Del centro a la periferia: bloques de vecinos bajo amenaza por la «especulación inmobiliaria» en Sevilla

En pleno centro de Sevilla, los vecinos del número 10 de la calle Divina Pastora están sufriendo “coacciones” por parte de los propietarios del edificio para que abandonen sus viviendas, pese a que algunos contratos vencen en 2028. Los inquilinos sospechan que detrás de la presión que reciben bajo el pretexto de supuestas obras estructurales se oculta la “intención de convertir el bloque en viviendas turísticas”, como ya hicieron con otra propiedad en el casco histórico.

A siete kilómetros de allí, en la calle Verdad situada en el barrio obrero de Palmete, once familias con contrato en vigor llevan meses viviendo bajo la amenaza de un desahucio. Ante la presión vecinal, el Banco Santander, propietario del inmueble donde residen desde hace más de una década, anunció hace una semana que paralizaba el lanzamiento que el juez había fijado para el 5 de diciembre. Sin embargo, los vecinos afectados han decidido mantener la lucha convencidos de que su caso “está vinculado a la situación de millones de personas que sufren la especulación de la que es objeto un derecho elemental como es tener un techo”.

Estos dos bloques —separados por barrios, rentas y modelos de vivienda— comparten un elemento común: la sensación de que la presión inmobiliaria está alterando las condiciones de vida y seguridad de los inquilinos. Los expertos alertan de que estos casos no son aislados, sino que reflejan el “problema de carácter estructural” que sufre Sevilla con la vivienda, especialmente en zonas tensionadas por el alquiler turístico y la escasez de alquileres asequibles, como explica Ibán Díaz, profesor de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla.

En el edificio de la calle Verdad, en el barrio de Palmete, viven menores y enfermos graves

Las distintas caras de un mismo problema

“En Sevilla tenemos un mercado de la vivienda muy disfuncional, con una oferta muy limitada y precios abusivos”, resume Ibán Díaz, quien es también portavoz del Sindicato de Inquilinas en la capital andaluza. En ese contexto, se dan dos modelos de presión inmobiliaria –el del centro y el de la periferia– que son, en realidad, las distintas caras de un mismo problema –el de la vivienda– “que afecta a diferentes estratos sociales en diversas partes de la ciudad”.

El motor de la especulación en el centro obedece al “boom turístico” que empieza a notarse a partir de 2015, según el análisis del coautor del estudio multidisciplinar ‘Turismo, desarrollo urbano y crisis en las grandes ciudades andaluzas’. “Sevilla no tiene una presión demográfica tan fuerte como otras ciudades porque su crecimiento se desplaza al área metropolitana, tampoco recibe un volumen elevado de nuevos trabajadores migrantes; el problema aquí tiene que ver con ser una ciudad turística”, argumenta Ibán Díaz.

En ese escenario, el casco histórico se ha convertido en el epicentro de las tensiones que provoca el auge de los alojamientos turísticos. Desde el Sindicato de Inquilinas precisan que el centro de Sevilla, especialmente su zona norte, ha sido un sector tradicionalmente residencial de la ciudad “donde se concentra la mayor densidad de hogares inquilinos y al mismo tiempo es un espacio que ha pasado por fuertes procesos especulativos desde finales del siglo XX”.

Los datos del Sindicato de Inquilinas ilustran ese desequilibrio: de los 10.000 pisos turísticos registrados en Sevilla legalmente (a los que habría que sumar los 2.300 ilegales detectados por el Ministerio de Vivienda), más de 6.000 se localizan en el centro, ocupando el 17 % del total de viviendas. “El crecimiento de los pisos turísticos se ha hecho en gran parte a costa de los hogares inquilinos”, añade el geógrafo, aludiendo a que “entre 2012 y 2024 el centro histórico ha perdido 5.533 habitantes y sigue perdiendo población año a año”.

Precios elevados en el centro por la presión turística

Por eso, el Sindicato de Inquilinas reconoce en el caso de Divina Pastora 10 un patrón muy repetido en el centro histórico: el del “acoso inmobiliario”, orientado a vaciar el bloque de residentes para transformarlo en alojamientos turísticos con la motivación de que “el alquiler turístico da mucho más dinero que el alquiler convencional”, como sostiene el profesor de Geografía Humana. A ello se suma que la normativa municipal favorece a los edificios dedicados íntegramente a actividades turísticas.

Esa dinámica de expulsión explica que vecinos como Nacho perciban “una realidad de la vivienda en la zona céntrica cada vez más salvaje, sin escrúpulos y que nos deja a los vecinos muy desprotegidos”. En su caso, se trata de un edificio con once viviendas, donde habitan personas mayores desde hace 18 años y familias con menores, que “pagan cada mes su alquiler y están en todo su derecho y legalidad de seguir en sus viviendas”, como defiende Nacho.

La realidad de este bloque es que los propietarios —“dos hermanos rentistas”— han anunciado a los inquilinos que deben marcharse para hacer una obra integral en el edificio durante meses “sin ninguna justificación y sin compromiso de que vuelvan”, como alertan desde el Sindicato de Inquilinas. “En agosto, los caseros nos comunicaron que querían hacer una reforma dentro y fuera de las viviendas, que nos tendríamos que ir en marzo durante un año y luego tendríamos prioridad para volver, pero el precio no sería el mismo”, relata Nacho.

En ese momento, solicitaron documentación sobre las supuestas obras estructurales y un número de cuenta para abonar el alquiler, ya que los caseros delegaron desde entonces la gestión del alquiler a una empresa intermediaria. “No es un desahucio, pero nos están presionando para que dejemos la vivienda porque en marzo dicen que empiezan las obras y nosotros intentamos pagar, pero no nos facilitan ningún número de cuenta”, lamenta Nacho en conversación con este periódico.

Dado que los contratos siguen vigentes, el Sindicato de Inquilinas entiende que han optado por “amenazas y coacciones como cortarles suministros básicos o intentar entrar en una vivienda sin consentimiento” para forzar el desalojo. Nacho, como portavoz de los vecinos que han decidido denunciar el caso, explica que la relación con los caseros y la empresa intermediaria está siendo “hermética y opaca”, lo cual refuerza su sospecha de que los caseros tienen la intención de “especular con la vivienda”.

La otra cara del mercado: periferias vulnerables

“Las presiones y dejar de cobrar el alquiler forman parte del acoso inmobiliario que reconocemos en muchos casos para quitarse a los inquilinos de en medio”, señalan desde el Sindicato de Inquilinas. Ante el temor de que ocurra con su edificio lo mismo que en otra propiedad de los mismos dueños (hoy convertido en pisos turísticos), los vecinos han decidido llevar a cabo acciones de protesta para denunciar públicamente lo que consideran “una injusticia y un deterioro para el barrio, pues ”ahondaría en el problema de turistificación“ del que diversos movimientos sociales llevan meses alertando.

Ese fenómeno, advierte Ibán Díaz, tiene “incidencia sobre toda la ciudad”. Vaciar bloques en zonas tensionadas desplaza a los inquilinos hacia barrios colindantes y la presión “se extiende como una mancha de aceite”, encareciendo precios y reduciendo la oferta de alquiler. La tensión, resumen los expertos, termina trasladándose a las periferias.

Ahí es donde se revela la segunda cara del problema: la de barrios como Palmete, uno de los más pobres de España, donde la presión del alquiler se mezcla con la precariedad cotidiana. “Ese mercado tan disfuncional no tiene ninguna correspondencia con los sueldos ni con las situaciones laborales de la ciudad”, explica Díaz. El resultado son “situaciones de extrema vulnerabilidad e inestabilidad”, como la que viven las once familias de la calle Verdad, cuyo bloque procede de una promoción de viviendas de protección pública en régimen especial.

Ellos sí recibieron una orden de desahucio después de que la sociedad privada Solar de Palmete S.L. –con la que firmaron sus contratos hace más de diez años– quebrara y pasara a manos de una inmobiliaria vinculada al Banco Santander. Después de años de incertidumbre, los vecinos recibieron en octubre la notificación definitiva del lanzamiento, fijado inicialmente para el 5 de diciembre. Entre ellos hay nueve menores, personas mayores y pacientes oncológicos.

La semana pasada, ante la presión social que ejercieron colectivos vecinales como Barrios Hartos, el Banco Santander y la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) anunciaron que habían solicitado al juzgado suspender el desalojo “por el plazo máximo legal (60 días hábiles)” con el compromiso de “proponer a las familias una solución habitacional definitiva”. Sin embargo, los vecinos afectados han decidido mantener sus acciones de protesta –con una manifestación convocada este domingo– porque “no queremos que después de años de incertidumbre y ninguneo todo esto acabe con nuestras vidas en cajas de cartón”.

Un ejercicio de “resistencia”

“No necesitamos alternativas habitacionales, nosotros y nuestros hijos tenemos casa en un edificio que, además, sin ayuda de nadie, hemos tenido que cuidar por nuestra cuenta”, reivindican familias como la de Mari Ángeles. Esta camarera de piso lleva 13 años viviendo en este bloque y declara que quienes lo habitan “estamos hundidos”. “Somos familias trabajadoras, no mercancías”, expresan.

A pesar del “malestar” y la “intranquilidad” que están sufriendo, los vecinos sienten el apoyo de organizaciones sociales como Barrios Hartos, que ha respaldado los actos de protesta para intentar frenar el desalojo. Desde la plataforma vecinal denuncian que “el Santander pretende quedarse con el inmueble para especular, ignorando que hay vecinos dispuestos a pagar un alquiler justo de acuerdo a las condiciones sociales propias de un barrio castigado por la precariedad y el paro que genera el propio sistema”.

Los casos de Divina Pastora y Palmete revelan dos expresiones distintas de un mismo proceso: un mercado del alquiler cada vez más tensionado y un marco que facilita que la presión recaiga sobre los inquilinos. A los intentos de desalojo encubiertos o directos se suman ahora los contratos que llegan a su fin tras el cambio legal de hace cinco años: vecinos que, para seguir en sus casas, se enfrentan a subidas del 50 o incluso del 60% del precio del alquiler porque los propietarios saben que el contexto inflacionario les permite exigir más, como advierten los expertos.

Con este panorama de fondo, de un extremo a otro de la ciudad, del centro histórico a la periferia, se repite la misma idea: vivir de alquiler en Sevilla se ha convertido en un ejercicio de “resistencia”.