Asociaciones de juristas se quejan ante el Poder Judicial por la condena sin sentencia del Supremo al ex fiscal general

Seis asociaciones de juristas progresistas han presentado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el fallo condenatorio sin sentencia del Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz al considerarlo “contrario al interés general” y “un deterioro de las garantías de la ciudadanía” ante la Justicia, además de provocar “un linchamiento” al exjefe del Ministerio Público.

El escrito ha sido presentado por seis entidades de juristas progresistas de toda España: Xustiza e Sociedade de Galiza, Associació Catalana de Juristes Demòcrates, Associació de Juristes de les Illes Balears, Associació Valenciana de Juristes Demòcrates, Asociación de Abogados Demócratas por Europa y Asociación Derecho y Democracia de Sevilla.

Adelantar el fallo de una sentencia sin el contenido de la resolución es una excepción en los tribunales españoles, aunque no es inédito. El propio Supremo avanzó hace unos años el fallo que consideró agresión y no abuso sexual la violación grupal de Los Sanfermines de Pamplona antes de notificar la sentencia con los argumentos.

El pasado jueves, el Supremo envió un comunicado oficial en el que adelantaba que la Sala de lo Penal condenaba a García Ortiz por un delito de revelación de secretos en relación a la filtración del correo electrónico en el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid admitía que había cometido un fraude fiscal.

El comunicado del Supremo incluía detalles clave de cualquier fallo que son fruto de la argumentación del tribunal en una sentencia, si bien no incluía la resolución.

El Supremo precisaba que la condena era de dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general (la sentencia deberá razonar por qué no se le condena a la cárcel solicitada por las acusaciones); una multa de 7.200 euros (en todas las sentencias el tribunal argumenta la cuantía a imponer); y una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Ayuso (el Supremo tendrá que fundamentar por qué es esa cantidad y no los 300.000 euros que solicitaba Alberto González Amador).

La sentencia no es unánime y tiene dos votos particulares partidarios de la absolución. Este martes elDiario.es desveló que tres de los cinco magistrados partidarios de la condena participaron, una semana después del juicio, en un curso organizado por el Colegio de la Abogacía de Madrid, una de las acusaciones del caso.

Publicar el fallo de la sentencia sin haber sido redactada, señalan las entidades de juristas “va en contra del espíritu de la ley y es contraria al interés general”, además de comportar “un señalamiento de quién sabe que es condenado sin saber por qué”. Es más, las entidades apuntan a que puede vulnerar la tutela judicial efectiva del ya condenado. 

Los efectos de la decisión del Supremo de publicar el fallo sin la sentencia, agregan las entidades, van más allá del “desasosiego” que haya podido provocar en García Ortiz, y tiene repercusiones en el conjunto de la sociedad, pues la ciudadanía tiene derecho a la “comprensión” de las resoluciones judiciales. “La comprensión forma parte del derecho constitucional a recibir información veraz”, agrega el escrito de queja.

Consideran los juristas que el adelanto del fallo sin la sentencia completa no está contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y ha provocado un “linchamiento público” a García Ortiz.

“Este tipo de actuación compromete el análisis democrático de una resolución, a la vez que provoca y fomenta la discusión partidista que incentiva el cuestionamiento de la imparcialidad de los tribunales”, añade el escrito de queja.