La cúpula de la Policía Local de Zaragoza declarará ante la jueza por presuntas coacciones graves y prevaricación

El superintendente de la Policía Local de Zaragoza, Antonio Blas Soriano; el intendente principal del Área de Tráfico, Juan Maroto, y el jefe del Servicio de Relaciones Laborales del Ayuntamiento de Zaragoza, Felipe Galán, están citados el 10 de diciembre por una jueza para declarar por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, coacciones graves y contra la libertad sindical. Lo hacen a raíz de la denuncia interpuesta por tres representantes sindicales de Forzapol a los que se les abrió un expediente por denunciar varias irregularidades, entre ellas seguimientos a policías fuera de servicio.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por José Ignacio Cuartero, David Benavides y Jesús Gutiérrez, responsables del mencionado sindicato –y que este martes declaran en calidad de denunciantes–, contra los dos mandos policiales y el responsable municipial en junio del año pasado.

En marzo de 2023, durante la campaña electoral a la Junta de Personal del Ayuntamiento, los representantes sindicales publicaron un vídeo en YouTube en el que denunciaban un exceso del celo recaudatorio en materia de tráfico, una supuesta persecución a trabajadores y el seguimiento de agentes fuera de servicio.

Días después, los mandos policiales requirieron a los miembros de Forzapol los informes que acreditan lo denunciado en el vídeo, pero estos se negaron salvo en el caso de que lo reclamara “la autoridad judicial”.

Por este motivo se les abrió un expediente de información reservada –fase administrativa previa– por parte del Servicio de Relaciones Laborales municipal con el objetivo de aclarar si hubo una orden de los responsables policiales para llevar a cabo esos seguimientos. Hasta cinco mandos –entre ellos, los dos ahora investigados– negaron en septiembre de 2023 haberlos ordenado. El procedimiento del Servicio de Relaciones Laborales acabó derivando en un expediente informativo contra los representantes sindicales.

Su condición de delegados

La negativa por parte de estos tres miembros de Forzapol a aportar “el informe que aparece en el vídeo objeto de disputa”, según los denunciantes, radicaba en que recibieron la documentación “en su condición de delegados”, en su ejercicio sindical, con lo que quedaban liberados de la obligación seguir el orden jerárquico en la denuncia de irregularidades.

En todo caso, Cuartero y Benavides trasladaron que el “mencionado informe” con el “seguimiento discreto” a una agente de Policía fuera de servicio “ya consta en sus archivos, al ser obtenido de un expediente disciplinario anterior”.

La persona objeto del seguimiento policial fue una agente que acabó sancionada con un año y un mes de suspensión de funciones por trabajar el 10 de noviembre de 2019 en estado de embriaguez –en un principio, la mujer había dicho que se “sentía indispuesta”–, algo que quedó acreditado por un etilómetro al que fue sometida dentro del Cuartel de Palafox. Ella sin embargo negó que hubiera ingerido alcohol y atribuyó su indisposición a una “crisis de ansiedad”.

Según el informe policial, suscrito por el intendente jefe del Sector Sur, en ese momento se ordenó, “dado su estado anímico”, un “seguimiento discreto” de la policía al abandonar las dependencias, de donde se desplazó hasta un establecimiento de hostelería. Una hora después, y “ante la aparente normalidad del estado de la agente”, que estaba “acompañada de otra persona”, la patrulla abandonó la vigilancia.

Este documento pasó por los dos mandos policiales y por el responsable municipal investigados.