Un cambio contractual del Gobierno del PP en Aragón condena a los taxistas rurales: «Están matando al territorio»
Los nuevos pliegos del transporte escolar dejan fuera a esta figura de gran implantación en las zonas despobladas, donde trasladan a ancianos a los centros de salud o a jóvenes tras noches de fiesta. Les aboca a la desaparición y por eso anuncian recursos administrativos
Vivir desconectados: el hartazgo crece en el medio rural aragonés tras un año de cortes de teléfono e internet
Basan gran parte de sus ingresos en el transporte escolar, pero llevan a cabo muchos otros servicios en el Aragón despoblado: desde ancianos “de la mano” hasta la consulta del médico hasta jóvenes en verano de vuelta a casa por la noche. “Ayer me llamaron de una asociación por un caso de violencia de género: me pidieron que llevara a una mujer al Juzgado. Si no lo hago yo, este servicio no lo prestaría nadie más”, cuenta Luis Blasco, de Montalbán (Teruel). Ahora, su empleo como taxista rural, al igual que el de decenas más repartidos por todo el territorio aragonés, está en riesgo por un cambio contractual: los nuevos pliegos del transporte de escolares que impulsa el Ejecutivo de Jorge Azcón les dejan fuera, al primar a las grandes empresas.
“Están matando el territorio, se lo están cargando”, lamenta Antonio Pascual, presidente de la Asociación Gremial de Autotaxis de la provincia de Huesca. Pascual, que conduce su vehículo por las carreteras de la Ribagorza, pone el acento en la labor “social” que desempeñan, en algunos casos casi por vocación, y que ahora no podrán seguir realizando: “Llevamos a personas mayores al hospital, incluso de la mano al médico. Les compramos en la farmacia, en el supermercado, les llevamos el carro de la compra hasta la cocina de casa. ¿Harán eso las grandes empresas?”, se pregunta. Él mismo se responde: “No, harán el transporte escolar y se irán a su casa”. “¿Cuántos accidentes lees en verano de jóvenes por la noche de vuelta de las fiestas en los pueblos? Ni uno. Llevamos cinco años haciendo este servicio y no ha habido ni un herido. Pero cuando los taxistas rurales dejemos nuestro trabajo, veremos lo que sucede”, advierte.
Hasta ahora, el servicio del transporte escolar en Aragón se venía realizando con rutas individuales, en función de las necesidades de cada zona. Esto ha permitido que participaran profesionales autónomos y pequeñas empresas locales, implantados en las zonas rurales, lo que no solo garantizaba la cobertura de las rutas, sino que fomentaba el tejido económico comarcal y permitía que los taxistas prestaran otros servicios, como los sanitarios. Pero los nuevos pliegos divide en lotes el servicio, lo que hace imposible para ellos concursar, mientras que favorece a grandes concesionarios. Además, se limita a un mínimo de nueve las plazas de los vehículos y se permite la subcontratación en hasta un 40%. Un caldo de cultivo para las grandes concesionarias.
Sandra Salanova, a bordo de su vehículo en Graus, en su ruta por la Ribagorza.
Sandra Salanova, por ejemplo, hace la ruta Espluga-Campo-Graus para escolares con necesidades especiales. “Llevo a dos niños hasta Graus, donde los recoge un autobús y los traslada hasta el colegio La Alegría de Monzón”, explica. En total, casi dos horas de trayecto. “Con el cambio van a acabar perjudicando al usuario porque aumentará el tiempo de traslado. Y estamos hablando de niños”, recuerda.
Entre este viernes y este lunes –último día de plazo–, los taxistas rurales de las tres provincias presentarán ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) sendos recursos por los pliegos del transporte escolar en Zaragoza, Huesca y Teruel. Argumentan que vulneran la Ley de Contratos del Sector Público por varios factores; entre ellos, que no facilitan la participación de autónomos ni pymes y que no valoran “adecuadamente” la calidad del servicio o la vinculación territorial de las empresas. Además, reflejan que la propia “configuración de los lotes y los requisitos de solvencia económica y técnica no se ajustan a la realidad territorial y socioeconómica” de las provincias.
Rechazo a la subcontratación
La polémica estuvo presente en el último pleno de las Cortes de Aragón a través de una pregunta del PSOE a la consejera Hernández. La titular de Educación trasladó directamente a los representantes del taxi rural, presentes en la tribuna de invitados, que sus puestos no estaban “en peligro”. Sin embargo, generó dudas porque vinculó esta continuidad a la “subcontratación”, una opción que los profesionales rechazan porque perderían derechos e ingresos. “¿Cree que a una empresa grande le interesa ir a un pueblo pequeño cuando hay un taxi que hace esa ruta?”, preguntó Hernández a la diputada socialista María Rodrigo. Y a continuación se dirigió a los taxistas: “Ustedes lo seguirán haciendo”.
Hernández mencionó que hasta ahora el servicio se llegaba a prestar sin contrato, recurriendo “a la buena voluntad” de los taxistas. “Cuando tenemos problemas recurrimos a ellos, y seguirá siendo así”, formuló sin ambages.
Los socialistas han llevado a las Cortes una proposición no de ley (PNL) en la que critican que instan al Gobierno de Aragón a “suspender cautelarmente” la contratación en las tres provincias y a modificar los requisitos de forma que puedan participar los taxistas rurales., entre otras cuestiones. “Ustedes hablan de proyectos de despoblación y de fijar población, cuando luego sacan unos pliegos que merman la actividad de las empresas en el territorio”, criticó la diputada Rodrigo en el mencionado pleno.
Luis Blasco, que cubre las Cuencas Mineras, muestra su oposición a que les tengan que subcontratar grandes empresas: “No estamos por labor, las condiciones serán peores”, valora. Explica que un 70% de su facturación llega del transporte escolar, pero el otro 30% es igual de importante para el territorio. “El otro día llevé a una mujer de un pueblo de 100 habitantes que ese había puesto mala y más tarde hice un servicio de diálisis”, recuerda. Trayectos que se quedarían vacantes sin ellos. “Van a dejar abandonado al medio rural. Si nos quitan una fuente de ingresos tan importante, nos vemos a abocados a cerrar el negocio y las zonas rurales no tendrán taxis con que moverse”, incide.
Dos escolares de Calmarza a Jaraba
En Jaraba (Zaragoza) está José Javier Martín, que lleva diariamente a dos escolares de Calmarza a Jaraba. Comenzó con el taxi en 2009 y, aunque ve posible seguir sin transporte escolar –“porque vivo solo, si fuera un núcleo familiar, imposible”–, lamenta que sus ingresos se verían mermados sensiblemente. “Es muy injusto que nos excluyan”, lamenta. “Y no solo nos dejan fuera a nosotros, sino también a pequeñas compañías locales de autobuses que no van a poder concursar”. En su caso, también hace viajes para analíticas de sangre, traslados de urgencia al hospital o en verano con jóvenes: “Afortunadamente se suelen portar bien”, dice con una sonrisa.
Fuentes del Departamento de Educación, sin embargo, aseguran que el objetivo con los nuevos pliegos es “garantizar la prestación y la calidad de un servicio que es esencial en una comunidad como Aragón, con una dispersión poblacional y unos condicionantes complicados”. “Se ha querido sobre todo garantizar una solución estable y sostenible en el tiempo, que no impide en absoluto que los taxistas puedan seguir prestando el servicio, como han venido a haciendo en zonas rurales en los últimos cursos”, inciden. Y vuelven a insistir en la posibilidad de subcontrataciones, que están sometidas a unas “garantías muy claras”: “Ahí los taxistas van a continuar siendo necesarios”, justifican.
Pero los taxistas rurales no lo tienen tan claro. “Se llenan la boca con que hay que apoyar al medio rural y ahora nos deja en la estacada”, zanja Sandra Salanova.