El alcalde de Estepona paga 5.200 euros para atenuar la posible pena por contratar a su «amiga íntima»

El alcalde Estepona, José María García Urbano (PP), investigado por malversación por contratar a una mujer con la que mantenía relación de “amistad íntima” sin que conste que ella desempeñara nunca ninguna tarea para el municipio, ha pagado de su bolsillo la cantidad que el Consistorio abonó a esa mujer, consignándola en una cuenta de la Tesorería del Ayuntamiento. Son 5.276,92 euros, el importe íntegro que percibió de Estepona Cristina Pulido, que ahora también está investigada en la causa.

El alcalde justifica este movimiento “ad cautelam” (dice) en que quiere “despejar toda duda” sobre la “inexistencia de perjuicio alguno” para el Consistorio. Implícitamente, supone también una admisión tácita (aunque sea “ad cautelam”) de que ese dinero no debió pagarse, y encamina una posible condena, si se produjera, hacia una horquilla inferior de la pena al aplicarse la atenuante de reparación del daño.

El regidor debía comparecer este jueves en una vista ante el Juzgado de Instrucción 5 de Estepona, en la que debía darse continuidad o no a la causa pasándola ya al tribunal del jurado. Sin embargo, hace unos días presentó un escrito excusando su asistencia por su agenda municipal, y al entender que bastaba con que estuviese presente su abogado, y el juez aceptó la petición.

Investigación en curso

El juez investiga desde hace aproximadamente un año la supuesta malversación cometida por el alcalde, que mantenía una relación con la mujer tras conocerla en redes sociales en 2021. Durante más de un año le realizó transferencias periódicas de su bolsillo, hasta que la contrató para el municipio. En apenas mes y medio, entre febrero y marzo de 2023, Estepona pagó a la mujer 5.276 euros.

Aunque formaba parte de la decena de cargos “fichados” para labores de relevancia pública, sus funciones teóricas eran revisar plantas, farolas y pasar estado de revista general a la imagen del pueblo justo antes de las elecciones de mayo de 2023. Sin embargo, no existe rastro de que trabajara en nada: no hay informes, ni encargos, ni tuvo ordenador, ni pasó por el Ayuntamiento, ni recibió cuenta o terminales corporativos… Ella misma ha declarado que nunca hizo nada.

En el curso de esta investigación ha tomado declaración tanto al regidor como al concejal responsable del área a la que fue asignada la mujer, como a la propia Cristina Pulido, a la que decidió dar la condición de investigada cuando ya había dado por concluida la investigación.

Posible incompatibilidad en la defensa

Este jueves la Fiscalía ha solicitado seguir adelante con el procedimiento acusando tanto a García Urbano como a Pulido. La acusación popular ejercida por el PSOE se ha sumado a esta propuesta (calificando a Pulido como cooperadora necesaria), mientras que la ejercida por Vox ha limitado su acusación al regidor. El PSOE sostiene que García Urbano aprovechó su cargo para contratarla y que el puesto de trabajo creado para ella era una mera ficción.

Se da la circunstancia de que el letrado de Vox en esta causa ejerce la representación de Cristina Pulido en la que el mismo juzgado investigó (y archivó) el presunto acoso sexual del alcalde sobre la mujer y la pareja de este, y también en una causa por violencia de género contra la misma mujer que abrió el pasado junio el juzgado de instrucción 2.

El procedimiento de la malversación ha estado paralizado durante meses porque el Colegio de Abogados ha tenido que estudiar la posible incompatibilidad entre ser abogado defensor de una persona en una causa y acusación en otra. Finalmente, no ha puesto objeciones.