Hacienda retrasa un año Verifactu, el nuevo sistema de facturación para pymes y autónomos

El Gobierno retrasa la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, hasta el 1 de enero de 2027 para las pymes y al 1 de julio de ese mismo año para los autónomos, después de las quejas de múltiples asociaciones y patronales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en sendas entrevistas este martes que el Real Decreto-Ley que aprueba el Consejo de Ministros para cumplir varios compromisos pendientes con Junts incluiría una ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, que debía entrar en vigor en apenas un mes.

Fuentes de Hacienda precisan que, en ambos casos, esta obligación se retrasa un año, hasta el 1 de enero de 2027 en el caso de los declarantes del Impuesto de Sociedades y hasta el 1 de julio para el resto, fundamentalmente trabajadores autónomos.

La nueva obligación suponía adaptar los software de facturación -en el caso de aquellos que no hagan facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel- para generar ficheros con una especie de ‘huella digital’ para evitar alteraciones, e incluir un código QR en cada una de ellas a través del cual se pueda acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora.

“De forma muy resumida, la normativa a lo que obliga es que, por cada factura que se emita, debe generarse un registro de facturación”, explica Èlia Urgell, Tax & Invoicing Product Manager en Wolters Kluwer, una de las empresas que diseñan estos software para empresas.

A partir de aquí, explica Urgell, las empresas cuentan con dos opciones. “Pueden guardar esa información en el sistema, para cuando lo requiera la Agencia Tributaria o pueden apostar por la modalidad Verifactu que, de forma automática, el sistema envía ese registro a la Agencia Tributaria para que ellas sean las responsables de tener ese registro”, señala en conversación telefónica.

El compromiso de retrasar esta obligación era un reclamo de Junts, pero también de las patronales catalanes. Singularmente, Pimec, que reclamó ayudas directas para su implantación, ya que uno de cada cuatro empresarios creen que gastarán entre 1.000 y 6.000 euros en la actualización del software y de los nuevos equipos. Además, más de la mitad de los asociados en la rama del comercio (55,4%) desconocían cuándo entrarían en vigor las nuevas obligaciones.

El más contundente en sus críticas fue el vicepresidente de CEOE y presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, que exigió que se posponga la implementación de Verifactu a 2027. “La facturación electrónica no será obligatoria para autónomos y pymes hasta el 2028. Aún estamos a la espera de la publicación de un RD por parte del Ministerio de Economía. No vuelvan más locos a los autónomos, a las pymes y a los profesionales y asesores que trabajan con nosotros. ¡No más trabas”, escribió en un mensaje a través de su cuenta de la red social X.

En este sentido, y en declaraciones remitidas a los medios, Amor ha calificado el cambio de opinión del Ejecutivo de “bienvenido”. “ATA solicitó esta prórroga el 31 de octubre y en varias ocasionesy agradecemos a Junts que haya hecho bandera de esta demanda”, señala el representante de ATA.

Desde la asociación de autónomos UPTA, su presidente, Eduardo Abad, ha calificado de “despropósito” el giro del Gobierno. “Es un auténtico despropósito por parte del Gobierno estar continuamente planteando temas y luego dar marcha atrás. Esto lo único que genera es desconfianza, no genera seguridad y el colectivo de verdad que está harto de esta situación”, asegura en declaraciones remitidas a los medios, que critica que “parece que nadie está al volante de la situación”.