Cierre obligado durante un año para el Teatro Barceló por exceso de aforo

“Gracias por estos 20 años inolvidables a todos” han dejado escrito en internet los responsables del Teatro Barceló después de que este jueves el Ayuntamiento de Madrid haya precintado el Teatro Barceló después de que se levantaran las medidas cautelares impuestas por la justicia y que habían permitido su apertura hasta ahora.

Funcionarios, acompañados de agentes de la Policía Municipal, han llegado al exterior de este emblemático local de ocio de la capital en torno a las 10.00 horas para imponer el precinto en la puerta del local, después de que la Agencia de Actividades (ADA) emitiese una orden de cese y precinto durante un año por exceso de aforo. En el lugar, una decena de trabajadores han mostrado su malestar con esta decisión, con la que la plantilla se sume en la incertidumbre en lo que se refiere a su futuro laboral, informa Europa Press.

En total la sala estará cerrada un año, según fuentes municipales: ahora se ha ordenado el cumplimiento del primer precinto por seis meses de clausura y, posteriormente, se ordenará el cumplimiento de un segundo, correspondiente a una segunda infracción por aforo. El precinto, a fecha del 27 de noviembre, recuerda que el incumplimiento de la resolución “podrá dar lugar a responsabilidades penales y/o administrativas de conformidad con lo previsto en la legislación vigente”.

La sala había esquivado durante unos días la orden de cierre, gracias a las medidas cautelares de un juzgado que ahora han decaído. La sanción impuesta a principios de mes se ha de hacer ahora efectiva. Recáe sobre el operador actual de la sala, el Grupo Sounds, después de un traspaso de la familia Trapote.

Al lugar también han acudido miembros de la Plataforma por el Ocio, que han confirmado a la prensa que “van a agotar todas las vías” y que ya han acudido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para recurrir la medida, aunque admiten que desconocen de si Teatro Barceló podrá abrir sus puertas para las fiestas navideñas.

Su portavoz, Jesús Martínez, ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que con esta medida el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, traspasa “todas las líneas rojas” y ha anunciado “una ruptura de negociaciones” con el Consistorio al considerar que “ataca y cuestiona la integridad y la profesionalidad de la gestión los establecimientos públicos y los locales de ocio”.

“Un conflicto que se dirige a un choque de trenes entre las pymes y empresas del sector servicios y la Delegación de Urbanismo de Borja Carabante en el mejor momento de la historia de la gastronomía, la vida nocturna y los espectáculos de Madrid como atractivo turístico y de generación de riqueza para la ciudad”, ha expuesto en la lectura de un comunicado.

Igualmente, Martínez ha calificado la situación como “un conflicto sin precedentes” que debería “provocar la reflexión del Ayuntamiento de Madrid” al “arruinar” a las empresas “con precintos y cierres de años que suponen su pena de muerte aplicando con absoluta ligereza el régimen sancionador” e “incumpliendo los compromisos adquiridos durante el proceso negociador con las empresas y con las patronales”.

“Cerrar el Teatro Barceló es atacar a una empresa de más de 45 años, que trajo la marca Pachá a Madrid, y que, desde entonces, lleva prestando sus servicios a su público cada fin de semana de manera impecable y sin ningún tipo de incidencia en materia de seguridad”, ha afirmado el portavoz de la Plataforma por el ocio. Igualmente, ha insistido en la existencia de un “problema con los aforos” en los locales de ocio nocturno y ha puesto en duda el “rigor y la competencia del trabajo de los técnicos y personal de confianza que dirige la Agencia de Actividades”.

El precinto en Barceló se lleva a cabo después de “dos infracciones graves que comprometieron la seguridad de los usuarios al superar el aforo permitido”, según explicó Carabante. Los excesos de aforo se registraron en diciembre del año 2022, con un más de 1.500 personas en la sala y otra en febrero del año 2023, con cifras similares para un recinto con permiso máximo de 990 clientes. En este sentido, las asociaciones del sector llevan tiempo reclamando una reformulación de la normativa que mide los aforos en los locales y una actualización del cálculo de los mismos en base a criterios de seguridad y preparación de los propios establecimientos.

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha insistido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que “se adoptan las medidas tras el levantamiento de las medidas cautelares por parte del juzgado y por petición expresa de él para que se ejecutara el precinto”. Sanz ha recordado que se ha llevado a cabo por dos sanciones de superación de aforo, “cada una de ellas de una manera importante”. La vicealcaldesa es consciente de que “hay una demanda del sector respecto a modificaciones legales que se puedan introducir pero mientras esté vigente la normativa actual hay que darle cumplimiento”.

La vicealcaldesa no ha entrado en las acusaciones de los empresarios del ocio porque “lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es dar cumplimiento a un pronunciamiento judicial”. “Este equipo de Gobierno no presiona a nadie y respeta absolutamente la labor de los tribunales, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, el Gobierno de España, que se dedica no sólo a presionar sino también a insultar públicamente y a poner en cuestión las sentencias que se hacen desde los tribunales”.

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