El Supremo rechaza una querella de Ayuso contra Belarra por calificar de «homicida» su gestión de las residencias

El Tribunal Supremo ha rechazado una querella de Isabel Díaz Ayuso contra Ione Belarra por las críticas de la líder de Podemos a la “gestión homicida” de las residencias de ancianos de Madrid durante la pandemia. Los jueces entienden que las palabras de Belarra forman parte de la “crítica política” y no pueden llevar a su imputación por asegurar que la presidenta madrileña “debería estar en la cárcel” por su “gestión homicida” de los centros geriátricos donde fallecieron más de 7.000 ancianos.

El ejecutivo regional de Ayuso anunció varias querellas contra políticos que en los últimos meses han criticado con dureza la situación de las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Una de esas querellas se dirigió contra Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, que recientemente tuvo que ir a declarar en el juzgado para aclarar que nunca quiso atribuir un delito de asesinato a Ayuso. Otra fue presentada en el Tribunal Supremo contra Belarra.

“Ayuso debería estar en la cárcel por la gestión homicida que ha hecho de la pandemia y por todas las personas que fallecieron de manera absolutamente evitable, aunque ella dijera que iban a morir igual. No iban a morir igual, esas muertes eran evitables y esta es la gestión homicida que hace la derecha cuando gobierna”, dijo Belarra. Unas declaraciones que, añade ahora la Sala de lo Penal del Supremo, estaban amparadas por la libertad de expresión y la crítica política.

En su querella, la presidenta de la Comunidad de Madrid pedía la imputación de Belarra por un delito de calumnias con publicidad, la versión más grave del tipo que acarrea condenas de hasta dos años de cárcel y multas. Los jueces, tal y como defendía la Fiscalía, rechazan la querella entender que las declaraciones de la líder de Podemos “constituyen una crítica política asentada en la convicción, percepción o interés político de quien las hizo, para, desde su discurso disidente, censurar la gestión de un Gobierno Autonómico presidido por la querellante”.

“La crítica puede resultar, a veces, extremadamente dura o incluso injusta, pero que en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esta crítica es parte inseparable de todo cargo de relevancia”, zanja el Supremo para rechazar la petición de Isabel Díaz Ayuso de imputar a Ione Belarra.

Las 7.291 muertes en residencias de Madrid

Los fallecimientos de miles de ancianos en residencias públicas y privadas de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de coronavirus se ha convertido en el punto más cuestionado de la gestión que Isabel Díaz Ayuso hizo en esa crisis sanitaria, hasta el punto de que varios juzgados investigan si algunos de sus altos cargos de entonces deben asumir responsabilidades por la vía penal. Las familias afectadas cifran en 7.291 las personas ancianas que fallecieron en residencias de toda la región sin que fueran derivadas a hospitales por la aplicación de los protocolos sanitarios de la Comunidad de Madrid, bautizados por las víctimas como “protocolos de la vergüenza”.

La Fiscalía y los juzgados de Madrid han analizado decenas de denuncias y querellas de familiares, muchas de las cuales han terminado en archivo. El protocolo que aplicó entonces la Comunidad de Madrid, han dicho algunas de estas resoluciones, era “discutible” y sus consecuencias “no fueron valoradas por la autoridad política”, pero no existe materia penal. Otros juzgados de la región, sin embargo, mantienen a día de hoy causas abiertas con antiguos altos cargos imputados.

El pasado mes de mayo, y después de varias causas en las que habían ido a declarar como testigos, un juzgado abrió una causa e imputó a un alto cargo sanitario de Ayuso: Carlos Mur, entonces director de coordinación sociosanitaria durante la pandemia, así como a su sustituto en el cargo.