Así es el horror de Alligator Alcatraz: “32 personas por celda, luces siempre encendidas, frío y muchos mosquitos”

“Estamos encerrados en celdas de 93 metros cuadrados”, explica una persona que pasó por el campo de internamiento de Alligator Alcatraz: “Hay 32 personas en cada celda y hay 8 celdas dentro de la carpa. Las luces son como las de un estadio; siempre están encendidas, nunca se apagan ni se atenúan. Hace mucho frío, el aire acondicionado es muy fuerte. Hay muchos mosquitos”.

Un informe publicado este jueves por Amnistía Internacional tras un viaje al sur de Florida en septiembre de 2025 documenta los efectos de las políticas migratorias de la Administración Trump y su impacto sobre los derechos humanos en lo que respecta a la detención y deportación masivas, el acceso a un proceso justo y las condiciones de detención desde que el presidente de EEUU, Donald Trump, asumió el cargo el 20 de enero de 2025.

“No teníamos acceso a ningún tipo de medio de comunicación. No hay televisores ni periódicos. No teníamos la posibilidad de practicar nuestra religión; no hay Biblias. Estábamos encerrados en celdas casi las 24 horas del día. No podíamos recibir visitas, ni siquiera de nuestros abogados o familiares”, explica un detenido Alligator Alcatraz. Y otro apunta: “Hay tres retretes en cada celda. No hay privacidad; hay cámaras encima de los retretes. Los retretes se atascaban mucho y se desbordaban. Vi una serpiente grande. A un amigo le picó una araña que le puso huevos dentro”.

“Estas conclusiones confirman la existencia de un sistema deliberado creado para castigar, deshumanizar y ocultar el sufrimiento de las personas detenidas”, afirma Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas: “La aplicación de la legislación en materia de inmigración no puede operar al margen del Estado de derecho ni eximirse del cumplimiento de las normas de derechos humanos. Lo que estamos viendo en Florida debería alarmar a toda la región”.

La investigación se centra en las condiciones de detención en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North (Krome) y en el Centro de Detención Everglades, también conocido como Alligator Alcatraz. Y la investigación demuestra que las políticas contra los migrantes y contra el asilo del Gobierno federal y del estado de Florida, comandado por el gobernador republicano Ron DeSantis, están infundiendo un miedo generalizado en las comunidades de migrantes, solicitantes de asilo y personas en situación mixta.

“La creciente implicación de las autoridades estatales y locales en la aplicación de la ley federal de inmigración a través de los acuerdos con el ICE –llamados 287(g)– ha dado lugar a una expansión del sistema de detención arbitraria masiva de solicitantes de asilo y migrantes, en violación de las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos”, afirma Amnistía Internacional: “En virtud de estas políticas y acuerdos, la detención de solicitantes de asilo y migrantes es la norma, no la excepción”.

Krome es un centro de detención del ICE situado en el condado de Miami-Dade, en el límite de los Everglades. Las operaciones del centro están gestionadas por Akima Global Services, LLC, que lleva más de una década gestionando las instalaciones. Krome funciona tanto como centro de tramitación a corto plazo como centro de detención para migrantes y solicitantes de asilo. Esta función híbrida ha provocado un aumento del número de personas recluidas en el centro, lo que ha dado lugar a un deterioro de las condiciones de detención.

Durante décadas, organizaciones, abogados y proveedores de servicios han denunciado las condiciones en Krome, entre ellas el grave hacinamiento, la negligencia médica crónica relacionada con múltiples muertes bajo custodia, el trato degradante y abusivo, y las deficiencias procedimentales que socavan el acceso de las personas a la asistencia letrada y al debido proceso.

En 2025, el centro se ha enfrentado a un mayor escrutinio tras las denuncias de grave hacinamiento y varias muertes. “Amnistía Internacional documentó retrasos en los procedimientos de admisión, hacinamiento en las zonas de tramitación temporal, atención médica inadecuada e inaccesible, prácticas disciplinarias alarmantes, incluido el uso prolongado del aislamiento, y dificultades para acceder a la representación legal y al debido proceso en Krome”, explica el informe.

Alligator Alcatraz, por su parte, abrió sus puertas en julio de 2025 con capacidad para detener a unas 3.000 personas. El centro está situado en los Everglades, una de las zonas más sensibles desde el punto de vista ecológico de Florida. Alligator Alcatraz es el primer centro de detención de migrantes de propiedad y gestión estatal de los Estados Unidos, de Florida en este caso.

“En consecuencia, no solo no existe supervisión federal del centro, sino que tampoco está integrado en los sistemas o bases de datos del ICE”, explica Amnistía Internacional: “La ausencia de mecanismos de registro o seguimiento de las personas detenidas en Alligator Alcatraz facilita la detención en régimen de incomunicación y constituye una desaparición forzada cuando se desconoce el paradero de una persona detenida allí y no se le permite ponerse en contacto con su abogado. Las personas detenidas en el centro se enfrentan a obstáculos para acceder a la representación legal y a las garantías procesales”.

La investigación de Amnistía Internacional concluye que las personas detenidas arbitrariamente en Alligator Alcatraz “se encuentran en condiciones inhumanas e insalubres, que incluyen inodoros desbordados con materia fecal que se filtra en los lugares donde duermen, acceso limitado a las duchas, exposición a insectos sin medidas de protección, luces encendidas las 24 horas del día, comida y agua de mala calidad y falta de privacidad”.

Fotografía de archivo del 25 de julio de 2025 que muestra bloques prefabricados junto a la franja del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier durante la construcción del centro de detención de inmigrantes ‘Alligator Alcatraz’ en Ochopee (Estados Unidos). EFE/Cristobal Herrera-ulashkevich

“Las personas entrevistadas”, dice el informe, “dijeron que el acceso a la atención médica es irregular, inadecuado o se niega por completo, lo que pone a las personas en grave riesgo de sufrir daños físicos y mentales. Las personas informaron que siempre estaban esposadas cuando estaban fuera de su celda. Otros tratos a los que se ha sometido a las personas equivalen a tortura, como el encierro en la caja, descrita como una estructura similar a una jaula de 60 cm x 60 cm en la que se encierra a las personas como castigo —a veces durante horas, expuestas a la intemperie y sin apenas agua— con los pies sujetos a unas ataduras en el suelo”.

“Es aterrador lo que ocurrió durante el verano”, dice otra persona entrevistada: “Las personas estaban recluidas al aire libre, inmovilizadas y expuestas a los mosquitos, que transmiten enfermedades. Estaban encerradas en celdas sin acceso suficiente a servicios básicos. Los inodoros se desbordaban y solo se les permitía ducharse una vez a la semana, si acaso. Las condiciones son terribles”.

Y otro explica: “Soy asmático y uso un inhalador. Estuve detenido en Alcatraz durante 11 días y nunca me dieron uno. Sufrí mucho con los cambios de calor a frío porque se iba la luz constantemente. La zona médica no funciona. La gente no recibía su medicación. Si necesitaban medicación a las 8 de la tarde, se la daban a las 2 de la madrugada”.

“Cuando estaba en Alligator Alcatraz, alguien murió”, explica otro testimonio: “Oí muchos gritos. Pero no hay forma de saber qué le pasó realmente a esa persona porque no estamos registrados en el sistema del ICE”.

Así, Amnistía Internacional considera que las condiciones de detención en ambas instalaciones equivalen a un trato “cruel, inhumano y degradante. El uso prolongado del aislamiento en Krome y el uso de la caja en Alligator Alcatraz equivalen a tortura.

“Estas condiciones despreciables y repugnantes en Alligator Alcatraz reflejan un patrón de negligencia deliberada diseñado para deshumanizar y castigar a los detenidos allí”, afirma Amy Fischer, directora de Derechos de los Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos: “¿Dónde está la supervisión?”.

Según los datos difundidos por AI, Alligator Alcatraz ya ha absorbido más de 360 millones de dólares en contratos emitidos por el estado de Florida y se prevé que necesite aproximadamente 450 millones de dólares anuales para funcionar una vez que esté plenamente operativo.

Los fondos para su construcción y funcionamiento vienen de la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM) a discreción del gobernador, en virtud de las competencias para adquisición de emergencia que suelen reservarse para los desastres naturales.

Amnistía Internacional ha documentado que el Gobierno de Florida recortó los recursos de programas sociales y de gestión de emergencias esenciales, al tiempo que asignó fondos discrecionales de la FDEM para financiar la construcción y el funcionamiento de Alligator Alcatraz. Y también documentó el uso habitual y prolongado de grilletes a personas migrantes detenidas, tanto en los centros de detención como durante los traslados entre centros, “lo que constituye un trato cruel, inhumano y degradante, y puede equivaler a tortura u otros malos tratos”.

Así, la organización insta al Gobierno de Florida a cerrar Alligator Alcatraz, “prohibir el uso de cualquier centro de detención de inmigrantes gestionado por el Estado, poner fin al uso indebido de los poderes de emergencia, detener todas las adquisiciones sin licitación y redirigir los fondos destinados a la detención hacia programas esenciales de atención sanitaria, vivienda y ayuda en caso de catástrofes”. Además, pide al Gobierno de los Estados Unidos “que ponga fin a su cruel maquinaria de detención y deportación masiva de inmigrantes, que deje de criminalizar la migración, que prohíba el uso de centros estatales para la detención de inmigrantes, que garantice la investigación exhaustiva de todas las muertes, abusos y denuncias de tortura durante la detención, y que cumpla con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos”.