Esperanza Aguirre, la ideóloga de un modelo sanitario que hace negocio con la salud en Madrid

Cuando Esperanza Aguirre aterrizó en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid, en 2003, llegaba con el bagaje de haber sido ministra de Cultura de José María Aznar y con varias polémicas a cuestas. Para ganar de nuevo Madrid, la joya de la corona del Partido Popular –que había mandado al presidente Alberto Ruiz-Gallardón a ser candidato a la alcaldía y había puesto a Aguirre, más neoliberal aún, para sustituirle en la comunidad–, Esperanza Aguirre puso la sanidad como uno de los ejes de su campaña. Iba a recortar las listas de espera, a abrir más centros. “Haré todo lo posible para mejorar la sanidad madrileña, de forma que ningún ciudadano tenga que esperar más de un mes para ser sometido a una intervención quirúrgica”, prometía en aquellos meses en los que se disputaba la presidencia con el socialista Rafael Simancas. Hoy, Madrid tiene la lista de espera de primera visita del especialista más alta de España y más de un millón de personas aguardando prueba diagnóstica.

El dosier de promesas de aquella campaña de 2003 incluía la construcción de 50 nuevos centros de salud y siete nuevos hospitales en la región. En ese momento, todo el sistema de atención a pacientes en Madrid era público, desde la construcción de edificios a las prestaciones sanitarias y servicios como lavandería o cafetería. De todo era responsable la Comunidad de Madrid. Se dio por sentado que Aguirre hablaba de ampliar ese modelo.

Se le escapó una frase reveladora de su verdadera opinión sobre lo público cinco meses antes de llegar a las urnas, aunque nadie reparó entonces en ella: “Haré que la sanidad pública madrileña sea tan buena o mejor que la sanidad privada”. Su referente, como el de su jefe Aznar, estaba en las empresas privadas, a las que pronto iba a meter en el sistema para “mejorar” los servicios no sanitarios y luego para “gestionar” directamente la salud de los madrileños. Ese modelo es el que ha llevado a que Madrid sea la región con más penetración de los seguros privados, una apetecible plaza para las multinacionales y, como demuestra el reciente caso de los audios del hospital del Torrejón, un lugar donde el beneficio empresarial puede fagocitar el servicio público, anteponiendo el negocio a la salud de los madrileños, como admitía un líder de la empresa Ribera Salud en un encuentro con ejecutivos de ese hospital.

La semilla: empresas constructoras

Cuando Aguirre tomó posesión del cargo de nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, se evidenció la verdadera estrategia sanitaria que iba a llevar a cabo. Junto a su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, asignó 2.280 millones de euros a un Plan de Infraestructuras Sanitarias 2003-2007 en el que metió de lleno, y por primera vez en Madrid en democracia, a empresas privadas. Estas adelantarían el dinero y construirían los edificios sanitarios a cambio de un canon anual de dinero público que se prolongaría 30 años. Acudieron a los concursos grandes compañías, algunas de ellas salpicadas más tarde por casos como Gürtel o Púnica, que se quedaron con los servicios no sanitarios: gestionaban la limpieza, cocinas o el mantenimiento del edificio que podían a su vez subcontratar. También se encargaban del alquiler de los espacios dedicados a restauración o comercios. Ante las suspicacias que suscitó este modelo entre los partidos de la oposición y los sanitarios, Aguirre solía preguntarse en alto si era necesario que los camareros y las lavanderías de un hospital fueran públicos. En su mente, si era privado sería “más eficiente” y esto no tocaba el corazón de la sanidad.

Así se construyó el hospital del Tajo en Aranjuez, el Infanta Leonor en el barrio de Vallecas (Madrid), el hospital del Sureste en Arganda, el Infanta Cristina en Parla o el del Henares en Coslada en los primeros años de gestión de la lideresa del PP, que tenía como referente a Margaret Thatcher y que importó de Reino Unido esta gestión público-privada pese a que en aquel país estaba ya suponiendo problemas económicos y hubo quiebras. Pero en el hospital de Valdemoro fue más allá y anunció que lo gestionaría enteramente una empresa privada, Capio Sanidad (que después se integraría en el actual grupo Quirón), incluyendo médicos, por lo que la Sanidad madrileña pagaría una cantidad fija, 330 euros por cada paciente que habitaba esa zona sanitaria. Esto era un salto cualitativo. Ya no se trataba de lavandería, era el personal médico y de enfermería contratado por una empresa privada el que atendería la salud de los madrileños de esa área.

Espernaza Aguirre visitando el hospital de Parla, uno de los construidos por empresas, junto a su consejero Güemes, en febrero de 2008.

Con los hospitales ya abiertos o a medias y Aguirre reelegida en 2007, las constructoras reclamaron más dinero, aduciendo que no les salían las cuentas. En septiembre de 2010, la presidenta accedió a pagarles un extra y a subir el canon. Lo llamaron “restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión”. El extra sumó más de cuatro millones de euros por “sobrecostes” en la obra y el incremento del canon anual –que suponía el pago de unos 80 millones– de un 2,4% para el resto de ejercicios hasta el año 2035. Esta decisión del equipo de Esperanza Aguirre se conoció por un informe de la Cámara de Cuentas, de 2012.

Hospitales directamente privados

Para la segunda legislatura de Aguirre, y con Juan José Güemes como consejero de Sanidad, la lideresa había prometido otros cuatro hospitales: en Carabanchel, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz y Móstoles (el Rey Juan Carlos), que atenderían a unos 800.000 vecinos. Una vez refrendada como presidenta, desveló que, en estos casos, serían directamente centros de gestión privada, ampliando así la red de hospitales privados que reciben dinero público por prestar el servicio de atender pacientes. Atrás quedaba el límite de privatizar solo lo que no fuera médico.

Hubo un momento incluso que Aguirre se planteó la privatización de los centros de salud adscritos a estos hospitales, como desveló el empresario Arturo Fernández, uno de los que acudió a la reunión montada por Güemes en el Hotel Ritz en 2008 para ofrecer “las oportunidades de negocio” del plan de infraestructuras sanitarias madrileñas. Güemes, años después, ha defendido en la comisión parlamentaria que auditaba la deuda de la Comunidad de Madrid en 2017 que “la colaboración público-privada es más eficiente en coste y tiempos de ejecución”. 

Modelo Alzira

La luz inspiradora para Madrid en esos años era el modelo Alzira, de Ribera Salud (la misma empresa de los audios del hospital de Torrejón y que hasta hace poco dirigía Alberto de Rosa, hermano del diputado del PP Fernando de Rosa). Lo abrió Eduardo Zaplana en esa localidad, totalmente privado para prestar servicio público, en 1999. Tuvo que ser rescatado en 2003 con dinero de las arcas, afloraron sobrecostes y más tarde se evidenció que fue 61 euros más caro por paciente que los hospitales públicos.

Aun así, Aguirre insistía en 2008 en ese modelo, mientras que, ante el malestar de organizaciones médicas y sindicatos, defendía su gestión: “No hemos privatizado la sanidad en Madrid, nada de la sanidad en Madrid es privado. La sanidad madrileña es universal, gratuita y cada vez de mayor calidad”, dijo en declaraciones a la Ser en octubre de ese año. En esa legislatura fichó a Antonio Burgueño, que venía de Adeslas, y que se convirtió en director general de hospitales de la Comunidad de Madrid. En 2020 lo fichó Isabel Díaz Ayuso como asesor externo para la pandemia.

Además, en un paso más para profundizar en la competitividad y rentabilidad de un sistema de prestación –que antes de Aguirre estaba alejado del beneficio puro y duro– la entonces presidenta introdujo en 2010 el llamado ‘sistema de libre elección’, por el que los ciudadanos podían ser atendidos en el hospital que desearan, estuviera o no en su distrito. Esto suponía, y supone, que los hospitales se ponen a captar pacientes como si fueran clientes y a competir con marketing o apretando costes, fomentando unos servicios frente a otros (por ejemplo, partos, que son muy rentables) e invirtiendo para salir bien en los indicadores y resultar atractivos: por cada paciente que trataran, recibían dinero público. Este ‘sistema de libre elección’ ha llevado a que Quirón haya multiplicado por seis los pacientes que capta de la sanidad pública madrileña en la última década, tal y como desveló elDiario.es.

Pronto se empezaron a ver las costuras de ese ‘milagro’ de eficiencia y en 2012 Aguirre empezó a anunciar recortes sanitarios. Por ejemplo, reduciendo la cartera de servicios gratuitos (como la vacuna del neumococo o tratamientos para tabaquismo), aumentando listas de espera o empeorando las condiciones de los médicos y sanitarios. En medio de las vacaciones navideñas de 2011, una Aguirre que iba a dimitir por sorpresa nueve meses después, aprobó con su mayoría absoluta la ampliación de la jornada laboral de 35 horas semanales a 37,5 y rebajas en el sueldo a los funcionarios enfermos durante los días en que estuvieran de baja. El malestar durante esos años empezó a gestar las “mareas blancas”, contra las que el mismo gobierno regional inició una campaña de descrédito.

El rizo final: de público a privado

Pero si se ha dado un paso extremo y en falso durante los gobiernos del PP de Madrid en la sanidad, ese fue el intento de privatizar directamente hospitales que eran públicos. El 17 de septiembre de 2012, Esperanza Aguirre anunció su dimisión aduciendo motivos personales. Le sustituyó, sin pasar por las urnas, Ignacio González, que puso a un ‘neocon’ en sintonía con Faes a gestionar la sanidad de Madrid: Javier Fernández-Lasquetty, pupilo de Aguirre y más tarde peso pesado del gobierno de Ayuso (hasta 2023).

Lasquetty, gestor sanitario en los años de la crisis económica, quiso aplicar la receta que heredó, pero con un tirabuzón extra, la reversión de público a privado, y presentó el 31 de octubre de 2012 un plan de privatizaciones de servicios sanitarios que incluía seis plantillas hospitalarias, 27 centros de salud y casi cualquier actividad no sanitaria de los hospitales. La justificación fue la coyuntura económica y la necesidad de ahorro: “Lo más responsable, por no decir lo único responsable, es ir a ese modelo”, dijo el consejero en la Asamblea de Madrid.

Al plan lo llamaron de medidas de garantías de sostenibilidad del sistema sanitario. Fue aprobado a los dos meses con la mayoría absoluta del PP. Sin embargo, la oposición frontal de las mareas, que atrajeron a las calles a miles de ciudadanos indignados, y un recurso judicial hicieron que el gobierno de Ignacio González tuviera que desistir de este plan, menos de dos años después de presentarlo como una receta mágica para la crisis económica.

La ‘marea blanca’ en una manifestación en Madrid en 2013, en medio del anuncio de la privatización de hospitales públicos / EFE

Aparcado este salto extremo, los sucesivos gobiernos del PP hasta hoy no han vuelto a atreverse a abrir ese melón, aunque las privatizaciones de servicios y la entrega de dinero público a los gigantes del sector sanitario ha continuado de manera constante. La estrategia de privatización se ha mantenido, también con Ayuso, que ha desembolsado desde 2021 más de 5.000 millones a Quirón, el grupo principal en la Región, el doble de lo presupuestado. Su gobierno también rescató al polémico Hospital de Torrejón con más de 33 millones en julio. En 2022, decidió cerrar las urgencias que había en atención primaria y que descongestionaban las de los hospitales. Según un informe de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, el gasto sanitario para la gestión privada en la Comunidad de Madrid representaba ya el 41,3% de la inversión total ese año.

No ha habido reversiones a lo público, como hizo el gobierno progresista del Botànic de la Comunitat Valenciana con el hospital de Alzira, sino al contrario, privatizaciones de servicios esenciales como el de laboratorios clínicos, la unidad del dolor (en Vallecas) o la gestión de historiales de pacientes en hospitales públicos madrileños. El gobierno actual sigue trabajando y defendiendo el modelo que inició hace 20 años Esperanza Aguirre. Como dijo Ayuso en una visita al hospital Madrid Río, de la empresa HM, las privadas gestionan “con eficiencia, sin ellos no se podría abarcar todo”. Los audios del CEO de Torrejón arrojan dudas ahora sobre si de esa “eficiencia” se beneficia, y cuánto, el ciudadano.