Colectivos ecologistas reclaman al Parlamento navarro investigar el proyecto Mina Muga, vinculado al ‘caso Cerdán’

La Plataforma contra las Minas de La Bal D’Onsella y El Perdón, Ecologistas en Acción y la Fundación Sustrai Erakuntza han registrado en el Parlamento de Navarra una petición para que la comisión de investigación sobre la derivada navarra del ‘caso Koldo’ incluya el proyecto Mina Muga, el que según la UCO fue el primer negocio en el que Santos Cerdán y Antxon Alonso participaron con Acciona.

Mina Muga es un proyecto, que actualmente se encuentra paralizado por la Justicia, para la construcción de una mina de potasa, un fertilizante que sirve para aumentar el rendimiento y la calidad de una producción agrícola, en un territorio situado a caballo entre la comunidad foral y Aragón, en concreto en las localidades de Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda (Aragón). Fue promovido en el año 2015 por la empresa Geoalcali, filial de la minera australiana Highfield Resources.

Esta compañía adjudicó a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso vinculada a Cerdán y que la UCO sitúa en el centro de la trama, la elaboración del proyecto por 56,9 millones de euros. La Guardia Civil sospecha que el papel de la trama en este proyecto privado fue el de conseguidor de los permisos para el proyecto, en concreto de los gobiernos navarro y aragonés, así como del Ministerio para la Transición Ecológica.

Los colectivos ecologistas que han presentado la petición consideran “necesario” que se investigue si ha podido existir una “influencia no legal” de las personas investigadas por el Tribunal Supremo en la consecución de los permisos por parte de las administraciones públicas. Por ello ya en agosto reclamaron que se incorporara a la comisión de investigación del Parlamento foral. “No hemos obtenido respuesta”, lamentan.

Explican que desde alguno de los grupos políticos se les ha trasladado que no se contempla incorporar el proyecto de Mina Muga a la investigación por tratarse de una iniciativa privada, ya que la comisión se centra en la adjudicación de contratos de obra pública. Por ello las asociaciones ecologistas han planteado ahora la posibilidad de crear una comisión de investigación específica sobre este proyecto. Por el momento todavía no han hablado con los diferentes partidos del arco parlamentario pero consideran que existen “razones suficientes para que se investigue”, explica a este periódico Pablo Lorente, de la Fundación Sustrai Erakuntza.

También han solicitado a la Cámara de Comptos, el tribunal de cuentas navarro que realice una auditoría de la tramitación administrativa del expediente Mina Muga y de las donaciones de la Fundación Geoalcali a los Ayuntamientos de la zona de Sangüesa porque creen que ha podido existir una “compra de voluntades” a los municipios afectados para que no pusieran trabas al proyecto.

Mientras tanto el proyecto Mina Muga se encuentra paralizado por la Justicia después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 de las tres administraciones (Navarra, Aragón y Ministerio para la Transición Ecológica) al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones. Así el TSJN dictó que sería necesaria una única autorización por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que todavía no ha llegado.

Además, en agosto el grupo chino Minmetals Corporation (CMC) y su filial Qinghai Salt Lake Industry (QLS) anunció que renunciaba a su participación en el proyecto, para el que tenía prevista una inversión de unos 260 millones de euros (300 millones de dólares estadounidenses).