El PP de Moreno veta la publicación de los tiempos de espera para pruebas diagnósticas tras la crisis de los cribados

El Parlamento andaluz, con el voto en solitario del PP, ha rechazado este miércoles una propuesta suscrita por todos los grupos de la oposición para obligar al Gobierno de Juan Manuel Moreno a que publique las listas de espera y el tiempo de demora para pruebas diagnósticas en la sanidad pública.

Es un tema recurrente en los recurrentes debates parlamentarios sobre los problemas del sistema sanitario, pero hoy, desde el grupo proponente -Por Andalucía- hasta Vox, han relacionado esta “opacidad” de la Consejería de Sanidad con la crisis de los cribados de cáncer de mama, que hizo tambalear al Ejecutivo andaluz precisamente por el diagnóstico tardío a cientos de mujeres.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) lleva siete años ocultando estos datos, insistentemente reclamados por los sindicatos médicos, las Mareas Blancas, el Ministerio de Sanidad y todos los grupos de la oposición. La falta de esa información provoca un “punto ciego” dentro del circuito asistencial del SAS: la ciudadanía tiene acceso a las listas de espera para ser atendido por un especialista (unos 800.000 pacientes) y a las listas de espera para una operación quirúrgica (en torno a 200.000). Las comunidades actualizan esos números dos veces al año y remiten los datos al Ministerio.

Lo que la ciudadanía desconoce desde hace siete años es el tiempo medio de espera desde que un especialista atiende al paciente y le prescribe determinadas pruebas, hasta que las pruebas se realizan, se envían al especialista y éste puede elaborar un diagnóstico. ¿Cuántas personas hay en Andalucía con una dolencia sin diagnosticar y durante cuánto tiempo?

Ese “fundido en negro”, en palabras de la diputada Inmaculada Nieto, es el que inspira la proposición no de ley presentada este miércoles por el grupo Por Andalucía, que acusa a la Junta de incumplir el “Principio de Transparencia” establecido en la Ley de Salud Pública. El Real Decreto que regula las listas de espera, de 2003, también obliga a las comunidades a publicar las listas de espera de primera consulta con el especialista, las de intervenciones quirúrgicas y las de pruebas diagnósticas.

Hasta junio de 2018 había (y hay) información disponible sobre las listas de espera en pruebas diagnósticas en la página web de la Consejería de Salud. Los últimos datos publicados hablaban de unos 10.000 andaluces en espera y una demora media de 43 días para recibir el diagnóstico de un especialista (todas dentro de los plazos legales de garantías). El Ejecutivo de Moreno asegura que esos datos “no eran ciertos”, pero nunca ha aportado cifras actualizadas para desmentirlos.

Hasta junio de 2018 se publicaban regularmente dos veces al año, como el resto de listas de espera sanitarias, primero en junio, luego en diciembre. Pero en diciembre de 2018, el último mes de gobierno socialista, tras 37 años en el poder, la segunda tanda de aquel año ya no se actualizó, y el nuevo Ejecutivo del PP cambiaría el sistema de gestión de información y no volvería a hacerlo, hasta hoy.

Al romperse la serie histórica en 2018, la ciudadanía, los sindicatos, las asociaciones clínicas y los grupos políticos no han podido conocer ni fiscalizar la evolución del tiempo de demora que sufren los andaluces para conocer su diagnóstico de manos de un especialista.

En 2020 estalló la pandemia de Covid-19, que multiplicó la presión asistencial y asestó un durísimo golpe al sistema sanitario andaluz. El Gobierno de Moreno demoró un año la actualización de los datos de lista de esperas quirúrgicas y para consultas externas y, cuando finalmente los hizo públicos, el número de pacientes que había rebasado el plazo legal para operarse se había disparado un 227% [noviembre de 2023].

Entre 2020 y principios de 2024, el SAS utilizó por sistema los contratos de emergencia sin publicidad ni concurrencia competitiva, para derivar a miles de pacientes a clínicas privadas, tratando de embridar las desbocadas listas de espera quirúrgicas. El “abuso” de este sistema de contratación a dedo fue censurado, a posteriori, por los interventores del SAS, advirtiendo a la Junta de que había hecho uso del marco legal excepcional habilitado en pandemia para agilizar las adjudicaciones cuando ya estaba derogado.

Este asunto está judicializado, en manos de un juzgado de Sevilla que ha citado a declarar, como imputados, a los tres últimos gerentes del SAS, y como testigos a la actual viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, a la actual consejera de Medio Ambiente y ex responsable de la cartera de Salud, Catalina García, al director general de gestión económica del SAS, José Antonio Miranda, y otra media docena de altos cargos de la Junta.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en la sesión de control.

El “apagón” de los diagnósticos y la crisis de los cribados

La portavoz de Por Andalucía ha exigido “transparencia” a un Gobierno andaluz “que presume de transparencia”. Todos los grupos de la oposición, que han apoyado la iniciativa, coinciden en que el retraso en los diagnósticos está íntimamente relacionado con la abultada lista de espera para operarse, principal razón en la que se ha escudado la Junta estos últimos cinco años para derivar a miles de pacientes a la sanidad privada, estirando los contratos de emergencia.

“A través de los trabajadores de los hospitales, sabemos que hay atascos formidables para la realización de determinadas pruebas diagnósticas, en algunos casos, con retrasos de más de un año, de personas con una dolencia que no tienen diagnóstico”, ha denunciado Nieto, citando al Hospital clínico de Málaga, al Hospital Universitario de Jerez y al Juan Ramón Jiménez de Huelva.

El Ejecutivo andaluz se escuda en que el Ministerio de Sanidad tampoco publica los datos sobre pruebas diagnósticas, que el departamento de Mónica García “no ha fijado criterios homogéneos” a todas las comunidades para que publiquen esas cifras, y que tampoco lo están haciendo otras comunidades autónomas.

En efecto, hasta hace dos años, la mayoría de gobiernos regionales no difundía esta información, capital para entender el nivel de la presión asistencial en la sanidad pública, agravada en todos los territorios tras el impacto de la pandemia. Pero, en la actualidad, ya son 12 gobiernos autonómicos los que han vuelto a publicar estos datos, algunos con mayoría absoluta del PP (Madrid, Galicia). Andalucía, junto a la Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Navarra están entre las que no facilitan estas cifras.

La Consejería de Sanidad, dirigida desde la crisis de los cribados de cáncer por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, conoce cuántos andaluces con alguna dolencia están en lista de espera para ser diagnosticado (y durante cuánto tiempo). Hasta que el especialista no reciba el resultado de las pruebas que ha pedido, esos pacientes no pueden recibir una prescripción médica ni un fármaco ni ser derivados a un quirófano, de modo que tampoco computan en lista de espera para operarse (que sí es pública).

Aunque esos datos no se publican, el proyecto de Presupuestos Autonómicos para 2026, que el Parlamento aprobará en dos semanas, sí recoge una estimación concreta del número de pacientes que serán derivados el próximo año a la sanidad privada para realizarse pruebas diagnósticas: 1.075.445 andaluces, casi el doble que en el presente ejercicio (unos 650.000).

Nieto ha relacionado el “apagón” de estos datos sobre diagnósticos con el escándalo de los cribados de cáncer de mama, que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Moreno por primera vez en siete años. La Junta admitió (y pidió perdón) por los diagnósticos tardíos de cáncer que afectaron a 2.317 mujeres (según sus cálculos) que se enteraron tarde, hasta con dos años de retraso, que su mamografía había arrojado un resultado sospechoso. En algunos casos ese hallazgo “no concluyente” derivó en un tumor maligno.

La opacidad respecto a la demora media para realizarse y obtener los resultados de una mamografía tiene una relación directa con los “errores” admitidos por el Gobierno andaluz en el escándalo de los cribados de cáncer, con al menos más de 2.000 diagnósticos tardíos y no comunicados a las afectadas.

Todos los grupos de la oposición han hecho este mismo análisis, incluso Vox, que ha propuesto una enmienda a la iniciativa de Por Andalucía (ha sido aceptada) para mejorar el plan de prevención precoz del cáncer de mama y que se publiquen, “específicamente”, las listas de espera para cribados de cáncer. El “tapón” en el circuito ordinario para realizarse mamografías, resonancias magnéticas, colonoscpias, ecografías, pruebas de sangre… es, a juicio de la oposición, lo que el Gobierno andaluz trata de “ocultar”.

Rafael Segovia, portavoz de Vox en este debate (y médico de profesión), ha asegurado que el tiempo de demora para recibir un diagnóstico es “un problema de mayor magnitud que la crisis de los cribados, porque afecta a muchas más personas” y que la reclamación de Por Andalucía es “imprescindible, necesaria y justa”.

Segovia denuncia que ese atasco “impide al paciente” ejercer su derecho de poder reclamar otro diagnóstico a la sanidad pública o incluso a la privada, con cargo al SAS, si la Junta ha incumplido el plazo legal establecido para realizar ciertas operaciones. “Esto encubre la verdadera situación de las listas de espera porque, mientras el paciente no aparece en esta lista de espera fantasma sobre diagnósticos, tampoco estará en la lista para el especialista ni en la quirúrgica”, ha denunciado el diputado de Vox.

La diputada del PSOE, Irene García, ha usado un tono más beligerante para denunciar los tiempos de espera para el diagnóstico. “Es una situación realmente escandalosa que Moreno, nada más llegar al Gobierno, decidió esconder, apagar. No sólo no las publican desde entonces, sino que todos los registros han desaparecido”.

García ha afeado a la Junta que culpe al Gobierno central de no ser transparente con la lista de espera de pacientes sin diagnóstico. “La culpa de que lleven siete años sin informar es de Pedro Sánchez, ¡por favor!”, ha asegurado, tras retar al Ejecutivo andaluz a “imitar a Catalunya y a Euskadi, que ya las publican”. La diputada socialista ha recordado que la Cámara de Cuentas de Andalucía, en un reciente informe, ha afeado a la Junta que no haya acometido ni la mitad de las recomendaciones sobre listas de espera sanitarias.

Por parte del PP ha intervenido el diputado Manuel Santiago Bonilla Hidalgo, que ha empezado reprochando a Vox que exigiese responsabilidades políticas al Gobierno de Moreno por la crisis de los cribados. “No sé si no se ha enterado que ha dimitido la consejera de Salud y la viceconsejera, entre otros, como consecuencia de la crisis de los cribados”, ha dicho.

Luego, el dirigente popular ha adelantado el voto desfavorable de su grupo: “Su PNL decae”, ha dicho, para negar los últimos datos publicados de lista de espera para pruebas diagnósticas, acusando al entonces Gobierno de Susana Díaz de “ocultar 500.000 pacientes en lista de espera en un cajón”. “Hasta que no se le derivaba al especialista no computaba como espera, cuando derivaban a la privada, ya no computaba en espera, aunque tardara seis meses más, por tanto los datos de junio de 2018 no son creíbles”, ha asegurado.

Bonilla Hidalgo ha justificado que Andalucía no haga públicos estos datos hasta que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), como ha anunciado, desarrolle una “estadística homogénea” para mejorar el análisis de las listas de espera sanitarias en España. El diputado popular ha asegurado que la espera para consultas externas se ha reducido de 176 a 53 días, desde junio de 2018 a junio de 2025, y las listas de espera quirúrgica “se han reducido un 25%”.