In dubio pro Ayuso

Tomo prestada la expresión usada por Arsenio Escolar para resumir la sensación que ha creado la noticia de la condena del fiscal general. In dubio pro Ayuso (en caso de duda, apoyar a Ayuso, no al reo). Es un nuevo principio adoptado por el Tribunal Supremo. Sin una prueba directa y apoyándose aparentemente en una serie de indicios conocidos en el juicio –no sabemos cuáles porque la sentencia no está escrita–, ha decidido que desmentir con hechos la mentira puesta en circulación por Miguel Ángel Rodríguez fue un delito que debe castigarse con una pena de inhabilitación. 

Por tanto, no conviene engañarse. Isabel Díaz Ayuso y su ejecutor han recibido una victoria política de manos del Supremo. El viernes, ella empezó a rentabilizarla. “No es el fiscal general del Estado, sino Pedro Sánchez el que se ha sentado en el banquillo de los acusados”, dijo. Por tanto, es Sánchez quien ha sido declarado culpable. Y luego dicen que es la izquierda la que intenta politizar la justicia en su favor. 

Todo lo que hicieron Ayuso y Rodríguez ese día, el 13 de marzo de 2024, estaba planeado para intentar descarrilar la investigación judicial del novio de ella, atacar a la Fiscalía que había recibido de la Agencia Tributaria las pruebas de los delitos fiscales descubiertos y presentar a la presidenta de Madrid como una víctima de las insidias de sus rivales. Por la mañana, con la rueda de prensa de Ayuso en Leganés. Por la tarde y noche, con la información falsa suministrada por su jefe de gabinete en un grupo de WhatsApp con 50 periodistas. Alberto González Amador le había dado permiso para utilizar los correos electrónicos de su abogado. Rodríguez puso a Amador en contacto con Esteban Urreiztieta, de El Mundo. 

Esa operación se montó para favorecer a quien Ayuso sigue llamando “ciudadano particular”, como si Alberto González Amador fuera un pobre hombre que no conocía a nadie. El mismo que se presentó en el juicio como una persona desesperada a la que el fiscal general había destruido la vida. El que estaba pensando en suicidarse. El que recuperó rápidamente el deseo de vivir y compró el ático situado sobre el piso en el que vive con Ayuso y que ya estaba usando en alquiler. Un ático valorado por encima del millón de euros y adquirido con una hipoteca de 600.000 euros más los ahorrillos. Pues eso, un ciudadano particular indefenso y arruinado. 

Ya he dicho en alguna ocasión que no hay refrán más falso que el que dice que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Al menos, en la política española. El equipo de Ayuso filtró información confidencial sobre un caso judicial y lo hizo con la intención de manipular la realidad. El fiscal general decidió que no podía permitir ese ataque a los fiscales del caso, a los que se presentaba como marionetas movidas por el Gobierno, y decidió responder a la mentira con un comunicado. “Cuando hay un bulo acreditado, tienes que desmontarlo –ha dicho Joaquín Giménez, magistrado emérito del Supremo–. Y eso lo tiene que hacer la Fiscalía, porque es el garante del interés público. Para desmontar ese bulo, hay que dar datos objetivos que acrediten que ese bulo es falso”.

La derecha judicial tiene un punto de vista diferente. Cristina Dexeus, presidenta de la conservadora Asociación de Fiscales, ha afirmado que “el Ministerio Fiscal no es tertuliano, ni comentarista de la realidad, y la publicación de un comunicado comprometiendo la imparcialidad de la institución era de una gravedad incalculable”. Según esta lógica, el comunicado comprometía la imparcialidad (política) de la Fiscalía. Ya lo saben, si el Gobierno de Ayuso ataca a los fiscales con un bulo para destruir su reputación, las víctimas deben quedarse calladas y permitir que se imponga la mentira en favor de los intereses del PP. Es una lógica partidista a la que parece que se ha unido la mayoría conservadora de la Sala Segunda del Supremo.

En este punto, hay que empezar a preguntarse qué papel jugará el comunicado de la Fiscalía en el texto de la sentencia. La Sala de Apelaciones del Supremo ya dijo que esa nota de prensa no podía ser objeto del juicio. El contenido revelado ya no era secreto, porque lo conocían varios medios de comunicación. Lo que se juzgaba era la filtración de los correos electrónicos. Como aún no hay sentencia publicada, no podemos llegar a una conclusión. De momento, sólo se puede sospechar a cuenta de algunos artículos aparecidos en los medios.

En ABC, se puede leer que “el relato de hechos y la activa participación del fiscal general en su redacción (…) aventuraban que, para el tribunal, no iba a ser fácil separar la filtración del contenido del correo y la posterior difusión de la nota”. Una idea similar aparece en El Confidencial. Se dice que “todo apunta a que, en la decisión de los magistrados, ha tenido especial peso la decisión directa del fiscal general de elaborar una nota de prensa en la que se especificaba que el novio de Isabel Díaz Ayuso no solo quiso pactar, sino que reconocía la autoría de los dos delitos”. ¿Especulación de cosecha propia o información basada en fuentes del Tribunal Supremo? Quién sabe.

Sería escandaloso que la nota de prensa que no era delito pasara a ser una prueba aceptada por el tribunal para justificar la condena del fiscal general. Fortalecería la idea de que la mayoría conservadora de los magistrados iba a utilizar cualquier pretexto para condenar a García Ortiz, aunque no hubiera una prueba clara e indubitada. Pero no adelantemos acontecimientos. 

González Amador, intentando dar pena en el juicio.

Lo que es muy real es que el sistema político ha entrado en fase de ebullición. El Gobierno tuvo una primera reacción pública fría e institucional a través del ministro de Justicia. En privado, los ánimos están encendidos. La constatación de que el Tribunal Supremo ha decidido apoyar la versión del PP en el caso de González Amador le hace temer qué pasará en otros procedimientos judiciales y si se utilizarán para continuar minando al Gobierno. Habrá que esperar a la rueda de prensa de Pedro Sánchez el domingo en Brasil al final de la cumbre del G20 para ver cuáles serán sus próximos pasos.

Declarar la guerra al Tribunal Supremo es inviable en términos jurídicos y políticos. En política, hay factores que son los que son y no puedes cambiarlos en función de tus intereses. Como la Constitución, por ejemplo. A estas alturas y con la legislatura pendiendo de un hilo, no es realista pensar en cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial con una mayoría justo de 176 diputados, como propone Gabriel Rufián en Twitter, y elegir con esos votos un nuevo CGPJ (que además no podría cambiar a los jueces del Supremo). Eso es lo que hizo la extrema derecha en Polonia y lo que obligó a actuar a la Comisión Europea. 

La izquierda no va a salir triunfante si imita el estilo que se ha extendido entre la derecha, esa histeria enloquecida que hace que un exdirector de ABC diga que España ya no es “un régimen liberal en la práctica”. No aceptaron los resultados de las elecciones de 2023 y no dejan de demostrarlo. Y luego dan lecciones de democracia. Además, ¿dónde está la novedad de que los magistrados del Supremo sean de derechas? Ha sido así toda la vida. 

Sería como caer en la trampa de Ayuso, que dijo el viernes en plena borrachera de victoria que “estos hechos (por la investigación de su novio) son propios de una dictadura”. También se alegró de que haya triunfado “el Estado de derecho”, lo que suena un tanto incompatible con la frase anterior, pero todo eso suena perfecto dentro de su cabeza. Ya en un plano más humorístico afirmó que “nos tememos algo desquiciado en próximas fechas” por parte de Sánchez, cuando esa palabra cuadra mucho mejor con su conducta habitual.

Su respuesta ha sido la de siempre. Provocar e intimidar. Juego sucio aderezado con las mentiras de Rodríguez. Acusar al rival de consumir la dieta que a ella le ha permitido llegar donde está.

No hay que rendirse ni optar por el desarme unilateral. Pero no hay que olvidar la vieja máxima. No luches con un cerdo en el barro. Ambos os ensuciáis y al cerdo le encanta.

Aquí hacemos periodismo

Esto es lo que tiene que decir José Precedo, que declaró en el juicio como testigo. Sabe de quién recibió la información sobre la investigación de González Amador y no fue García Ortiz:

“Lo que no van a poder cambiar los magistrados de ningún tribunal es el trabajo periodístico, que en el caso de elDiario.es ha sido publicar la verdad en decenas de exclusivas sobre el caso, que nunca han podido ser desmentidas. Ciertamente, aquí se ha hecho periodismo. Aunque los medios que copiaron, pegaron (y firmaron) las mentiras que les contó Miguel Ángel Rodríguez traten ahora de invertir la realidad”. 

Aunque parezca mentira, intentan eso. En el periódico que fue la pista de salida del bulo de Rodríguez, El Mundo, Francisco Pascual se permite despreciar a los periodistas que no hacen de coristas de Ayuso y de los que dice que “cierran filas con el poder” (de Sánchez). Claro que tampoco puedes poner el listón muy alto con los que se dedican a publicar la mercancía averiada que les envía el equipo de Ayuso.