La OCDE urge al Gobierno a construir 850.000 viviendas sociales y pide “calibrar cuidadosamente” las subidas del SMI

La OCDE urge al Gobierno a adoptar más medidas para hacer frente a la delicada situación del mercado de la vivienda, dado que las llevadas a cabo en los últimos años si bien son “intenciones bienvenidas”, a su vez son “insuficientes”, y reclama estimular la oferta de casas asequibles ampliando el parque del alquiler social y reducir los trámites burocráticos para liberar superficie urbanizable a través de una reforma de la Ley del Suelo.

El organismo ha publicado este miércoles su Estudio Económico sobre España, que ha presentado su secretario general, Mathias Cormann, junto al ministro Carlos Cuerpo en la sede de Economía. Y aunque la situación del país destaca por su fortaleza, tanto del tejido productivo como del mercado laboral, la vivienda y la sostenibilidad de las cuentas públicas preocupan a la organización.

Los técnicos reclaman una reforma de la Ley del Suelo, que el Gobierno ya intentó aprobar en dos ocasiones, para acelerar y digitalizar los procedimientos urbanísticos, sobre todo en las zonas de mayor demanda, y que permita seguridad jurídica para acometer las inversiones. Asimismo, reclaman disparar la oferta de vivienda asequible, que tradicionalmente se ha hecho en régimen de propiedad, elevando el parque de alquiler social por encima de lo que estima el Ejecutivo.

En concreto, la OCDE calcula que, para llegar a las medias europeas, España necesitaría 1,5 millones de viviendas de alquiler social. Eso implica 850.000 casas más en apenas cuatro años. Muy por encima de las proyecciones del Gobierno, que calcula que podrán construirse 15.000 al año mediante la construcción industrializada y 43.000 de renta social y asequible.

Eleva el PIB al 2,9% en 2025 y al 2,2% en 2026

La organización, en la línea del resto de observadores internacionales, ha elevado al 2,9% su proyección de crecimiento del producto interior bruto (PIB) de la economía española, tres décimas más que en su previsión de septiembre, y al 2,2% (dos décimas) la de 2026, ambas revisiones espoleadas por la fortaleza del mercado laboral y por las ganancias de poder adquisitivo de las familias.

Los técnicos de la OCDE han destacado el comportamiento “notablemente bueno” de la economía española, que ha crecido después de la pandemia de manera “equilibrada, resiliente y estable”, gracias a una combinación de factores como la gran creación de empleo, aumentos de productividad y reduciendo su dependencia del capital extranjero.

“La robusta actividad económica ha estado acompañada de una desinflación constante y una disminución del desempleo, aun cuando este sigue siendo el más alto de la OCDE”, destaca el informe.

Pero advierte de que las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), que han sido claves para la ganancia de poder adquisitivo en los hogares de menores rentas, han de ser más contenidas a futuro. “Como el salario mínimo en España ha subido significativamente, pueden comenzar a aparecer efectos negativos en el empleo. Por ello, incrementos futuros deben ser cuidadosamente calibrados para evitar efectos negativos no intencionados sobre el mercado laboral, particularmente para grupos vulnerables como poco cualificados, jóvenes o trabajadores mayores”, apunta el documento.

La organización prevé una cierta desaceleración en los dos próximos ejercicios, hasta situarse en un avance del 1,8% en 2027, en un entorno donde prevalecen los riesgos a la baja. “Las tensiones geopolíticas al alza y la fragmentación del comercio global podrían debilitar el crecimiento de las exportaciones. La incertidumbre creciente y unas condiciones financieras globales más estrictas podrían desinflar la confianza, afectando al consumo privado y a la inversión de las empresas, arrastrando al renacimiento económico”, destaca el informe.

El paro mejora y el déficit se estanca

La OCDE proyecta que la tasa de paro se reduzca hasta el 9,8% en 2027 y la inflación caerá por debajo del objetivo del Banco Central Europeo (2%) ese mismo año, frenándose desde el 2,3% en 2026 al 1,8% en 2027.

Las cuentas públicas experimentarán una relativa mejora. El déficit caerá al 2,3% del PIB en 2026 y se estancará en esa cifra en 2027. El Gobierno estima, en la senda que se va a votar este jueves en el Congreso, que se reducirá al 2,1% y al 1,8% en los dos ejercicios siguientes.

En cuanto a la deuda pública, la OCDE apunta que esta caerá por debajo del umbral del 100% del PIB este año, por primera vez desde 2019, y que se reducirá hasta el 97% a lo largo del horizonte de previsión.

Con todo, la OCDE apunta que a medio plazo puede producirse un incremento en la ratio de endeudamiento, conforme aumenten las presiones en el gasto público vinculadas al envejecimiento (sanidad y pensiones) o a las inversiones en defensa. En este sentido, el organismo critica la falta concreción en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo, el documento clave de las nuevas reglas fiscales europeas, donde tendrían que estar plasmadas las medidas para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Recuperar el Factor de Sostenibilidad

La OCDE plantea que el Gobierno adopte “medidas adicionales” en el sistema de pensiones para evitar que este gasto (que aumentará en 3,2 puntos del PIB hasta 2050) tense aún más las costuras presupuestarias. “A pesar de las reformas recientes, incluyendo los incrementos en la edad legal de jubilación, la extensión del periodo de cómputo, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y los cambios en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, se prevé que la brecha entre el gasto en pensiones y los ingresos se amplíe en las próximas décadas”, dicen en el documento.

Entre las propuestas, los técnicos del organismo proponen recuperar un mecanismo similar al Factor de Sostenibilidad que estuvo en vigor la pasada década, topando la revalorización de las pensiones en función de la esperanza de vida; o ampliar a 35 años (ahora son 29) los años que se utilizan para calcular la cuantía de la jubilación, incluyendo años con rentas más bajas para moderar la cifra.

Otras medidas para tratar de cuadrar las cuentas públicas pasan por una reforma del IVA que armonice el tipo general (21%) y elimine los reducidos, un aumento de la imposición ambiental y rebajar la presión fiscal en los trabajadores de menos ingresos, todas estas propuestas reincidentes por parte de la organización.