El Govern y los Comuns crean el grupo para estudiar la prohibición de compras de vivienda para invertir

La Generalitat de Catalunya ya estudia la viabilidad de limitar las compras de vivienda entre particulares con finalidades especulativas. Este miércoles se ha constituido el grupo de trabajo entre el Ejecutivo catalán y los Comuns, que presionan desde hace semanas para aprobar esta medida, para evaluar cómo se puede llevar a cabo una regulación para impedir la especulación inmobiliaria, siguiendo la estela del que se conoce como modelo Ámsterdam. 

El grupo de trabajo lo conforman la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque; los secretarios de urbanismo y vivienda de su departamento, Víctor Puga y Lídia Guillén, y la diputada Susana Segovia y Xavier Martínez por parte de los Comuns. Además, la intergran juristas como Pablo Feu, autor del informe que avaló por primera vez esta propuesta, Fuensanta Alcalà o Rosa Fornals. También investigador del instituto IDRA Jaime Palomera. 

El debate sobre prohibición de la adquisición de viviendas más allá de los usos residenciales del propio comprador ha entrado con fuerza en la política catalana. El Parlament, que tiene en trámite una proposición de ley de los Comuns para habilitar estas limitaciones, aprobó la semana pasada una moción que insta al Govern a tener listo este 2025 un informe sobre esta novedosa medida. Salió adelante con votos de PSC, ERC, la CUP y los propios Comuns. Estos últimos han defendido además que esta será una de sus principales peticiones para negociar los presupuestos de 2026 del Govern de Salvador Illa. 

En una breve atención a prensa, Paneque no ha querido adelantar conclusiones y simplemente ha afirmado que la comisión tiene el compromiso de valorar los distintos aspectos que rodean esta medida. Su impacto sobre el mercado del alquiler, su recorrido normativo o su calendario, por ejemplo. “El objetivo es que exista un parque de alquiler asequible y que los catalanes no destinen más del 30% de lo que ingresan a pagar la vivienda”, ha expresado. 

Lo que plantea el informe inicial elaborado por Feu, en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), es que existen fórmulas jurídicas viables para prohibir la compra de vivienda que no sea para uso propio. El abogado defiende la constitucionalidad de la medida, dado que se aplicaría solo en las zonas de mercado tensionado –las que tienen el precio regulado–, y con excepciones como la compra de segundas residencias o de fincas enteras para destinarlas a alquiler. 

Casi 2.000 pisos comprados a InmoCaixa

También en el capítulo de vivienda, la Generalitat ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con InmoCaixa para completar la compra de prácticamente toda su cartera de vivienda de protección oficial, cuya cualificación vencía en los próximos años. El pacto anunciado por Illa supone la adquisición de 1.064 pisos de la filial inmobiliaria de CriteriaCaixa por un precio de 87,2 millones de euros. 

Este paquete de adquisiciones, que se suma a otras tres operaciones anteriores –la primera, bajo el Govern de Pere Aragonès–, supone que la Administración catalana se ha hecho con cerca del 90% de la vivienda de protección de InmoCaixa para engrosar el parque público de alquiler. En total, 1.900 pisos que mayoritariamente ya están habitados. Se da el caso que en algunas en algunas de estas fincas los inquilinos estaban en huelga de alquileres, la primera que se lleva a cabo en Catalunya. 

Los pisos en cuestión están ubicados en Barcelona, Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Mataró, Montornés del Vallés, Sant Just Desvern, Sentmenat, Sitges, Terrassa, Tordera, Olot, Lleida, Tarragona y Sabadell. “De esta forma ampliamos el parque público de alquiler por la vía rápida, sin esperar a los tempos de la construcción, y con precios por debajo de mercado”, ha afirmado Paneque.