Telefónica pone precio al ERE: ofrece el 68% del salario a los mayores de 55 años

La mesa de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telefónica ha avanzado este lunes con la presentación de la propuesta económica oficial por parte de la empresa, que espera superar los 6.000 despidos. La operadora ha trasladado a la representación social las condiciones concretas para los empleados que se acojan al plan de salidas, estableciendo diferentes tramos según la fecha de nacimiento.

Para el grupo mayoritario de afectados, que comprende a los trabajadores nacidos en 1969, 1970 y 1971, la compañía ofrece percibir un 68% del salario regulador hasta los 63 años. A partir de esa edad y hasta los 65, el porcentaje se ajustaría al 38%. En este grupo entraría también los que solicitaron unirse al ERE anterior y no pudieron, unas 220 personas.

En el caso de los empleados de mayor edad, nacidos en 1968 o años anteriores, la propuesta económica se sitúa en un 62% del salario regulador hasta los 63 años y un 34% hasta los 65. Aunque la cifra principal replica el esquema de rentas de ajustes previos, la oferta llega con una letra pequeña que ha encendido las alarmas en la bancada social: la eliminación de la prima de voluntariedad que sí se abonó en el ERE de 2024.

Más allá de los porcentajes mensuales, el paquete de salida incluye el mantenimiento de la cobertura social, una pieza clave para hacer digerible el ajuste. Telefónica asumiría el coste del Convenio Especial con la Seguridad Social hasta la edad de jubilación, así como la póliza de salud y el seguro colectivo de riesgo. La oferta se completa con una aportación extraordinaria al plan de pensiones y la cobertura de los costes de cotización durante el desempleo, intentando construir un paracaídas lo suficientemente robusto como para atraer a los trabajadores a la puerta de salida.

Sin embargo, el principal escollo para el acuerdo no está solo en la cuantía de las rentas, sino en la voluntariedad. Telefónica plantea que 5.040 de las bajas sean mediante prejubilaciones a partir de los 55 años, lo que representa el 82% del total del ajuste, pero se reserva la potestad de ejecutar despidos forzosos si no se alcanzan las cifras previstas con adscripciones voluntarias.

“Nuestra exigencia es la universalidad y la voluntariedad. Es decir, que no haya despidos forzosos”, ha recalcado Víctor Manuel Pascual, secretario general de CCOO estatal en el grupo de empresas de Telefónica. “Eso todavía está por definir y en la siguiente reunión hablaremos”, adelanta.

La representación de los trabajadores ha recordado a la empresa que la garantía de empleo vigente en el actual convenio colectivo impide la activación de cualquier despido que no sea pactado, por lo que consideran inasumible firmar un acuerdo que deje en manos de la dirección la decisión final sobre quién abandona la compañía.

El recorte tiene además una derivada política inédita respecto a los anteriores, ya que se ejecuta con el Estado sentado en el consejo de administración a través de la SEPI, lo que ha provocado un choque de posturas dentro del Gobierno. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado de “indecente” que una empresa con beneficios y participación pública plantee este volumen de despidos: “el dinero público no está para despedir a nadie”, ha expresado en una carta.

Una posición que contrasta con la prudencia del ala socialista. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, se ha limitado a marcar la línea roja en el pacto social, insistiendo en que la posición oficial del Ejecutivo es que “lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos”.

De forma paralela al ERE, las partes intentan avanzar en la renovación del marco laboral para la plantilla que permanecerá en el grupo. La dirección ha propuesto una prórroga del convenio colectivo que extendería su vigencia hasta el año 2030, entrando en vigor en 2027. En esta mesa, la batalla sindical se centra en asegurar el poder adquisitivo mediante cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC y en corregir la doble escala salarial generada en 2011, que penaliza a los empleados más jóvenes. El objetivo de la parte social es claro: que el dinero destinado a facilitar las salidas no sirva para precarizar las condiciones de quienes deben sostener el futuro operativo de la compañía.