Sánchez trata de tender puentes con Puigdemont y asume parte de su agenda de derechas

Esta era una semana sin especial carga política más allá del arranque de la campaña electoral en Extremadura y Pedro Sánchez ha aprovechado para intentar cambiar el paso después de las réplicas del terremoto de la corrupción que afecta al PSOE con la entrada en prisión de José Luis Ábalos. Lo ha hecho centrando el tiro en Junts, cuya ruptura pone aún más cuesta arriba lo que queda de legislatura. El presidente del Gobierno ha anunciado la aprobación de una serie de medidas, que estaban comprometidas con la formación independentista y que no se habían cumplido aún, para intentar seducir a Carles Puigdemont, asumiendo una parte de su agenda de derechas.

Sánchez ha imprimido un giro a la posición que hasta ahora había mantenido el Gobierno respecto a la ruptura de Puigdemont. Inicialmente, los socialistas minimizaron el ‘no’ de Junts y llegaron a desoír su amenaza a todas las leyes de la coalición. “En lo que esté en nuestra mano el Gobierno está cumpliendo y, en lo que no está en exclusiva en nuestra mano, está trabajando”, le dijo el presidente a Junts.

“Yo asumo los incumplimientos y los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya. Siempre he dicho que la mano está tendida, que nuestra voluntad de negociación es inequívoca, que vamos a cumplir con los acuerdos que firmamos con Junts”, reconoció Pedro Sánchez en sendas entrevistas en RAC1 y en La 2Cat de RTVE.

“No sabemos si hay agua en la piscina”

La elección no ha sido baladí: dos medios catalanes para que los anuncios llegaran con nitidez donde tenían que llegar. “Es más importante el mensaje que las medidas que se han aprobado”, reconocen fuentes gubernamentales. En Moncloa aseguran que aguardan cómo encaja Junts el recado de Sánchez y que no se ha abordado previamente con la formación independentista: “No sabemos si hay agua en la piscina”. “No hay contactos con Junts, pero ya estaba hablado de antes”, señala un ministro sobre las iniciativas planteadas por Sánchez.

Lo que ha aprobado el Consejo de Ministros este mismo martes es un decreto ley, que tendrá que refrendar el Congreso (y ahí los votos de Junts y del resto de aliados de la investidura son imprescindibles), con medidas como la flexibilización de inversiones financieramente sostenibles a los ayuntamientos y entes locales, la delegación a la Generalitat de Catalunya de la competencia de los funcionarios “habilitados nacionales” y un retraso de un año de Verifactu, el nuevo sistema de facturación para pymes y autónomos.

Sánchez y Feijóo se rifan a la patronal catalana

La última era una reclamación de Junts, pero también del “empresariado catalán”, según ha recordado el propio Sánchez. Tampoco la alusión es insignificante dado que el pasado viernes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hizo un llamamiento a la patronal catalana para que convenza a Junts y ERC de que apoyen una moción de censura. “Lo que me faltan son votos de los suyos”, les dijo.

En Moncloa no dieron mucha relevancia a esas palabras, que también han sido rechazadas por Junts. “Le pide que intermedie con Junts per Catalunya y otras fuerzas parlamentarias. A aquellas que, por cierto, les ha dicho que la amnistía es corrupción y que, por tanto, no se va a aplicar, les pide que les echen una mano para hacer una moción de censura”, ha criticado Sánchez en su entrevista en RAC1. Y es que, por muchas medidas y gestos que el Gobierno pueda hacer a la formación independentista, en Moncloa creen que tienen una muy relevante en su haber. “Si hay que hacer ranking de incumplimientos, hay un cumplimiento muy grande, la amnistía, que ha propiciado una situación muy distinta en Catalunya”, señalan fuentes gubernamentales, que consideran que la “actitud de desprecio” de Feijóo es una “desfachatez”.

Para Sánchez, esa norma ha permitido normalizar y mejorar la convivencia en Catalunya. “¿Descartamos que el Partido Popular y Junts per Catalunya en un futuro se puedan entender? Lo digo en el mejor de los sentidos, ojalá ocurra eso, porque eso significará que la amnistía, la normalización y, por tanto, la convivencia en Catalunya y en el conjunto del Estado se ha consolidado. Esta también es una de las grandes apuestas de esta legislatura: la normalización y abrir un proceso de diálogo que nos pueda permitir resolver este conflicto político”, ha expresado el presidente. Y, como ya había hecho previamente, no ha descartado reunirse con Puigdemont, incluso si es en Bruselas, pero ha reconocido que no es el momento. El precio a pagar es alto.

Además de echar un cable a la patronal con el retraso en la aplicación de Verifactu, los gestos de Sánchez suponen asumir una parte de la agenda de la derecha al impulsar la ley sobre multirreincidencia de Junts para endurecer los castigos a los pequeños delitos que se reiteran, algo ante lo que se han revuelto algunos socios del Ejecutivo. El desbloqueo en el Congreso se produjo poco después de que Junts anunciara la ruptura y Sánchez ha anticipado avances inminentes en la reunión de la ponencia este jueves. El Gobierno y la Generalitat ya firmaron hace un año una serie de medidas contra la multirreincidencia, aunque la ley, cuya toma en consideración apoyó la derecha, el PSOE y algunos partidos del bloque de investidura como el PNV, cuenta con la oposición del resto de la izquierda, también de Sumar, que considera que detrás de los discursos que vinculan inmigración y delincuencia se esconde una mirada racista. A Sánchez también le han preguntado en RAC1 por la petición de acelerar los procesos para desalojar inmuebles “okupados”, a lo que ha respondido que está “en tramitación parlamentaria”.

Legislatura cuesta arriba y 27.000 millones en juego

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un real decreto que incluirá medidas de ayuda a los propietarios de viviendas ante los impagos de los alquileres en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables. Era otra de las reclamaciones incumplidas de Junts. “Los auténticos adversarios están en esa derecha que no reconoce el derecho a la vivienda”, ha dicho la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en los pasillos del Senado.

En un periodo marcado por el cerco judicial y en el que en el Gobierno se preparan para recibir golpe tras golpe con la entrada en prisión de Ábalos, el procesamiento de Santos Cerdán y los posteriores juicios también son conscientes de la dificultad de acabar el mandato en 2027 sin ser capaces de sacar adelante ni una sola iniciativa. Fuentes gubernamentales admiten, además, una especial preocupación por los proyectos de los que dependen los fondos europeos. En juego están parte de los 27.000 millones que quedan pendientes.

Mientras tanto, en el Gobierno aguardan la respuesta de Junts, que está prevista para este miércoles de boca de su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras. Por el momento, el senador Eduard Pujol, que ha invitado a los socialistas a hacer “autocrítica del Régimen del 78 y sus debilidades democráticas” y ha advertido de que los independentistas son más de “carreras de fondo” que de “sprints”: “Maquillaje o coraje, ruptura sí o ruptura no, si siguen haciendo lo mismo de siempre, vamos a tener lo de siempre”.