El juez cita a la consejera de Moreno señalada por retirar los controles a los contratos con la sanidad privada

El juez José Antonio Gómez, que investiga las irregularidades en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas entre 2021 y 2024, ha citado a declarar como testigo a un miembro del Gobierno de Juan Manuel Moreno, la consejera de Medio Ambiente, Catalina García, responsable de la cartera de Salud durante los años que se investigan, y al ex número dos de la Consejería de Hacienda, Roberto Ochoa, como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción.

Durante el interrogatorio a los primeros testigos de la causa, hace dos semanas, García fue señalada por la exinterventora general de la Junta de Andalucía, Amelia Martínez, como la persona que decidió retirar el control previo a los contratos de emergencia del SAS, aunque esto no formaba parte de la propuesta que ella misma había elevado por escrito a la Consejería de Hacienda, ni venía avalado por un informe preceptivo.

La exinterventora, y actual viceconsejera de Hacienda, le explicó al juez que la sustitución de la fiscalización previa por el control financiero permanente (auditorías a posteriori) se adoptó, de manera informal, en una reunión del consejillo previa al Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, que formalizó dicho acuerdo.

El llamado consejillo es el foro de todos los viceconsejeros del Ejecutivo andaluz, presidido por el número dos de Presidencia -que entonces era Antonio Sanz, hoy responsable de Sanidad-, que decide el orden del día de leyes, proyectos y acuerdos que son elevados al Consejo de Gobierno para su aprobación al día siguiente.

Según el testimonio de Martínez, en aquella reunión la entonces número dos de Salud, Catalina García, le pidió a su homólogo de Hacienda, Roberto Ochoa, que incluyese los contratos del SAS con la sanidad privada en la propuesta de gastos y servicios que podían prescindir del control previo, para así agilizar la tramitación de los mismos, adjudicándose a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, para ser auditados a posteriori.

Esos contratos no estaban en el listado de gastos que la Intervención General de la Junta había solicitado, en una memoria escrita redactada una semana antes, aunque desde el Gobierno de Moreno aseguran que Martínez aseguró en sede judicial que no se adoptó esta medida a sus espaldas, que Salud le consultó y ella consintió.

El problema es que, una semana después testificó como imputado el primero de los tres gerentes del SAS imputados por prevaricación, Miguel Ángel Guzmán, que al ser preguntado por esta versión, la desmintió rotundamente. Guzmán aseguró que ni él ni nadie de su equipo fue consultado para sustituir el control previo por la fiscalización a posteriori, subrayó que esa decisión no está entre las competencias de un gestor, y que, en todo caso, él fue el “sufridor” de aquel acuerdo, que posteriormente daría lugar a todos los informes de los interventores cuestionando la contratación a dedo dos años después de que se derogase el marco legal de la pandemia.

Para resolver esa discrepancia, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez que tomase declaración a los aludidos, esto es, a Catalina García y Roberto Ochoa que, siendo viceconsejeros de Salud y Hacienda respectivamente, habrían decidido retirar el control previo a los contratos sanitarios. El magistrado ha dictado este viernes una providencia en la que cita en el juzgado a la hoy consejera de Medio Ambiente y al ex número dos de Hacienda el mismo día, 20 de enero, de manera consecutiva: Ochoa a las 12.25 horas y García a las 12.45 horas.