Coches, casas y hasta una administración de lotería: el pelotazo del ‘caso mascarillas’ que salpica al PP de Almería

Almería vuelve a ser el epicentro de un terremoto político que sacude al Partido Popular, vinculado a una trama de corrupción política que saltó hace cuatro años: el llamado ‘caso mascarillas’. Este martes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a siete personas en la provincia, entre ellas al presidente y al vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (todos ellos miembros del PP). Las detenciones se enmarcan en la misma causa judicial, que investiga la creación de un entramado para lucrarse ilegalmente mediante la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario contra la covid-19.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, arrancó en 2021 y se centró inicialmente en la adquisición de mascarillas, guantes y monos de protección durante los primeros meses de la pandemia. Entonces, la UCO ya detuvo al que era vicepresidente tercero de la Diputación almeriense, Óscar Liria, considerado como el núcleo de la trama. Según las diligencias, Liria y sus colaboradores –entre ellos su hermano, su tío y su primo, también detenidos– habrían obtenido casi un millón de euros en comisiones, parte de los cuales se destinaron a la compra de inmuebles, vehículos de alta gama y hasta una administración de lotería en Adra, gestionada mediante terceros.

Una escena que retrata la magnitud del fraude ocurrió durante la detención de Liria en su domicilio de Fines en 2021: los investigadores hallaron 26.250 euros en efectivo repartidos entre sobres y prendas de vestir, mientras que su primo y su tío, Rodrigo Sánchez (alcalde de ese municipio), recibieron el alto a bordo de un Mercedes, en cuyo maletero escondían una bolsa de plástico negra que contenía 119.950 euros. En total, aquel día los agentes requisaron 178.895 euros. Liria fue cesado como vicepresidente de la Diputación, expulsado del PP y puesto en libertad provisional 15 días después. Ahora, el PP andaluz también ha decidido “suspender de militancia” a los dirigentes recientemente detenidos, mientras el Comité de Derechos y Garantías del partido investiga los hechos.

Dos BMW comprados a través de empresas pantalla

El germen del caso se remonta a 2021, cuando la UCO inició una investigación en torno a la adjudicación de un contrato urgente de casi dos millones de euros a la empresa Azor Corporate Ibérica a cambio del suministro de mascarillas en uno de los momentos más complicados de la pandemia, en abril de 2020. El origen de la pesquisa se encuentra en unos pinchazos telefónicos relacionados con un caso de narcotráfico en Barcelona, que llevaron a los investigadores hasta la trama de la venta de material sanitario en la Diputación de Almería.

El propietario de Azor Corporate Ibérica –la empresa que suministró el material– era Kilian López, amigo de la infancia de Óscar Liria, que estaba siendo investigado en otra causa centrada en venta de armas y blanqueo de capitales. Una escucha llevó a la UCO a examinar el expediente de ese contrato millonario firmado entre el ente provincial y la empresa de López, que habría sido introducido por el entonces vicepresidente para que su viejo amigo suministrara las mascarillas y ambos se repartieran las comisiones obtenidas, según la investigación.

En la primera fase de la causa, los agentes concluyeron que la presunta trama había obtenido casi un millón de euros en comisiones por intermediar en el suministro de mascarillas: 945.297,61 euros de los 2.036.186,34 que pagó la Diputación Provincial de Almería (en abril de 2020) por la compra de un lote de 500.000 mascarillas FFP-2 (varios de cuyos lotes eran defectuosos), 15.570 monos de protección y 500.000 guantes de nitrilo.

Ello equivale a embolsarse en comisiones el 46,42% del total de la inversión con fondos públicos, canalizadas a través de una empresa (Corpfam Global Investment) de la que Francisco Liria –hermano de Óscar Liria– fue administrador hasta 2018, y en la que Kilian López le sustituyó desde entonces. Con el dinero de las mordidas, el exvicepresidente de la Diputación almeriense compró dos BMW: uno se lo regaló a su novia y otro a su padre. Lo hizo, según la investigación, a través de empresas pantalla con sede en Fines, su localidad natal, a un concesionario administrado por su primo (hijo del alcalde de esa localidad y también detenido por su supuesta vinculación con el caso el mismo día que Liria).

Pero la trama no se limitaba a la compra de material sanitario. Según el auto judicial, los implicados podrían haber cometido cohecho, malversación y blanqueo de capitales, extendiendo sus maniobras a otros contratos públicos adjudicados por administraciones gobernadas por el PP. Entre las empresas beneficiadas también figura Pulconal, dedicada a arreglos de cementerios y parques infantiles, gestionada por el mismo Kilian López, que aparece como adjudicataria de al menos seis contratos menores de la Diputación en 2020.

Nuevo terremoto político

Así, los investigadores han logrado reconstruir un entramado complejo de adjudicaciones irregulares y enriquecimiento ilícito, que constituyen el primer caso sobre la venta de material sanitario durante la pandemia que se abrió en España. Después de aquellas primeras detenciones en 2021, la UCO ha vuelto a poner el foco en la Diputación de Almería, salpicando de nuevo a dirigentes del PP.

Los registros realizados la mañana de este martes incluyeron inmuebles particulares, oficinas públicas y sedes de sociedades mercantiles vinculadas a las actividades supuestamente delictivas. Tras conocerse las nuevas detenciones, el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, afirmó públicamente que desconocía la causa por la que un miembro de su ejecutiva y otros altos cargos del partido habían sido arrestados por la Guardia Civil. Horas más tarde, el PP andaluz comunicó la suspensión cautelar de militancia de los tres dirigentes populares detenidos por posibles contrataciones irregulares.

Este nuevo capítulo del ‘caso mascarillas’ confirma la amplitud de la supuesta trama que se investiga desde hace cuatro años y que habría generado beneficios millonarios mediante contratos públicos sellados por responsables políticos del PP en lo peor de la pandemia. Con las últimas detenciones, la investigación judicial queda abierta y vuelve a poner en el centro del debate a la cúpula del PP en Almería, a la espera de conocer el impacto político que podría derivarse de estas actuaciones en pleno contexto electoral.