Una enferma de alzhéimer lleva más de dos años esperando que la explore un neurólogo de la Sanidad pública

Los jóvenes tenían bastantes cosas en común. Aunque habían nacido en el mismo pueblo de Sevilla, se conocieron muy lejos de allí, en la alameda por la que paseaban los novios en la isla a la que ambos habían emigrado unos años antes, siendo apenas unos niños. Había represaliados por el franquismo en las dos familias y el turismo ibicenco les había dado el porvenir que les negaba el latifundio andaluz. Ella limpiaba habitaciones de hotel, él asfaltaba los caminos que llevaban hasta los hoteles. Para que se produjera el flechazo, ella tuvo que escucharle cantar una saeta porque, a primera vista, él le pareció demasiado moderno con sus patillas y sus pantalones de campana. Era una Semana Santa de principios de los setenta.

El 20 de noviembre de 1975, mientras el dictador agonizaba, la pareja salió de la iglesia convertida en matrimonio. Luego vinieron tres hijos –nacidos y criados en Eivissa– y varios nietos, décadas de trabajo, miles de camas hechas, la jubilación. Esta mujer –a la que llamaremos Lucía por deseo de su familia, que quiere preservar su identidad– celebrará mañana sus bodas de oro. No ha olvidado, aún, esa fecha tan importante en su vida, tampoco los cumpleaños de los seres queridos, un sistema de afectos donde esta mujer siempre había sido el eje sobre el que todo giraba. La familia teme que acabe ocurriendo. Lucía, setenta y tres años recién cumplidos, padece pérdidas de memoria desde el verano de 2023. Desde entonces, dicen sus hijos, “lleva esperando” a que la explore un neurólogo de la Sanidad pública:

–Lo que más impotencia nos da es que nuestra madre, que empezó a trabajar con nueve años –recogiendo aceitunas– y que a los doce, ya en Ibiza, entró en un hotel, que a los catorce ya cotizaba, que nunca ha aceptado ponerse enferma –pasó el COVID y ni nos dimos cuenta–, ahora, que realmente necesita una atención especializada, vea que el sistema de salud que su generación ha ayudado a construir con sus impuestos la abandone. A nosotros no nos pilla por sorpresa porque nuestra abuela, la madre de nuestra madre, justamente, ya tuvo alzhéimer, y sabíamos que es hereditario. Por eso, también sabemos que el proceso puede ser muy largo. Y doloroso.

Fuentes del Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera explican, sin embargo, que Lucía es “una paciente atendida”. Así consta en las estadísticas oficiales. La paradoja no puede entenderse sin rebobinar hasta el 8 de marzo de 2022. Aquel día, la socialista Patricia Gómez Picard –de oficio, enfermera y, durante dos legislaturas, consellera de Salut de los gobiernos de centroizquierda que presidió Francina Armengol– firmó un convenio para que los ciudadanos que llevaran más de sesenta días esperando a que los atendiera un especialista del único hospital público de la isla pudieran ser atendidos por un especialista del único hospital privado de la isla. Lo llamaron “plan de choque” e iba a cargo de los presupuestos autonómicos.

El poder de la familia Vilás

El trasiego de pacientes y dinero público durará, como mínimo, hasta 2027. En febrero de 2024, la popular Manuela García Romero –de oficio, médico y, desde 2023, consellera de Salut con el gobierno en minoría que preside Marga Prohens– prorrogó el contrato con el Grupo Policlínica, que podrá embolsarse un máximo de 21 millones de euros. Esta gran empresa –que facturó 19,2 millones de euros en 2020– tiene su origen en la pequeña clínica que fundó el doctor Julián Vilás Ferrer en 1969, justo cuando Eivissa se estaba convirtiendo en un destino turístico conocido en todo el mundo y su población se multiplicaba a velocidad de vértigo por el desembarco de trabajadores como Lucía y su marido, y, pese a su crecimiento, sigue en manos de la misma familia. Los Vilás son una de las sagas más poderosas de la isla gracias al monopolio que representa su holding sanitario. No dudaron en querellarse contra los promotores del proyecto de un segundo hospital privado y los políticos que, en el Ajuntament de Santa Eulària des Riu y el Consell Insular d’Eivissa, les otorgaron licencias.

Dicen los hijos que la propuesta de que a su madre la viera un neurólogo de la privada “fue por teléfono”: “Nos llamaron y nos comentaron que existía la posibilidad, si lo deseábamos, de que la derivaran a Vilás. Preferíamos que la atendieran en Can Misses, pero como nadie nos daba una fecha concreta, los olvidos que sufría empezaban a ser más frecuentes, llevábamos meses esperando, ya habíamos ido a una consulta privada y nos había confirmado lo que la médico de cabecera sospechaba, que tenía un deterioro cognitivo, dijimos que sí”.

–¿Alguien os avisó, explícitamente, de que si aceptabais ir a la privada, el nombre de nuestra madre iba a desaparecer de la lista de espera de la Sanidad pública?

–No.

El informe de diagnóstico por imagen –una tomografía computorizada, un TAC– se realizó en las instalaciones de Grupo Policlínica y está fechado a 22 de enero de 2024. El escáner confirmó “signos de involución cerebral generalizada” en Lucía. Sus hijos, que ya llevaban “gastados 2.000 euros” en las visitas a la consulta privada a la que habían acudido como solución de emergencia, pusieron cara de incredulidad cuando les dijeron que “los parches y las vitaminas” que le recetaron a la paciente para ralentizar el avance de la demencia “no las cubría la Seguridad Social” porque no las prescribía “directamente un neurólogo de la pública”: “Si el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa ya te provoca pánico, lo único que esperas es que el sistema sanitario te acompañe. No fue así y nos ha pasado factura a nivel psicológico. Tuvimos que empezar un buen papeleo, pidiendo días libres en el trabajo para hacer trámites con el IB-Salut, hasta conseguir que esa receta apareciera en la tarjeta de nuestra madre. Son unos 50 euros al mes y nosotros podemos hacer ese esfuerzo, pero es que pensamos en otras personas que conocemos que se quedarían sin comer, o tendrían que dejar a su familiar a la suerte del destino porque no se lo pueden permitir”. 

Lo peor, explica la familia, estaba por llegar. En julio de 2024, seis meses después de la primera exploración, volvieron al servicio de Neurología de Grupo Policlínica. Un doctor le hizo a Lucía una anamnesis, una entrevista para reconstruir la historia clínica de una paciente. “Desde hace dos años notan cambios, pero desde hace un año (…) la notan más afectada a nivel funcional, sobre todo en la memoria reciente. Vive con su esposo y una hija, (sic) autónomo para las actividades básicas de la vida diaria, hay que recordarle que coma y que se cambie el parche. Ha olvidado el fogón (sic) y cocina su marido”, escribió el neurólogo.

Para conseguir que la medicación y los parches transdérmicos que le recetaron a Lucía en la sanidad privada aparecieran en su tarjeta de la Seguridad Social, su familia tuvo que realizar “bastante papeleo” y, como confirman desde el Àrea de Salut, superar la validación de un inspector sanitario.

Las escenas domésticas del deterioro cognitivo

La paciente no ha regresado desde entonces a las instalaciones del centro privado y su familia reporta otro informe, de andar por casa, pero muy ilustrativo. La nieta mayor de Lucía –doce años– “se da cuenta de todo” y ayuda a la abuela con las recetas que se le olvidan. El nieto mediano –nueve años– “es muy sensible” y ya no quiere dormir los viernes en casa de los abuelos “para que no le pregunten tres veces si tiene hambre cuando ya ha cenado”. La nieta pequeña –tres años– no puede recordar a la abuela anterior al alzhéimer. Esas escenas domésticas llevan a los hijos de Lucía a considerar que, como mínimo, a su madre deberían hacerle un seguimiento “cada medio año para revisar la pauta de medicación… y ya han pasado tres veces medio año desde entonces”.

“En nuestro caso, este paciente estaría resuelto. Es decir, es un caso de una paciente en lista de espera para ser valorada por un especialista. Se valora, se diagnostica una enfermedad crónica y se pauta un tratamiento. El seguimiento se debe realizar por su área de salud”, argumentan –por escrito– desde Grupo Policínica. Con respecto a la pauta de la medicación comentan: “Si los pacientes acuden a su médico de cabecera, le deben pautar la medicación para que sea cubierta por la Seguridad Social. No depende de nosotros. Es responsabilidad de la Seguridad Social realizar dicha pauta. Hay fármacos que sí están cubiertos y otros que no, pero eso depende de la Seguridad Social (…). Una vez que nosotros damos de alta a los pacientes, se comunica para que desde Ib-Salut tengan conocimiento. La gestión sobre el seguimiento de esos pacientes, cuándo son evaluados de nuevo por el especialista, o de qué forma encajan de nuevo en su sistema, no es conocida por nuestra parte”.

Los hijos de Lucía explican, en cambio, que ellos no tuvieron constancia de que su madre se había quedado en un limbo hasta que le pidieron explicaciones a su médico de cabecera, “que se mostró sorprendida”. Era octubre de 2024: más de un año después de la primera petición para que a la paciente la viera un neurólogo de Can Misses, la doctora volvió a solicitar una cita. Pero su paciente volvía a estar al final de una lista de espera que, ahora, forman 1.219 pacientes. La “demora media” en el hospital público, informan desde el Àrea de Salut, “es de 173,48 días”. Casi seis meses. El triple de tiempo de lo que la Conselleria de Salut considera oportuno esperar para una primera visita con un especialista. elDiario.es ha podido constatar que, recientemente, ha habido, al menos, un caso de un paciente con síntomas de demencia que ha esperado prácticamente un año entero hasta entrar en la consulta de Neurología. Desde octubre de 2024, este departamento, esencial en cualquier hospital, está completo en Can Misses. Hay siete médicos en nómina, contando a la jefa de servicio. Las cifras indican que, ni siquiera con el contrato que deja en manos de la sanidad privada una parte del trabajo, los neurólogos dan abasto.

Una queja por escrito, pero sin respuesta

El documento lleva el membrete del Govern de les Illes Balears y termina con un “en Ibiza, a 26 de septiembre de 2025”. Tras las cuadrículas rellenadas con los datos personales y el recuadro del aviso legal aparece un apartado que se titula datos de su queja, sugerencia o agradecimiento. El texto, escrito por uno de los hijos de Lucía, no deja dudas de a qué categoría pertenece:

“Tras obtener un diagnóstico y una pauta médica en el ámbito privado, intentamos que se realizara el seguimiento adecuado en el sistema público de salud. Sin embargo, hasta la fecha, nadie ha hecho seguimiento alguno de dicha pauta médica, pese a figurar en la tarjeta sanitaria de la paciente. Al consultar con su médico de cabecera los motivos de la demora en la atención, descubrimos con sorpresa e indignación que (…) ha sido eliminada de la lista de espera para Neurología u otras especialidades pertinentes, sin haber sido notificados ni haber solicitado dicha baja (…). Solicito que se proceda a reincorporar de forma urgente a la paciente en la lista de espera correspondiente, respetando la antigüedad original de la solicitud. Que se asigne un especialista y se active un seguimiento clínico inmediato de la pauta médica registrada en su tarjeta sanitaria. Que se me facilite por escrito una explicación formal de lo ocurrido y de las medidas que se van a adoptar para evitar que se repitan estos hechos. Que se valore la compensación, en su caso, por los perjuicios ocasionados y los gastos en los que se ha tenido que incurrir por la falta de respuesta del sistema público”.

La queja termina con un agradecimiento “de antemano” y un “quedo a la espera de una respuesta urgente, dado el carácter progresivo e invalidante de la enfermedad de Alzheimer y la situación de desamparo sanitario”. Cincuenta días después de haber presentado este documento en el servicio de atención al paciente del IB-Salut, los hijos de Lucía dicen que todavía no tienen respuesta. Hace un par de semanas –el 6 de noviembre– se indignaron cuando, al abrir la prensa local, vieron a Sofía de Grecia posando con los políticos de la isla y las presidentas de las asociaciones que, financiadas con dinero público, asumen parte de los talleres y actividades para estimular los sistemas nerviosos de las personas que comienzan a olvidarse de quien fueron. No vino de vacaciones, sino a inaugurar el XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer.

La impotencia de los hijos de Lucía

“Montan ese congreso, traen a la Reina y, mientras tanto, ¿la gente de Ibiza esperando eternamente en su casa sin que la vea un neurólogo de la Sanidad pública? A uno de nosotros, que se dedica al mundo sociosanitario, lo invitaron por motivos de trabajo, pero no fue. Nos enfadamos tanto… No sé quién tiene la culpa, pero creo que el sistema sanitario se está muriendo porque lo están dejando morir. ¿A quién le interesa tanto que esto no funcione? Nos chirría que en un caso así te deriven a la privada: eso quiere decir que hay un señor, el dueño de la clínica, encantado de que haya una saturación. La Sanidad era uno de los pilares del Estado del que te podías sentir más orgulloso cuando viajabas al extranjero y decías que venías de España. Lo van a pagar las generaciones que más han trabajado para que este sistema funcione. Mi madre es una hija de posguerra. ¿Se va a morir sin disfrutar esos servicios públicos? Además, el neurólogo que vio a nuestra madre en su consulta trabaja también en el hospital público y en el hospital privado. Será legal, pero, éticamente, creemos que no es correcto”, dice uno de los hijos de Lucía.

Poco después –el 10 de noviembre–, la familia de la enferma de alzhéimer también vio en los medios locales las fotos del décimo aniversario de las nuevas instalaciones de Can Misses, una obra que concedió 46.000 metros cuadrados más a la Sanidad pública para mejorar la atención que recibían los ibicencos. Enrique Garcerán, el veterano médico que dirige la gerencia del Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, sonreía en las fotos junto a la política que lo nombró, la consellera García. Unos días antes –el 27 de octubre, como adelantó Noudiari–, una veintena de jefes de servicio habían remitido una carta a la presidenta Prohens cuestionando el liderazgo “impuesto” del gerente y pidiendo soluciones “ante una situación de crisis” que ha provocado varias dimisiones en la cúpula directiva de la Sanidad pública ibicenca. Raquel Bernal, la responsable de Neurología de Can Misses, era una de las firmantes de la carta.