La sanidad pública madrileña aísla a las personas sordas: “Horas antes del parto no sabíamos si habría intérprete”

Belén Navas es sorda y dio a luz a su bebé sin poder apenas comunicarse con el personal sanitario durante su parto. “De repente sentí que alguien estaba tirando de la placenta sin haberme avisado”, relata en El parto como territorio político, una jornada sobre violencia obstétrica celebrada el pasado 12 de noviembre en Alcorcón. Aquella “extracción forzosa”, cuenta, le causó una hemorragia: “Parte de ella se había quedado dentro, y eso hizo que me tuvieran que llevar a quirófano”. En ese momento, sin que se informara debidamente de lo que estaba ocurriendo, recuerda preguntarse dónde estaba su hijo y pensar: “¿Esto tiene que ser así o está pasando por ser yo sorda y que no tengan un interés real en informarme?”.

Su hospital, en la Comunidad de Madrid, no le ofreció un intérprete de Lengua de Signos Española (LSE) porque la empresa adjudicataria de este servicio en la región, SAMU, le dijo que “no dan intérpretes para emergencias como partos”, según su relato. Este servicio, según figura en la página web de la Comunidad, tiene que solicitarse con al menos 48 horas de antelación. Sin embargo, Belén vuelve a estar embarazada ahora y, según denuncia a este diario, ha tenido que ir a consultas médicas sin intérprete —teniendo en cuenta que su marido también es sordo— porque “no había disponibilidad” a pesar de que solicitó el servicio con antelación de sobra. “Quiero tener intérprete presencial en mi segundo parto pero no sé si va a ser posible”, añade. 

Pero Belén no es la única que señala deficiencias en este servicio: “En muchas ocasiones no hay disponibilidad de intérpretes, aun gestionando el servicio nada más conocer la cita médica, que con las actuales listas de espera son para más de seis meses en el caso de citas de especialidad”, asegura Mónica Rodríguez, que cuenta que se ve obligada a comunicarse con su médico por escrito. “Es una situación muy incómoda: no todos los médicos tienen empatía y se adaptan, ni siquiera en recepción, donde suelen llevar mascarilla, por lo que se generan situaciones muy violentas”.

De esta manera, se incumpliría, en la práctica, la Ley de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas que reconoce el derecho de estas personas a contar con un intérprete en lengua de signos para poder comunicarse con el personal sanitario como cualquier otro paciente. Es lo que denunciaron ante el hospital Fundación Jiménez Díaz, la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) Charlotte Berthier y su pareja, Leyre Subijana. 

Un largo camino hasta conseguir un intérprete a un día del parto

Charlotte es sorda y dio a luz el pasado mes de octubre. Junto con su pareja, pusieron varias reclamaciones para exigir que el hospital ofreciera el servicio de un intérprete de LSE: “Tras un largo camino de trámites administrativos, asesoradas por una abogada, 19 horas antes de que ingresásemos en el hospital para la inducción que teníamos programada, el hospital llamó para decir que aceptaban nuestra solicitud y contaríamos con intérpretes durante el parto”. Su presencia, explican, fue “clave” en momentos críticos, como “cuando se consideró la opción de llegar a cesárea”. A pesar de que el desenlace fue positivo, apuntan que “nadie debería pasar de nuevo por el laberinto burocrático e institucional por el que nosotras hemos pasado para que este derecho se reconozca”. 

Hasta el día anterior al parto, con la incertidumbre y los nervios que supuso la tardanza, la única alternativa que daba el hospital era el SVIsual. Se trata de un servicio de videointerpretación en el que, a través de una pantalla, el usuario puede comunicarse con un intérprete que traduzca las conversaciones a tiempo real. Pero, según argumentó la pareja, esta opción podría suponer una “experiencia nefasta”. 

La videointerpretación presenta varias deficiencias incompatibles con la situación que supone un parto para la madre, argumentan, “como una carga extra de atención —la paciente debería mantener la mirada fija en la pantalla para saber lo que están diciendo los médicos y se vería obligada a expresarse—, la mala imagen debido a la mala cobertura que suele haber en los hospitales, que le toque una intérprete que no cumpla el perfil necesario, que tenga que estar en la cola de espera…”.

Sin servicio de videointerpretación

Más allá de situaciones como partos, este sistema solía ofrecerse en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y era la única herramienta de la que disponían las personas sordas cuando acudían, por ejemplo, a las urgencias, donde resulta imposible solicitar un intérprete con antelación. Sin embargo, desde febrero de este año, ya no está operativo dado que el Gobierno de Ayuso no lo financia. Es lo que asegura la Fundación CNSE, que trabaja para la supresión de barreras de comunicación. Ellos han ofrecido este servicio de videointerpretación de Lengua de Signos Española (LSE) de manera gratuita durante más de ocho años sin recibir un sólo euro por parte de la Comunidad. Por su parte, la Consejería de Sanidad no ha respondido a las preguntas de este diario al respecto. 

En 2023 la Fundación plantea a la Comunidad “la necesidad de que este servicio fuera debidamente financiado por la Consejería de Sanidad, pues desde 2017 estaba siendo sostenido con recursos propios”. Al año siguiente, vuelven a insistir y avisan de que si las arcas públicas no toman las riendas, en febrero de 2025 se verían obligados a dejar de ofrecer el servicio. Y así fue, afirman. La única razón por la que se lo ofrecieron a Charlotte es que la Fundación Jiménez Díaz pertenece al Grupo Quirón, donde sí se da ese servicio por iniciativa privada. 

“Esta interrupción no responde a una decisión técnica ni a una falta de voluntad por parte de nuestras entidades sociales, sino a la imposibilidad material de seguir manteniendo el servicio de videointerpretación SVIsual sin la debida contraprestación económica por parte de la administración autonómica”, aclara la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid (Fesorcam), otra de las asociaciones implicadas en el convenio. Apuntan, además, que en otras comunidades autónomas, como Galicia o Valencia, este sistema sí que está financiado por el gobierno autonómico. Actualmente, los únicos hospitales en Madrid donde se sigue proporcionando este servicio son los pertenecientes al grupo Quirón. 

Las deficiencias del SVIsual: “Jamás pude disfrutarlo”

Pero incluso mientras estaba disponible, las mujeres consultadas por este periódico sostienen que el sistema SVIsual estaba lejos de ser satisfactorio: “Jamás pude disfrutarlo en las ocasiones en que he ido a hospitales públicos”, asegura Mónica Rodríguez. En una ocasión, acudió a urgencias con una lesión grave. Esta “no se trató bien por la nula accesibilidad a la información y a la comunicación”, asegura, y explica que el personal sanitario “no sabe de qué se trata, ni qué dispositivo coger”, que recibe “malas actitudes por el desconocimiento y estrés de la situación que genera” o que incluso no funciona por no haber cobertura de internet. 

Belén Navas coincide en este sentido. La “mala cobertura”, “larga espera en la cola”, el hecho de no saber quién te tocará como intérprete, que no haya “soporte adecuado para el tablet en caso de que la paciente sorda esté tumbada y quiera usar las dos manos para comunicarse”, o que el sistema no funcione “por falta de actualización”, son algunos de los problemas que nombra.

En concreto, la garantía de la cobertura y wifi para el funcionamiento de la videointerpretación es responsabilidad de la administración. Era una de las únicas responsabilidades del servicio madrileño de salud a cambio de obtener el servicio en sí de manera gratuita: “Buscar soluciones a los problemas de conectividad (apertura de puertos en su red de comunicaciones, implantación de wifi), la adquisición de dispositivos (tablets) y la definición de procedimientos para la adecuada utilización del servicio de videointerpretación”, detalla la Fundación CNSE. 

Para estas mujeres, las soluciones pasan, por ejemplo, por sensibilizar al personal sanitario sobre la comunidad sorda, tener un equipo propio —y no externalizado— de intérpretes y garantizar a un equipo de guardia para emergencias y reservar el uso del sistema SVIsual a trámites como el triaje en las urgencias.