El Gobierno pide a todos los partidos que apoyen la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, y en el que han participado los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Igualdad e Inclusión, en el que expresa su compromiso para “materializar plenamente el derecho de las personas con discapacidad a una vida autónoma” mediante la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que se están tramitando en el Congreso de los Diputados. 

La declaración institucional apela al consenso social, de la misma forma que ocurrió con la reforma del artículo 49 de la Constitución, cuando una amplía mayoría parlamentaria, que puso de acuerdo a los dos grandes partidos, PSOE y PP, permitió que el Congreso aprobara la tercera reforma constitucional en 45 años, que sustituyó el término “disminuidos” por “personas con discapacidad” en el año 2024.

Otros de los compromisos concretos contemplados dentro de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad y que quedan recogidos en esta declaración, son el impulso de nuevos servicios para cuidados y apoyos a la vivienda, la actualización del catálogo de servicios y prestaciones, así como el refuerzo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con el fin de que las personas con discapacidad puedan acceder a apoyos más diversos que garanticen su derecho a una vida independiente. 

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 explica que estas reformas permitirán “eliminar incompatibilidades entre servicios y prestaciones para garantizar una mayor personalización en la atención a cada persona y otorgar una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de los apoyos y las necesidades”. Esto va a permitir que se incentive el empleo y será, según recoge la declaración, “un salto cualitativo para las personas con discapacidad, que podrán acceder a apoyos más diversos, personalizados y con enfoque comunitario y perspectiva de género”.

Con el objetivo de que nadie tenga que abandonar su casa por no poder salir a la calle, el texto reconoce como derecho la accesibilidad universal, además de una obligación de todos los poderes públicos. También menciona otras obligaciones legales, que el Proyecto de Ley incluye, para blindar el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad, tales como la puesta en marcha de ascensores, rampas o dispositivos accesibles en las comunidades, elementos clave para garantizar una mayor calidad de vida en las personas con discapacidad.