La UCO pide al juez del Supremo investigar la adjudicación de Belate a la UTE de Acciona y Servinabar 2000
Según el informe de la Guardia Civil la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, que tenía un 15% de participación en la UTE, cobró 129.167 euros por la obra
Claves de la obra de Belate: adjudicada por 62 millones a Acciona, Osés y Servinabar, la empresa de Alonso y Cerdán
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente incorporar a la causa abierta por la presunta trama del cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública la obra de duplicación del túnel de Belate, que fue adjudicada por el Gobierno de Navarra por 62,8 millones de euros más IVA a la UTE de Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y en la que participaba Santos Cerdán. El nuevo informe elaborado por la Guardia Civil entregado al juez del Supremo sitúa al exsecretario de organización del PSOE como “enlace de Transportes” en reuniones con Acciona para el presunto amaño de obras.
“Si V.E. así lo estimase, la obra de los ‘Túneles de Belate’ podría ser incorporada al conjunto de adjudicaciones objeto de investigación en la presente Causa Especial”, reclaman los agentes de la Guardia Civil en el informe, en el que señalan que Servinabar, que tenía una participación del 15% en la UTE, cobró de esta obra 129.167 euros.
La adjudicación de esta obra fue denunciada por Unión del Pueblo Navarro en septiembre de 2024 a la propia Guardia Civil después de que tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, incluido el interventor, emitiesen sendos votos particulares oponiéndose a la adjudicación alegando indicios de “arbitrariedad” e irregularidades durante el proceso. Hasta ahora, el asunto no estaba siendo objeto de la investigación llevada a cabo por el Supremo, aunque consta que desde el 10 de septiembre de 2024 la Guardia Civil de Navarra trasladó “copia íntegra” a la UCO, incluida “extensa documentación”.
En su informe la UCO recoge una imagen del año 2019 tomada en la sede del entonces Ministerio de Fomento en la que el Estado respaldó la decisión adoptada por el Ejecutivo navarro de duplicar los túneles de la carretera N-121-A, la que une Navarra con Francia a través de Irún, sobre la que pesaba una amenaza de cierre por parte de Europa por incluir la normativa de seguridad. En la reunión participo Santos Cerdán en calidad de diputado por la comunidad foral en el Congreso, según informaron desde el Gobierno foral.
Imagen de la reunión mantenida en 2019 entre representantes del Ministerio de Fomento y del Gobierno de Navarra y a la que acudió Santos Cerdán.
Los agentes de la Guardia Civil destacan entre las presuntas irregularidades denunciadas por UPN que el Gobierno de Navarra mantuviera “con carácter extraordinario” más allá de la edad límite de jubilación al funcionario Jesús Polo, quien ejerció como presidente de la mesa de contratación y que según denunciaron los letrados de la misma emitió sus puntuaciones conociendo las del resto de ingenieros que participaron. Él, en la comisión del Parlamento de Navarra que investiga la derivada foral del ‘Caso Koldo’, negó que votase en último lugar.
También recogen la “falta de fundamentación” en los informes de valoración de los cinco ingenieros que puntuaron las ofertas y que llevaron a los tres letrados a reclamar hasta en cuatro ocasiones que se reescribiese el informe de valoración. Finalmente, los tres se opusieron a la adjudicación de la obra a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar. Apuntaron que el informe de valoración de las siete ofertas presentadas no exponía “las razones que justifican las puntuaciones”, ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”, lo que, según añadieron, podía “generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores”.
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha considerado esta petición de la UCO un “respaldo” a la denuncia interpuesta por el partido regionalista contra la adjudicación y ha vuelto a pedir a la presidenta María Chivite que dimita.
Desde el Gobierno de Navarra siempre han negado que existieran “injerencias políticas” en la mesa de adjudicación. Este pasado jueves, en el debate del Estado de la Comunidad, lo volvió a reiterar Chivite, quien acusó a UPN, PP y Vox de querer “manchar” su nombre y hacerla “caer”.