de extrema derecha a los que les parece que la dictadura fue como Disneylandia porque no saben lo que fue.

Philippe Sands, autor que lo menciona en varios tramos de su último libro sobre el caso Pinochet, tiene la tesis de que a España le faltó legitimidad al no haber enjuiciado el franquismo para reclamar la extradición del dictador chileno. ¿Está de acuerdo?

Sí, e incluso voy más allá. Con el general Pinochet hicimos una especie de exorcismo de Franco, porque su extradición tuvo un apoyo de la opinión pública española espectacular, por mucho que nos pudiera suponer problemas políticos o diplomáticos. Como Franco se nos murió en la cama, no quisimos que Pinochet se nos escapara. Es una contradicción absurda que nosotros, que hemos sido incapaces de dar protección jurídica y social y política a nuestras víctimas, vayamos ahora redimiendo a las víctimas de América Latina. Pero así somos. Es un quijotismo pretender enmendarle la plana a los demás con una trastienda tan horrorosamente revuelta como la nuestra.

¿De otros sistemas judiciales del mundo que conoce como experto en derecho internacional, qué copiaría para España?

Traería íntegramente el jurado escabinado del modelo francés [el tribunal lo forman tres magistrados y seis jurados ciudadanos] y el Consejo Superior de la Magistratura Italiana [el equivalente del Consejo General del Poder Judicial español]. Y una ley de enjuiciamiento criminal del siglo XXI y no del XIX, que es la que tenemos ahora, y que cumpla con todos los estándares de la Unión Europea. Estamos peor que los países que se han incorporado más recientemente. En Bulgaria o Rumanía tienen leyes de procedimiento más modernas. No sé si es por desinterés, desconfianza o falta de voluntad política, pero estamos subdesarrollados en materia judicial y tenemos menos de la mitad del promedio de jueces de la UE.

¿Qué le ha parecido el juicio al fiscal general?

No quiero pronunciarme por ser un caso pendiente de sentencia. Además, me parece una obligación moral no hacerlo porque soy todavía un fiscal en el servicio activo.

¿Sea una sentencia absolutoria o condenatoria, que cinco de los siete magistrados que conforman el tribunal ya hubieran acordado hace unos meses que había que investigar al fiscal general no afecta a su apariencia de imparcialidad?

No necesariamente. Depende de qué clase de pronunciamientos hayan hecho, pero admitir a trámite una denuncia no supone entrar al fondo del asunto. En todo caso, tampoco me consta que haya habido recusaciones por este motivo.