La Generalitat acusa a Abogados Cristianos de paralizar «de forma espuria» la eutanasia de la joven N.

“Incoherente” y “artificioso”. Así califica la Generalitat el último intento de Abogados Cristianos para impedir la eutanasia a la joven N., quien desde julio de 2024 ve impedido su derecho a morir por la ofensiva judicial de la entidad ultracatólica. La abogacía de la Generalitat ha solicitado al Tribunal Supremo que inadmita de plano el recurso de Abogados Cristianos contra el aval del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a la eutanasia de la joven.

El abogado del Govern, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, mantiene que este nuevo recurso de Abogados Cristianos solo busca paralizar “de forma espuria” la eutanasia de N., avalada por los médicos desde hace más de un año pero que la batalla judicial de la entidad está logrando, por ahora, frenar.

De admitir el recurso de la entidad, que representa al padre de la joven, y estudiar su fondo, el Supremo todavía alargaría más el sufrimiento de la paciente. Los ultras ya han avanzado que su intención es agotar las instancias nacionales e internacionales para que N. no pueda morir en paz.

La insistencia de Abogados Cristianos en impedir la muerte digna de N. supone, para la Generalitat, “una terquedad” ajena a los motivos legales que sustentan un recurso de casación ante el Supremo, así como “una declarada voluntad de torpedear el ejercicio efectivo de un derecho fundamental” como es el de la propia N., una joven de 25 años con tetraplejia y trastorno límite de la personalidad, a poner fin a su vida.

La joven N., junto a un hombre de 54 años de Barcelona, son las dos únicas personas en España que no pueden ejercer su derecho a la eutanasia debido a que sus familiares lo han recurrido judicialmente. A diferencia del otro familiar, representado por un abogado particular, el padre de N. ha ido de la mano en todo el procedimiento de la entidad ultra, que lo ha convertido en estandarte de su ofensiva contra la muerte digna.

Además de recurrir ante los juzgados de lo contencioso contra el acuerdo del pleno de 19 médicos y juristas de la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia en Catalunya que avaló la eutanasia a N. en julio de 2024, Abogados Cristianos ha emprendido la vía penal contra dos de los expertos que tramitaron la petición de la joven.

Al margen de que, como tantas otras, la querella de Abogados Cristianos quede en nada, la insistencia de la entidad en recurrir, primero ante el TSJC y ahora ante el Supremo, el aval judicial a la eutanasia de la joven ha logrado su principal objetivo: que N. no pueda morir mientras el sufrimiento físico y psicológico que padece crece cada día.

Así lo informó ella misma en una carta al TSJC, que adelantó este diario, y en la que denunció que dos monjas entraban en la habitación del hospital en el que está ingresada para coaccionarla e intentar que cambiara de opinión. Pero N. sigue decidida a morir.

El pasado mes de septiembre, el TSJC confirmó que se podía practicar la eutanasia a N. Al contario de lo que había resuelto la magistrada de lo contencioso que celebró el primer juicio en España por una eutanasia, el TSJC acordó que su padre sí estaba legitimado para recurrir, una decisión que causó preocupación en expertos y entidades promuerte digna, ya que, de confirmarse por el Supremo, puede suponer una grieta a la ley de eutanasia y paralizar en vía judicial durante años las muertes dignas.

El Supremo tiene pendiente resolver esta cuestión central sobre la legitimidad de los familiares para recurrir. Lo hará en el otro procedimiento abierto por la eutanasia, el del hombre de 54 años. La resolución de este caso todavía no tiene fecha.

Respecto a N., el Supremo tiene ahora que decidir, en primer lugar, si admite el recurso de Abogados Cristianos. La Generalitat, que representa a la Comisión de Garantía de la eutanasia en Catalunya, ha pedido al Alto Tribunal que no lo haga, toda vez que la entidad no aporta ni un solo motivo legal que lo fundamente. Inadmitir el recurso de la asociación implicaría, en la práctica, confirmar la eutanasia de N.

Remarca la Generalitat en su escrito que, tal y como ocurre desde que realizara el primer recurso, Abogados Cristianos no ha aportado un solo informe médico que contradiga todos los dictámenes que avalan la muerte digna de N. Pese a ello, la entidad ultra manifiesta “categóricamente” (aunque sin sustanciarlo en documento alguno) que N. no tiene un “pronóstico de vida limitado ni un contexto de fragilidad progresiva”.

Abogados Cristianos, insiste la Generalitat, “no guarda recato en reiterar valoraciones libres sobre la situación médica de la paciente que fueron sometidas a prueba y desmentidas” en el juicio y ante el TSJC. Todo ello pese a que el Supremo viene advirtiendo reiteradamente que el recurso de casación no puede servir para revisar la valoración de los hechos realizada por las instancias inferiores (que es precisamente lo que le pide la entidad ultra).

Además, Abogados Cristianos también acusa a la magistrada que resolvió el caso en primera instancia y al TSJC de “apartarse deliberadamente” de la jurisprudencia, aunque no concreta cuál, advierte la Generalitat. “Ni si invoca la jurisprudencia objeto de contraste ni se significa la supuesta ‘doctrina constitucional’ (sic) infringida”, apostilla el escrito.

En suma, para la Abogacía de la Generalitat, el escrito de Abogados es un nuevo intento de dilatar la muerte digna de N. al intentar “replantear cuestiones probatorias” que no han sido favorables a sus intereses.