La carcajada nacional

El fiscal general del Estado debía ser absuelto. Porque nadie pudo acreditar su culpa. Porque nunca debió ser juzgado tras la infame y vacía instrucción realizada. Y porque acreditó que siempre fue inocente de cuanto se le acusaba.

Eso habría sido lo procedente en derecho. El problema es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, colonizada por la puerta de atrás por agentes de las derechas españolas, se ha empeñado en la convocatoria de José María Aznar de que “el que pueda hacer que haga”, para derrocar al Gobierno de Sánchez al margen de las urnas. Lo que lo llevó, entre otras cosas, a tramitar este proceso al fiscal general al margen del Derecho, con la insana pretensión política de provocar su dimisión para asestarle un golpe mortal a Sánchez.

Tragicomedia que se fraguó cuando la Fiscalía de Madrid llevó al juez los delitos fiscales y falsarios confesados por Calisto Quirón, novio de Melibea Ayuso. Que guisaron estos con la Celestina del Pelo Blanco y a la que se subieron las legiones de la Brunete judicial con el aquelarre de Aznar, seguidas por el Colegio de Abogados y toda la curia togada de la cristiandad y la limpieza de manos.

Chance que se aprestó a conjurar heroicamente el fiscal general rehusando dimitir, para llevar a juicio a sus jueces y que la vergüenza cambiara de bando, desde el banquillo de los acusados al estrado del Tribunal. Designio que consumó en el juicio concluido la semana pasada y resuelve la sentencia cuyo fallo acabamos de conocer, tras las cábalas de tirios y troyanos de si sería una rosa o sería un clavel, cuando todo el mundo sabía que ese jardín no podía dar flores.

Porque la osadía del fiscal juzgado cogió en su propia trampa a la Sala Segunda, que, ante el bochorno que se avecinaba, no dudó en celebrar la vista oral del juicio a media luz e impedir su retransmisión en directo al mundo entero para mal ocultar sus vergüenzas. Sin embargo, estas fueron quedando al descubierto jornada tras jornada, hasta quedar desnudadas por completo ante la plebe expectante.

De manera que, como empieza a ser habitual en España cuando el Partido Popular colapsa y bloquea las instituciones en su provecho, tuvo que ser el pueblo llano el que se aprestara a limpiarlas en primera persona. Lo que ya ocurriera en Valencia cuando Mazón se hizo fuerte en la presidencia de la Generalitat, después de arrastrarla por el fango y la muerte con su insólita y delirante irresponsabilidad.

Depravada y persistente insolencia, que el pueblo valenciano sometiera a juicio sumario sin los rodeos que imponía su inmunidad parlamentaria y los esfuerzos procesales de una buena jueza de Catarroja, enfrentándolo a un jurado popular en presencia del Rey y de toda la corte en el funeral laico celebrado en memoria de las víctimas de la dana que arrasó sus vidas.

“Sinvergüenza”, “asesino”, “cobarde”, “dimite”… “Quien omite su deber, comete el acto primigenio que deriva en sus muertes”, decía la sentencia sumaria y sin recurso, dictada en un instante eterno por ese jurado popular. El felón no sobrevivió al veredicto y presentó su dimisión irrevocable.

Lo mismo que ocurrió en la última sesión del reciente juicio al fiscal general, pero en sentido inverso. Declaraba el jefe de la UCO, teniente coronel Antonio Balas, última esperanza de los conjurados para conseguir alguna prueba incriminatoria que llevarse a la boca. A preguntas de la defensa, respondió, con esa arrogancia propia de los vencedores, que “no investigaron a todos cuantos hubieran podido tener acceso al correo objeto de la acusación, porque ellos no hacen investigaciones prospectivas”.

Desfachatez suprema que iluminó la sala con un relámpago de silencio de tres segundos, antes de que estallara el trueno de la más rotunda y sonora carcajada, con la que el público asistente rompió el estado de sitio formal, soltando de golpe toda la tensión y la rabia acumulada durante meses por todo el país ante los desmanes de tan ruin proceso político, más propio del antiguo Tribunal de Orden Público franquista que del Tribunal Supremo de una democracia que se precie.

Fue la carcajada popular ante la farsa representada y, cómo no, la sentencia absolutoria del fiscal general por falta de pruebas, dictada por otro improvisado jurado popular. Pero también era la orden que mandaba a parar al golpe en marcha del Partido Popular contra el gobierno legítimo de España. Carcajada, sentencia y orden popular que hoy desoye con descaro el Tribunal, pese al voto discrepante de sus dos juezas justas.

Con ello se pliega a los designios de la conjura política contra el gobierno, pero se separa del veredicto del pueblo de cuya soberanía recibe su poder, asumiendo eternamente su vergüenza y arrojando su prestigio a la hoguera del descrédito. Porque, desde hoy, aquella carcajada de los presentes en la Sala, es la carcajada nacional, ante la que acabarán rindiendo cuentas. Y no es una amenaza, señor presidente, es un vaticinio. Pregúntele a Mazón.