La Fiscalía pide cárcel para una concejala de Igualdad de IU en Granada por golpear a una testigo de una agresión sexual

La Fiscalía Provincial de Granada ha solicitado cuatro años de cárcel contra la concejala de Igualdad de Pinos Puente, Margarita Álvarez. El Ministerio Fiscal considera probado que la edil, que pertenece a Izquierda Unida, golpeó a una testigo que tenía que testificar en un caso de agresión sexual en el que está investigado su propio hijo, menor de edad. Los hechos, que ocurrieron en 2023, han dado pie al escrito de acusación del fiscal al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. Mientras la acusada guarda silencio, su partido confía en la “presunción de inocencia”.

Los hechos que han dado pie a la petición de la Fiscalía tuvieron lugar presuntamente el 13 de junio de 2023, apenas dos semanas después de que Álvarez obtuviera su cargo como concejal tras las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo. Según se describe en la documentación a la que ha accedido este periódico, la edil de Izquierda Unida acudió, junto con otra mujer, a la puerta de una peluquería de Pinos Puente para esperar a que saliera una tercera mujer que tenía que acudir como testigo a un juicio por violencia sexual en el que están investigados tanto el hijo de la concejal como la de su acompañante aquel día, ambos menores de edad.

Cuando esta persona salió de la peluquería, Margarita Álvarez y la otra mujer comenzaron, presuntamente, a amenazarle diciéndole “ahora sí, ya sí podemos” para posteriormente tirarle de los pelos, golpearle en la cabeza y tirarla al suelo, donde continuaron agrediéndola. Fruto de la agresión, la víctima habría sufrido la rotura de la camiseta que llevaba puesta y habría perdido un anillo y un pendiente. Tras lo ocurrido, Álvarez y la otra presunta agresora se marcharon del lugar dejando malherida a la persona a la que habrían increpado y golpeado.

Unos hechos que, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, provocaron en la víctima daños físicos en sus manos y parte de su cuerpo, que le impidieron llevar una vida normal durante más de un mes, además de secuelas psiquiátricas que aparecen recogidas como pruebas para el fiscal de la agresión que habría protagonizado Margarita Álvarez. Por lo sucedido, el Ministerio Fiscal solicita para ambas mujeres una pena de cuatro años de cárcel por los delitos de agresión y represalias. Además, el fiscal también solicita una multa de 600 euros y casi 5.000 euros por los daños físicos. Dejando al Juzgado de Instrucción 1 de Granada que determine la cuantía que deberían pagar también por la camiseta rota y el anillo y el pendiente perdidos.

No obstante, el escrito también recoge que no solo tuvo lugar el episodio que se describe como agresión física, sino que mes y medio antes, el 28 de abril, la propia concejal y la otra presunta agresora amenazaron a la que sería su víctima. Ambas le habrían acusado de arruinarles la vida por querer testificar contra sus hijos en el caso de agresión sexual en el que ambos ya estaban como investigados en ese momento. De hecho, según la víctima, que denunció todo lo sucedido al 14 de junio ante la Guardia Civil, la concejal de Igualdad -que entonces aún no era edil- habría llegado a recriminarle que no mediase “con la madre de la niña” presuntamente agredida por sus hijos.

Silencio institucional

Pese a la gravedad de los hechos y a la acusación que recae sobre la edil del Ayuntamiento de Pinos Puente, desde la Alcaldía del PSOE, que gobierna en coalición con IU, prefieren guardar silencio. Un silencio al que se suma la propia acusada. Este medio ha intentado recabar la versión institucional y de la aludida sin éxito, aunque sí ha podido hablar con Izquierda Unida que se remite a un comunicado en el que dicen confiar en la “presunción de inocencia” de Álvarez. En todo caso, dicen en ese escrito, aplicarán su normativa de forma estricta si finalmente se confirman los hechos que investiga la Audiencia de Granada y por los que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel.

Mientras tanto, desde la oposición de Vox piden la dimisión de la concejala de Igualdad y fuentes vecinales consultadas por este medio se limitan a decir que los hechos por los que se produjo la agresión son fruto de “dos versiones diferentes dependiendo de la familia a la que se pregunte”. El silencio, en general, se ha instalado en Pinos Puentes al respecto de este tema, hasta el punto de que el Partido Popular, a preguntas de este medio, también ha declinado hacer declaraciones.