El Gobierno de Ayuso recurre ante el Supremo el decreto del Gobierno para frenar los “chiringuitos” universitarios

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios del Ejecutivo central, con el que Educación busca frenar los “chiringuitos” universitarios, al considerarlo “arbitrario” y por “vulnerar” las competencias autonómicas.

El Consejo de Gobierno tiene previsto recibir este miércoles un informe sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General regional contra esta norma que —dice el ejecutivo madrileño— “limita injustificadamente” la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocidas en la Constitución.

El Gobierno quiere acabar con la creación de universidades privadas aprobadas por las comunidades autónomas a su libre albedrío. El nuevo decreto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en octubre, incluye la obligatoriedad de que las nuevas propuestas cuenten con un informe favorable realizado por una agencia de calidad, requisito inexistente hasta ahora, se impone un mínimo de estudiantes, profesores y doctores y unos objetivos de investigación –la pata que más flojea en lo privado–, entre otras medidas, para que las universidades sean más que “academias venidas a más”, según las ha calificado el Gobierno en alguna ocasión. Sánchez ha llegado a hablar de “chiringuitos”.

Desde el Ejecutivo de Madrid consideran que este real decreto va contra la seguridad jurídica y que ha sido elaborado “sin ningún tipo de negociación o consenso”. El recurso sostiene que el artículo 27 de la Carta Magna reconoce a las comunidades autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado “solo debe fijar la normativa básica”.

“Sin embargo, este real decreto supera ese marco básico y deja muy poco margen a las regiones para regular por su cuenta. La norma estatal incorpora requisitos como exigir a los centros un mínimo de 4.500 estudiantes, que el Gobierno regional considera arbitrario, y que en ningún caso responden al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas”, dicen las mismas fuentes.

Consideran también que el proyecto ha sido tramitado “con opacidad, sin consulta pública previa y sin contar con las comunidades autónomas”. En este punto, han precisado que el procedimiento para la constitución de nuevas universidades y centros universitarios de la Comunidad de Madrid establece controles “muy rigurosos” que garantizan la “excelencia” de los proyectos aprobados.

Asimismo, desde la Consejería que lidera Emilio Viciana han defendido que la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia en la que están trabajando “incorporará mejoras” a estos trámites “siempre en el marco de las competencias regionales”.