El Congreso rechaza una ley de Sumar para prohibir a empresas la compra de viviendas para uso residencial

El Congreso rechaza una ley de Sumar para prohibir a empresas la compra de viviendas para uso residencial

Las derechas y algunos socios del Gobierno rechazan la norma por distintos motivos, y el PSOE se debate entre abstenerse o votar a favor cuando ya los números para iniciar su tramitación son inalcanzables

Vox se disfraza de obrero en el sur de Madrid

El Congreso se ha posicionado contra una proposición de ley de Sumar cuyo objetivo es impedir que las empresas puedan adquirir viviendas para uso residencial y así especular con ellas. Así lo ha defendido el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, quien ha recordado que España es “el segundo país del mundo con más socimis”, sociedades especializadas en gestión de activos inmobiliarios y que registran “116 millones de euros de media de capitalización”. Ibáñez ha reconocido que su proposición es “poco ambiciosa” en aras de lograr una mayoría suficiente para siquiera comenzar a debatirla. Pero la mayoría parlamentaria ha anticipado su rechazo ante la votación del próximo jueves.

Ibáñez ha sostenido que PP y Vox “no están contra la intervención del Estado”, ya que durante los gobiernos del PP “se intervino”, pero en un sentido diferente: “Tengan al menos en coraje de decir que están en contra de que el Estado intervenga a favor de la mayoría social, no de fondos, socimis y empresas”.

“Es una ley poco ambiciosa, estoy de acuerdo”, ha planteado Ibáñez en la defensa de la norma. “Habría que prohibir la compra especulativa a cualquiera, sea persona física o jurídica. Pero vengo de una tradición donde la ideología no puede impedir hacer política, y el parlamentarismo es ser consciente de la aritmética”, ha explicado, para reclamar a los diputados “salir de la zona de confort”.

La norma plantea “prohibir a socimis, multipropietarios, fondos buitre y multinacionales” la compra de viviendas para uso residencial. “Dejemos de alimentar el monstruo de la antipolítica y del fascismo, eso empieza dando un techo”, ha asegurado. “No da seguridad en los barrios cuando llega un fondo buitre, y gente que podía pagar su alquiler ve cómo se lo suben a un precio inalcanzable y le hacen cambiar de barrio”.

“Incluso pagando les echan”, ha señalado. “Si la vivienda es un derecho, empiecen por cerrar la puerta a fondos buitre”, ha zanjado.

Pero la iniciativa de Sumar no contará con los votos necesarios para salir adelante. Salvo cambio antes de la votación del viernes, la mayoría que suman PP, Vox y Junts tumbarán la proposición, aunque en este caso tampoco el PNV, que ha reclamado darle más margen a la actual ley de vivienda, ni Podemos apoyarán la medida.

El PSOE se ha guardado el sentido de su voto el próximo jueves, pero desde el grupo apuntan que se mueven entre el ‘sí’ y la abstención. De los grupos grandes, ERC y EH Bildu sí han mostrado su respaldo. En todo caso, los ‘noes’ superan de largo la mayoría absoluta de la Cámara.

El primero en posicionarse en contra ha sido el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, quien ha reprochado a Sumar buscar “un pacto de mínimos para intentar llegar a un consenso en esta Cámara” porque existe “una mayoría social que va de la extrema derecha a la izquierda parlamentaria que quiere poner freno a la especulación que hacen empresas con la vivienda”. “¿Usted se cree esto que dice?”, le ha espetado al proponente. “¿Cree que Vox o el PP tiene interés en acabar con la especulación de fondos?”, le ha preguntado.

Serna ha seguido: “¿Creen que el diputado [Alberto] Rodríguez Almeida, de Vox, que tiene 12 locales y cinco plazas de garaje quiere limitar la especulación? ¿Que el diputado [Jacobo] González-Robatto, que declara poseer 33.308 acciones de una sicav va a votar contra sus intereses? ¿Que Manuel Cobo del PP, accionista de la inmobiliaria Grucocca, propietario de cinco viviendas, cuatro fincas urbanas, 26 fincas rústicas, tres naves industriales y seis locales va a votar su proposición?”.

En ese momento, desde la bancada de PP y Vox se ha interrumpido al orador, quien ha replicado: “Se han puesto nerviosos por si digo alguno más, pero es una información pública. Ustedes son el partido de los rentistas”.

Serna ha planteado que no se puede limitar el control de la especulación a las empresas y ha concluido pidiendo “expropiar viviendas a los acaparadores” porque “ellos llevan años utilizando la vivienda como principal mecanismo para extraer plusvalía a la clase trabajadora. En lugar de consensos imposibles hay que plantear la expropiación de aquellos que mediante negocio inmobiliario expropian los frutos del trabajo de la clase trabajadora”.

La verdad de la vivienda durante el franquismo

Uno de los focos del debate ha sido el discurso del nuevo portavoz adjunto de Vox, Carlos Hernández Quero, quien ocupa el lugar del purgado Javier Ortega Smith, caído en desgracia por no seguir sin protestar la senda marcada por Santiago Abascal.

Quero es la apuesta de Vox para introducirse en el electorado que más se le resiste: los trabajadores. El diputado ultra ha planteado que el objetivo del Gobierno y sus socios es “volver a la España de hace 100 años”, a las “familias amontonadas, los pisos colmena, las vidas apretadas y una clase trabajadora que ya no tendrá acceso a una vivienda, solamente a una habitación”. “La miseria monda y lironda de toda la vida. Una vuelta a Dickens, a Cela, a los cuartos subdivididos y a la falta de privacidad e intimidad”, ha sostenido.

Para solucionarlo, la propuesta de Vox no pasa de ser un enunciado genérico en defensa de leyes “que favorecen la emancipación de los jóvenes, que relaja los precios de los alquileres, que facilita que la gente corriente pueda adquirir una vivienda y la que alivia el bolsillo de los que menos tienen”. Eso sí, no ha ofrecido una sola propuesta concreta más allá de pedir “limitar la compra de vivienda de extranjeros no residentes” y “una fiscalidad mínima para los compradores nacionales”, sin diferenciar nada más que por el país de nacimiento.

Para el diputado de Vox, la actual ley de vivienda es la culpable de la situación actual, aunque ni siquiera por sí misma. La culpa es del “ruido” generado alrededor. Tras reconocer que “la ley de vivienda no se aplica”, ha añadido: “Una ley no genera efectos exclusivamente en los lugares concretos donde se aplica. Pero es que, además, una ley, y más una tan cacareada como esta, genera expectativas, y la gente se mueve por percepciones, por temores, por anhelos, por sensaciones, por expectativas. Y todo el ruido que ustedes han hecho con los controles de precios ha generado una expectativa de inseguridad jurídica en los arrendadores que han movido sus viviendas, que antes alquilaban a largo plazo, a otros usos no residenciales, contrayéndose de forma dramática de esta forma la oferta residencial de larga duración, que es la que necesitan las familias y nadie más que las familias”.


El diputado de Vox Carlos Hernández Quero interviene en el pleno del Congreso, este martes.

La réplica le ha llegado del diputado socialista Gabriel Blanco, de 26 años. “Es imperativo responder, desenmascararles” porque son “lobos con piel de cordero”, ha arrancado. “La verdadera historia de la vivienda en el franquismo no es la de sus toldos verdes”, le ha espetado al diputado de Vox, quien ha defendido en otros debates la política de vivienda de la dictadura.

“Es la de las chabolas que se levantaban de noche, los niños de barrio con los pies manchados de barro, mujeres y hombres que iban a por agua con un cubo, familias que lucharon por tener luz, alcantarillado y un transporte y escuela decente”, ha espetado.

Esa es la verdadera historia de la vivienda del franquismo“, ha dicho Blanco. ”Personas hacinadas, eso fue el franquismo“, ha añadido. ”La clase obrera del país no le debe nada al franquismo, más bien al contrario“, ha zanjado.