Medio millar de bomberos voluntarios de Catalunya demandan a la Generalitat por “uberizar un servicio esencial”

En 2011, Francesc Castillo se convirtió en bombero. Pasó las pruebas correspondientes y está asignado al parque de Piera (Barcelona). Desde entonces, ha participado en campañas forestales, extinción de fuegos y asistencia tras accidentes de tráfico. Pero no es bombero profesional. Él es uno de los 1.443 voluntarios que, a día de hoy, están activos en Catalunya.

La Generalitat ideó hace más de 40 años un sistema mixto en el que los bomberos funcionarios conviven con los voluntarios. La idea era poder cubrir todo el territorio catalán con parques en los que se pudiera contar con personas formadas, que conocieran los bosques, los caminos y la población para reaccionar rápido y ayudar cuando fuera necesario. Hoy, los parques de voluntarios llegan a los 74, mientras que los de funcionarios suman 71.

“Es una labor que me gusta y me llena en un territorio que conozco y quiero. El problema es que se están vulnerando nuestros derechos”, sostiene Castillo. Hace años que voluntarios como él negocian con la Generalitat para mejorar unas condiciones que, aseguran, son “precarias”. Ahora, consideran que el diálogo no ha dado sus frutos y han decidido organizar una demanda que agrupará a más de 450 voluntarios en la que reclaman que se reconozca una relación laboral con la administración.

Las primeras 100 se presentarán este viernes ante el juzgado de lo social de Lleida. “No cotizamos y no se nos aplica el coeficiente reductor por trabajo de riesgo en la jubilación. La compensación que nos dan es claramente insuficiente y además tenemos que hacer un mínimo de horas y, si fallamos tres veces, nos echan”, resume Castillo.

Los demandantes, que suponen un tercio del grueso de voluntarios, sostienen que las condiciones en las que trabajan son propias de una relación laboral con la Generalitat. “Estamos en una situación ficticia con la administración. Los voluntarios son, en realidad, trabajadores por cuenta ajena, pero sin derechos”, explica Andrea Mena, abogada que lleva la causa. La base de la demanda, afirman, es que se ha “uberizado un sistema esencial”. “Usan a voluntarios para mantener en pie el servicio de Bomberos, cuando deberían ser trabajadores. Igual que Uber usa a sus riders”, añade la letrada.

Desde la Generalitat niegan la mayor y lamentan que las negociaciones con el servicio de voluntarios hayan llegado a los tribunales. “Según la ley, no se puede reconocer ninguna relación laboral”, asevera Tamara Garcia, directora general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvament de la Generalitat. Se refiere a la ley 5/1994, que regula la labor de los bomberos y apunta que los voluntarios ejercen “de manera totalmente altruista, por motivos benéficos y sociales”.

Garcia aclara que esa misma ley determinó que los bomberos profesionales solo podrían formar parte del cuerpo de funcionarios. “No hay término medio: o funcionarios o voluntarios”, resume. Así, aclara que no hay “manera legal” de realizar contratos de trabajo ni, por tanto, de que los voluntarios coticen o puedan tener equiparación salarial con los funcionarios.

Francesc Castillo, en el parque de bomberos voluntarios de Piera

El modelo mixto catalán

La figura de los Bomberos Voluntarios se creó en 1982. Hoy suponen el 33% del grueso de agentes -sumando funcionarios y voluntarios-, lo que convierte a Catalunya es la región europea con la ratio más alta. “Es la manera de que este servicio sea sostenible”, sostiene Garcia, que explica que, de otra manera, algunos pueblos pequeños y regiones boscosas quedarían desatendidas.

“La alternativa sería tener a 40 personas con una nómina funcionarial aparcadas, porque son zonas en las que no suele haber incidencias. No solo sería perder talento, sino que también supondría un coste inasumible”, añade.

Los bomberos voluntarios, según se recoge en la ley, deben realizar una formación, pasar unas pruebas y comprometerse a dedicar 650 horas anuales al servicio. En la pandemia, la administración llegó a un acuerdo con el Consejo de Bomberos Voluntarios para regular su disponibilidad mediante una aplicación en la que deben marcar si pueden estar físicamente en el parque, si se pueden activar de manera inmediata o diferida, o si no están disponibles.

Esta herramienta, que para la administración “facilita las gestiones y la organización de los voluntarios”, para los demandantes supone un “control” excesivo. “Nos obligan a estar localizables a través de una app. Es un modelo que tiene de todo menos de voluntariedad”, lamentan desde el colectivo Bombers Precaris.

Resaltan, además, que el mínimo de horas que les reclaman equivalen a la mitad de una jornada laboral. “Pero de esas horas, muchas no estás haciendo nada. Gran parte del tiempo estás en casa, esperando. Y eso son ratos que no dedicas a otros trabajos o labores”, se lamenta Castillo, que añade que los turnos de guardia y disponibilidad no se pagan. En cambio, las horas en las que se está ejerciendo sí se compensan a 10 euros brutos la hora.

Esto, que para los demandantes es una muestra de relación laboral, para la administración simplemente es un gesto para con los voluntarios que se acordó para que su servicio a la comunidad no les costara dinero. “Lo peor es que sí nos supone pérdidas. Entre la gasolina, las dietas y lo que se nos penaliza en la declaración de la renta por tener diversos pagadores, no sale a cuenta”, asegura Castillo.

De profesión policía local, Castillo sostiene que las demandas no están motivadas por cuestiones económicas y aclara que, cuando piden la equiparación salarial lo hacen “para tener los mismos derechos” que los bomberos funcionarios, lo que les supondría cotizar y tener un salario equivalente al de los funcionarios.

Desde la Generalitat, la directora general de Prevención remarca que las reclamaciones de los demandantes no se van a poder satisfacer porque su labor está regulada en términos de voluntariado, no laborales. “Así figura en las bases. Las condiciones son públicas y no se ha engañado a nadie”, agrega.

Un bombero voluntario, entrando en el camión del parque de Piera

Prevención ante los accidentes

Otra de las reclamaciones que tienen los voluntarios es que se les atienda debidamente cuando se dan casos de lesión. El colectivo demandante relata “años y años de desatención”, y lamentan que las mutuas -a las que, por ley, tiene derecho cualquier voluntario- no les atienden debidamente. “En el momento del accidente, nos atienden bien, el problema viene durante la recuperación”, señala Castillo, quien relata casos de compañeros que han tenido que abonar sus tratamientos y llevan “meses” de negociaciones con la Generalitat para que se les devuelva el dinero.

Desde la administración, Tamara Garcia reconoce que ha habido casos como este, pero niega que sean “recurrentes”, tal como afirman los demandantes. Apunta, asimismo, que los bomberos voluntarios no se encargan de los trabajos más arriesgados o que requieran de más conocimientos técnicos. “Suelen hacer intervenciones en vehículos, o viviendas, siempre que no se requiera autoescalera. En el caso de incendios forestales, pueden hacer la primera intervención, hasta que lleguen los bomberos funcionarios”, sostiene.

El colectivo de voluntarios no se conforma con esta explicación y asegura que, aunque haya intervenciones que no hacen, su trabajo está sujeto a “la misma peligrosidad” que la de sus compañeros. Consideran que “los tiempos han cambiado” y que “ahora los fuegos queman de otra manera, tenemos otras industrias, que provocan accidentes distintos, y las necesidades del territorio son otras. Pero la Generalitat no está reaccionando”, lamentan.

Por su parte, la administración recoge el guante y recuerdan que tienen en marcha un plan para aumentar el cuerpo de bomberos funcionarios casi en un 40% y llegar a los 4.000 agentes de cara a 2030. Esto supondría “mucha más presencia en el territorio y ayuda a los voluntarios cuando sea necesario”, sostiene Garcia. “Hacen un trabajo excepcional y son un orgullo, pero somos conscientes de que, ante los nuevos retos, hay necesidad de ampliar el cuerpo de Bomberos”, remacha.

Con todo, la Generalitat asegura que mantiene abierto el camino del diálogo con el colectivo de voluntarios, mientras que estos aseguran que “el tiempo de la negociación ha acabado”. Se mantienen firmes a la hora de anunciar las próximas demandas, que se irán presentando durante las próximas semanas en diversos juzgados de toda Catalunya.