La Audiencia de Valencia salva a los empresarios de la trama del saqueo a la Cooperación de pagar millones de euros

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha librado a cuatro empresarios condenados en las piezas 2 y 3 del ‘caso Blasco’ de abonar la responsabilidad civil, que habría ascendido en cualquier caso a varios millones de euros. Se trata de Félix Sanz Pardo, Rafael Cuquerella, Arturo Ignacio Tauroni y Augusto César Tauroni, éste último testaferro del exconseller Rafael Blasco en el marco de la trama corrupta por la que ambos fueron condenados y por la que cumplieron penas de prisión. El auto de la sección quinta, al que ha tenido acceso este diario, desestima los recursos de súplica de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía de la Generalitat contra una resolución anterior del pasado 8 de octubre que finiquitó la fase de ejecución de la sentencia. El auto es firme y no cabe recurso alguno.

Todo se remonta al juicio celebrado entre abril y julio de 2019, uno de cuyos ejes fue precisamente la determinación de la cuantía exacta del fraude. El tribunal dictó la sentencia condenatoria —con penas mínimas— el 24 de abril de 2020, pero declinó fijar la cuantía de la responsabilidad civil.

La sentencia de 2020 postergaba a la fase de ejecución la determinación de la responsabilidad civil “teniendo en cuenta tanto las resoluciones contables que se aporten, como los expedientes administrativos y los bienes decomisados, y principalmente las periciales que puedan determinar el montante de los perjuicios reales alcanzados” para evitar así la “doble exacción de bienes”.

El auto responsabiliza abiertamente a la Generalitat Valenciana de la situación y hace “especial hincapié” en la “falta de concreción de la que sigue haciendo gala” y que “determina que no se haya podido fijar” por vía de ejecución penal el monto de las cantidades en concepto de reparación de daños y perjuicios de las que debían responder los condenados.

La resolución, eso sí, abre la puerta a que la Generalitat plantee acciones civiles contra los empresarios condenados. Por otro lado, Tauroni podría incluso reclamar la devolución de los 1,5 millones de euros bloqueados en una cuenta de EEUU, fruto de la subasta de dos pisos que el propio empresario corruptor compró con el dinero robado y que fueron incautados por las autoridades judiciales estadounidenses.

El Ministerio Fiscal alegaba que se había producido una “vulneración de la legislación penal en materia de responsabilidad civil”. La sección quinta considera que se trata de una “afirmación muy grave y fuera de contexto” e insiste en que la petición de la Fiscalía y de la Generalitat Valenciana “adolece” de concreción en cuanto a los conceptos y las cuantías de la responsabilidad civil.

El informe del Tribunal de Cuentas

“La Sala”, defiende el auto, “carece de las competencias de contable”. “Ni pretende asumir un rol que no le toca”, apostilla. La sección quinta carga contra la Generalitat Valenciana y recuerda que fue “decisión” de la Abogacía que la cuantía se fijara en función de un informe del Tribunal de Cuentas, “para evitar discrepancias”.

Sin embargo, los cuatro empresarios no son funcionarios públicos y, por tanto, quedaban fuera del paraguas del Tribunal de Cuentas. Las cantidades, según los distintos informes y recuentos, variaban entre los cinco y los ocho millones de euros. En el juicio hubo un baile de cifras, al defender algunos acusados que una mínima parte de los trabajos de cooperación sí que se habían hecho. La Abogacía de la Generalitat, en todo caso, pedía que el testaferro de Rafael Blasco, exconseller del PP, pagara 4,6 millones de euros.

La resolución de la Audiencia de Valencia alude a las “carencias” del informe pericial elaborado por el interventor del Estado Joaquín Falomir. También recuerda que, según el autor, se trataba de un informe de legalidad y no estrictamente económico.

El tribunal reprocha a la Abogacía de la Generalitat que tampoco aprovechara el recurso de súplica para “superar esta ausencia de información”. “Seguimos en la misma indeterminación o falta de concreción que existió desde el principio”, añade el auto. La Abogacía de la Generalitat incluso “redujo sus pretensiones” sin explicar “por qué” o “en base a qué”, lo cual el tribunal tilda de “extraño o incomprensible”.

Coincide así con la postura del empresario Rafael Barrera, quien consideraba en la misma línea que Tauroni, que la Generalitat “no ha sido capaz de presentar ninguna prueba, o aportar nuevo informe, dictamen o valoración técnica del que deducir una concreción del perjuicio fijado”.

Echa en falta un “sencillo cuadro”

La sección quinta de la Audiencia de Valencia considera que la situación es la misma desde hace cinco años, cuando se dictó la sentencia.

“No parece que sea tan difícil para la Administración, con todo el tiempo que ha tenido, presentar un sencillo cuadro en el que se expliquen los conceptos, se razonen las cantidades y se explique por qué si tan exacto era el informe de legalidad del Sr. Falomir, no se centraron en él, sin necesidad de esperar a una instancia que a la Sala no vincula”, afirma.

Las alegaciones de la Generalitat y del Ministerio Fiscal “pretenden”, a juicio de la sección segunda, que se acepte un informe pericial de 2016 que “en su momento no sirvió y que ahora nada aporta”.

La sentencia de hace un lustro ya argumentaba que al tribunal le resultaba “harto difícil” cuantificar el perjuicio sin un informe pericial. “Nada ha cambiado. Ni siquiera se ha intentado un nuevo informe pericial”, concluye el auto dictado el pasado 26 de noviembre y notificado a las partes este miércoles.