Corruptores y corrompidos

En Italia, el Ministerio de Economía cuenta con una poderosa policía propia: la Guardia de Finanzas. Se trata de un cuerpo militar y con grandes recursos logísticos creado en 1881, casi al mismo tiempo que la propia Italia. Se ocupa de muchas cosas, desde el tráfico de droga y el blanqueo de dinero hasta el fraude fiscal y el control de fronteras.

El 12 de noviembre de 1979, tres oficiales uniformados de la Guardia de Finanzas aparecieron por una obra faraónica cercana a Milán. La constructora Edilnord estaba edificando una pequeña ciudad, que había de llamarse Milano 2, y existían serias sospechas de fraude. Edilnord era propiedad de una serie de sociedades opacas con sede en Suiza y las modestas cuentas que presentaba a Hacienda no se correspondían con el volumen de los trabajos.

De inmediato apareció un señor bajito y repeinado que dijo llamarse Silvio Berlusconi y se presentó como “simple consultor”, un “técnico” al que los propietarios de Edilnord habían encargado “la supervisión de la obra”. Esto se sabe porque numerosos testigos asistieron a la conversación. También sabemos, aunque entonces no estuviera claro, que el propietario (gracias a créditos cuya procedencia sigue siendo hoy desconocida) era el propio Berlusconi.

El mayor Massimo Berrutti, el coronel Salvatore Gallo y el capitán Alberto Corrado, los tres oficiales de la Guardia de Finanzas que debían investigar las cuentas de Edilnord, decidieron que no había nada incorrecto en todo aquello. ¿Qué más supimos poco tiempo después? Que el mayor Berrutti empezó a trabajar para Berlusconi, como asesor legal en los contratos futbolísticos del Milan. Que el coronel Gallo pertenecía a la Logia P-2, una sociedad clandestina de ultraderecha entre cuyos afiliados estuvo también Berlusconi. Y que el capitán Corrado fue detenido en 1994 por haber cobrado sobornos de Berlusconi.

En 1992, cuando el sistema político italiano se vino abajo por la acumulación de casos de corrupción, apareció como salvador Silvio Berlusconi. Su argumento, en aquel momento de caos, parecía bastante sólido: dado que era el gran corruptor era también, por lógica, incorruptible. Como sabemos, la cosa funcionó.

Es curioso lo del corruptor y el corrompido. Ahí tienen a Víctor de Aldama, corruptor confeso de los (presuntos, digamos de forma irónica) corruptos José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Por alguna razón, consideraciones legales al margen, Aldama parece atribuirse una cierta superioridad moral sobre los chorizos de las chistorras.

Igual que las grandes constructoras. Casi todas ellas, y el “casi” se utiliza aquí para evitar acciones legales, pagan comisiones para obtener obra pública. No es nada nuevo. El sistema funciona desde siempre y cualquier directivo del sector lo sabe. Acciona aparece ahora como presunta corruptora de Cerdán. Un caso más.

Nadie cuestiona los métodos de las grandes constructoras, un sector importantísimo para la economía española. Recordamos perfectamente, en cambio, los nombres de los políticos corruptos y hasta los porcentajes. El 3% (más IVA) en el caso del sistema pujolista, el 2% en lo que atañe a Cerdán y compañía, por ejemplo.

“Políticos corruptos” se ha convertido casi en un mantra. Si unos cuantos lo son, deben de serlo todos. Ese es el razonamiento cada día más popular, y con tal adjetivo no me refiero expresamente al PP. Conviene tener cuidado con el desprestigio colectivo: acaba apareciendo un salvador de la patria que hace un destrozo.

Disculpen una digresión final, referida a la condena, anunciada y aún no explicada, impuesta al fiscal general del Estado. No sé si la condena es injusta. Sí creo que el fiscal general publicó una nota completamente innecesaria, por razones que sigo sin comprender: ¿hay que responder desde la Fiscalía a lo que se publica en la prensa o en las redes?

Desde la izquierda se acusa de prevaricadores, es decir, corruptos, a jueces del Tribunal Supremo. No sé si lo son, confío en que no. Lo propio, en cualquier caso, es preguntarse quién sería el corruptor. La respuesta sale sola: el PP y el PSOE.

Otros más pequeños han metido baza a veces, como Jordi Pujol cuando impuso como miembro del Consejo General del Poder Judicial a “su” juez extorsionador Pascual Estevill, pero son los dos grandes partidos quienes escenifican periódicamente negociaciones y peleas para decidir a cuántos de los suyos colocan al frente de los órganos superiores del sistema judicial. Tantos de los míos, tantos de los vuestros. Por no hablar de esas frasecitas (“controlaremos desde atrás la Sala Segunda del Supremo”) que parecen propias de narcotraficantes repartiéndose un territorio.

Los altos jueces llegan al cargo con la etiqueta ya puesta. Y la etiqueta les convierte casi en presuntos prevaricadores o, al menos, en sospechosos de favorecer por sistema a tal o cual bando. Los grandes partidos están corrompiendo el sistema. Habría que preguntarse hasta dónde piensan llegar.