Las fechas importan

Si hoy es jueves, hablamos de un nombre propio: Teresa Peramato (Salamanca, 63 años). Es la propuesta que el Gobierno ha hecho pública este 25N para suceder a Álvaro García Ortiz al frente del Ministerio Fiscal. La fecha no fue casual como tampoco fue accidental que el Supremo eligiera el 20N para publicitar la condena al ya ex fiscal general del Estado de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, procesado por fraude fiscal.

Las fechas importan, sí. El Alto Tribunal quiso hacer coincidir el fallo con el 50 aniversario de la muerte de Franco para recordarnos que, en efecto, todo quedó “atado y bien atado”, célebre frase que el dictador pronunció en las Navidades de 1969 para tranquilizar a los que creían que la dictadura moriría con él y pedían que su testamento político garantizara la continuidad del régimen para seguir así manteniendo sus privilegios. Y el Gobierno ha buscado el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para dejar constancia de que hay batallas ideológicas a las que no piensa renunciar frente al avance de los reaccionarios. La de la igualdad y la lucha contra la violencia machista es una de ellas. Y otra, poner orden en la carrera fiscal.

De ahí el nombre de Teresa Peramato, una mujer progresista, de trayectoria impecable, con 35 años de ejercicio profesional, que ahora ejerce como fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y que es, además de una reconocida feminista, fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. 

Impulsora de los juzgados especializados para mujeres víctimas de la violencia de género en Madrid, tomará las riendas del Ministerio Fiscal en un momento especialmente complicado, y no solo por la condena de su antecesor, sino también por un cuestionamiento constante de la institución por parte de las derechas que la consideran una prolongación del Gobierno. Solo cuando gobierna la izquierda, claro. Cuando lo hace la derecha, al fiscal general, ya saben, lo nombra el espíritu santo. Su reto, en todo caso, es recoser la institución, cerrar heridas y lograr una mínima unidad en la carrera.

Las conversaciones de Bolaños con conservadores y progresistas

La elección de Peramato ha sido la consecuencia de no menos de un centenar de conversaciones que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, mantuvo entre el 21 de noviembre y el pasado lunes con distintas personalidades del mundo judicial para escuchar sus propuestas. En la mayoría de ellas, según fuentes gubernamentales, su nombre se convirtió en un fijo entre los consultados tanto de ideología conservadora como progresista. Y así se lo hizo saber el ministro al presidente del Gobierno, que se encontraba de viaje en Sudáfrica para la cumbre del G20. Pedro Sánchez estuvo en todo momento informado de la evolución de los contactos del ministro y muy encima del desarrollo de los mismos, incluidos los dos encuentros que Bolaños mantuvo con Teresa Peramato antes de hacerse pública la propuesta a las 7.00 de la mañana del martes del 25N. 

Hora y media después, las organizaciones feministas ya habían celebrado de forma unánime la propuesta, al igual que las asociaciones de fiscales, donde sorprendió, eso sí, la contención de las de tendencia conservadora. Más tarde, hasta el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, calificaba la trayectoria de la que será fiscal general del Estado como “ejemplar”. Una opinión que, en absoluto, compartieron algunos de sus correligionarios, como fue el caso de la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, o del secretario general, Miguel Tellado, para quienes lo importante seguía siendo el ataque a Sánchez, y no la impecable carrera de Peramato, reconocida por toda la derecha judicial.

Mujer, progresista y dispuesta a dar batalla

El Gobierno tuvo claro desde el principio que buscaba para suceder a García Ortiz a una mujer, progresista y dispuesta a dar la batalla en la carrera fiscal, una institución dividida que atraviesa el momento más delicado de su historia y con los tribunales convertidos en un campo de minas contra el Gobierno. Pero también quería que el nombre elegido fuera respetado por conservadores y progresistas. La primera decisión del ministro fue decidir si proponía a alguien de fuera o de dentro de la carrera fiscal. La primera opción fue descartada, tras entender que el mensaje podría ser ofensivo para los fiscales, y por eso se rechazó buscar entre catedráticos o magistrados. 

Una vez cuadrado el círculo con Peramato, en La Moncloa se proponen ahora no dar un paso atrás en la defensa de sus banderas más ideológicas, como la igualdad o la lucha contra las violencias machistas en pleno auge de una ultraderecha negacionista que, además, ha conseguido que el PP de Alberto Núñez Feijóo haya viajado en los últimos 20 años desde el pacto de Estado que avaló en 2017 hasta la “violencia intrafamiliar” y a no condenar desde sus redes sociales, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas.

Que la propuesta de Peramato se conociera el 25N es un mensaje para toda la carrera judicial, pero también para quienes, tanto en Vox como en el PP, se preguntan “cuándo es el día del hombre”. Y con ello niegan que a Karilena, Lina, Doreen, Eva, Andrea, Juana, Josefa, Diana, Marta, Rocío, Miriam, María, Pilar, Maritza, Zunilda, Marisa, Alejandra, Susana, Ramy Virginia, María del Carmen, Josefina, Dolores, Mercedes, Ilham, Rosalía, Mercedes, Ginesa, Katherine Yuliet, Eva, Verónica, Martha, Ainhoa, Zahra, Cristina, Eugenia, Silvia y María Pilar -las 38 asesinadas en lo que va de 2025- las mataron por ser mujeres.

Aviso para quienes hablan de “dogmas feministas”

El nombramiento de la nueva fiscal general es un aviso para quienes, como la diputada ultra Rocío de Meer, no hablan de violencias contra la mujer sino de “dogmas feministas” y argumentan que reducir todas las causas de asesinato en el hogar al machismo es “simplista e ineficaz, ya que los asesinatos son multifactoriales (alcoholismo, salud mental, precariedad)”.

Y es además un recado a un PP que hoy ha asumido la agenda negacionista de Vox allá donde ha necesitado de los votos de los de Santiago Abascal. En la izquierda no olvidan que, ya con la aprobación de la primera ley integral contra la violencia de género en 2004 que el Congreso aprobó por unanimidad, los populares arremetieron contra “el sexismo penal”, propusieron agravar todas las penas por violencia doméstica, al margen del sexo del agresor, y se opusieron a la creación de juzgados especializados en violencia de género.

Una manifestación con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

De aquellos polvos, y no solo por el influjo de Vox, el PP ha dibujado un auténtico mapa de la vergüenza sobre la igualdad y la violencia machista en varias comunidades autónomas. Porque para la configuración de gobiernos locales y regionales tras las elecciones de 2023, el PP se prestó a borrar todo rastro sobre la violencia de género de los acuerdos firmados con la ultraderecha, lo que de facto supuso la aceptación del discurso negacionista. Y, a continuación, van algunas decisiones que nos lo recuerdan:

Andalucía. En Huelva, donde el gobierno de PP y Vox eliminaron la concejalía de Igualdad, el Ayuntamiento puso en marcha un taller municipal para enseñar a las mujeres a limpiar la casa sin contaminar. En Maracena (Granada) excluyeron a las víctimas de violencia de género de las bolsas de empleo social y desmantelaron la unidad de VioGen de la Policía Local. Y en la Junta, el gobierno del PP mantiene las subvenciones a asociaciones antiabortistas fruto de un acuerdo suscrito con los de Abascal.

Aragón. PP y Vox frenaron una propuesta para garantizar el aborto en hospitales públicos en junio pasado; la presidenta de las Cortes, la ultra Marta Fernández, llegó a afirmar que la violencia de género no existe y el gobierno del popular Azcón anuló unos talleres sobre violencia machista tras considerarlos “meramente ideológicos”.

Castilla y León. En la misma línea, el gobierno de Valladolid eliminó la concejalía de igualdad y también el de Burgos, mientras que la consejería de Empleo del gobierno regional eliminó las bonificaciones a empresas por contratar a víctimas de violencia de género. 

Madrid. El PP votó en contra de la instalación de los puntos violetas en las fiestas de Las Rozas. En Valdemorillo, Vox censuró la obra teatro “Orlando” de Virginia Woolf y en el Ayuntamiento de Madrid, desde 2020, la ultraderecha ha impedido las declaraciones institucionales con motivo del 8 de marzo e impulsado iniciativas para eliminar charlas feministas de colegios para derogar la ley de VioGen. En Alcobendas, con alcaldesa del PP, se ha suprimido la concejalía de Igualdad y Mujer. 

Y en la Comunidad de Madrid, Ayuso dejó su sello nada más ser elegida candidata a presidir el gobierno regional, cuando preguntada por la periodista Teresa Campos en un programa de televisión sobre la violencia de género se refirió a ella como a “un tipo de violencia muy concreto, que está ahí”, pero matizó que también “hay violencia sobre el propio hombre, que sufre más agresiones que nosotras”. La inquilina de Sol ha eliminado todas las acciones de sensibilización contra la violencia de género para el presupuesto de 2026 en la única región de toda España que no ha aprobado una ley de igualdad autonómica. Igual que Vox, Ayuso también se pregunta “cuándo es el día del hombre” y considera más importante trabajar diariamente para que haya menos víctimas de cualquier tipo de violencia, en lugar de esperar a un día específico. Entre sus ocurrencias más sonadas se encuentra la creación de un centro para hombres agredidos sexualmente, a pesar de que en el 85% de las denuncias las víctimas son mujeres. Todo ello además de enviar a las mujeres “a abortar a otro lado” y declararse en rebeldía contra la ley que le obliga a crear un registro de objetores contra el aborto entre los médicos de la sanidad pública.

Extremadura. Vox ha impedido en la Asamblea declaraciones institucionales por el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres y, con el beneplácito del PP, ha conseguido eliminar la consejería de Igualdad.

Galicia. Además de suprimir también la secretaría general de Igualdad, la Xunta llegó a sacar en 2022 una campaña de publicidad institucional contra la violencia sexual que culpabiliza a las víctimas por su forma de vestir y por sus actividades. Despreció además la prevención de los asesinatos machistas y dijo que el motivo de muchos es que las mujeres rompen la pareja.

Baleares. Eliminada la consejería de Igualdad, el Govern estableció que los hijos de víctimas de violencia de género dejasen de ser beneficiarios directos de las ayudas de comedor.

La Rioja. PP y Vox votaron en el Parlamento en contra del desarrollo de la ley de violencia autonómica y la ultraderecha solicitó incluso la derogación de la ley de igualdad autonómica. 

Murcia. PP y Vox evitaron el término violencia machista en su acuerdo de gobierno y se comprometieron a garantizar “la neutralidad ideológica” en las aulas.

Valencia. En las Cortes valencianas, el PP eliminó la palabra “niñas” de una iniciativa legislativa como concesión a Vox. El Consell que presidió Mazón admitió la inscripción de una fundación de “hombre maltratados”, retiró el apoyo al proyecto Women´s Legacy que rescataba referentes femeninos en las aulas y eliminó la formación en violencia de género para los policías locales.

Que los populares nunca fueron el partido con más perspectiva de género de cuantos integran el arco parlamentario lo acredita un buen repaso a la hemeroteca, pero que fueran a ceder tanto terreno en materia de violencia machista como consecuencia de su maridaje con Vox es algo que ya tampoco pueden negar a tenor de sus hechos y sus declaraciones. Del “crimen pasional” y el “divorcio duro” han pasado ya al “no ha sido por odio porque quería mucho a su mujer”. 

No han aprendido nada.