La construcción de la sospecha

Toca hablar de ruido, de furia, de barro… De la producción sistemática de basura en el marco de la conversación pública para deslegitimar a quien resulte molesto. Es la versión moderna del más rancio autoritarismo. Y es la táctica que hoy se emplea contra periodistas, opinadores, políticos y todo aquel que tiene exposición pública e incordia. Los objetivos son varios: acallar críticas, infundir miedo, cancelar al discrepante y hasta meter en la cárcel al presidente del Gobierno.

Es el propósito de las derechas. Lo dijo Abascal, lo escribió en sus redes sociales MAR, lo replicó Ayuso con su habitual atropello verbal y lo hace ahora suyo Feijóo en estos tiempos en los que los juzgados se han convertido en una extensión de la escena política y los togados, en protagonistas de la vida pública. Tan cansina es la apuesta por la palabra gruesa, la sobreactuación, la indignación o el efectismo que quienes practican esta ofensiva no parecen ser conscientes de la desafección que genera este comportamiento y lo mucho que beneficia a la ultraderecha. O sí. A saber.

El caso es que la estrategia sirve para agitar el populismo, que puede calentar el terreno de juego político y alimentar la satisfacción de quienes carecen de escrúpulos, pero rara vez reporta beneficios electorales a quienes emulan los manuales ultras. El PP puede dar fe de ello porque no hay una sola encuesta, ni pública ni privada, que marque en sus siglas una tendencia al alza. Todo lo contrario.

Los de Feijóo bajan en beneficio de un Vox, que se dispara hasta números nunca antes vistos y triplica su representación actual en el Parlamento con más de un 20% en intención de voto, que suma gracias a más de 1,5 millones de antiguos votantes del PP en las últimas generales. Y aun así copian, su inflamada estrategia, como se volvió a apreciar en la concentración que convocaron el pasado domingo en el Templo de Debod de Madrid, tras la entrada en prisión preventiva del exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García por la que ya ha pasado también el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Sin pruebas, sin imputaciones y sin sentencias, Feijóo situó a Sánchez en el epicentro de una trama de corrupción que, hasta el momento, la investigación sitúa en el Ministerio de Transportes: “Cuatro cogieron ese coche para llegar al poder y tres ya conocen la cárcel, falta el uno, el presidente del Gobierno”, proclamó entre gritos de “¡Pedro Sánchez, a prisión!”. 

“Primero fue Koldo, que era un asesor anecdótico; después fue Ábalos; más tarde fue Cerdán y pronto será Sánchez”, añadió el jefe de los populares por si había quedado alguna duda sobre el futuro que augura al presidente del Gobierno. ¿Conoce Feijóo algo de Sánchez que los demás ignoramos? ¿Tiene información sobre presuntas actuaciones ilegales del presidente del Gobierno? ¿Cuenta con información privilegiada de las pesquisas judiciales? 

Lo primero solo lo sabe él. Si la respuesta a la segunda pregunta fuera afirmativa, es lógico preguntarse a qué espera el líder del PP para recurrir a la Justicia. Y si se trata de lo tercero, hablamos de una presunta connivencia entre las derechas judicial y política sobre la que a estas alturas, y tras la condena del Fiscal General del Estado, quedan pocas dudas.

Unos lo llaman máquina del fango, otros lawfare y algunos, golpe blando. La nomenclatura es lo de menos. Lo que importa es el desenlace y es recordar que Sánchez no es el primero ni el último jefe de gobierno víctima de estas prácticas que cuentan con la colaboración inestimable de algunos medios de comunicación de la derecha. Pasó en Brasil con Lula da Silva. Pasó con Costa en Portugal. Pasó con Correa en Ecuador. Y pasó con Lugo en Paraguay, entre otros.

El caso de Luiz Inácio Lula da Silva es de los más sonados y contó con el reconocimiento del Tribunal Supremo de Brasil de que su proceso, sentencia y entrada en prisión nunca debió producirse. Fue condenado por corrupción y blanqueo y encarcelado en 2018, quedando así fuera de las presidenciales que acabaron dando la victoria al ultra Bolsonaro, hoy, por cierto, condenado a 27 años por urdir un golpe. Entre 2019 y 2021, el Supremo anuló la condena al considerar que el juez Sergio Moro ni era competente ni fue imparcial, lo que rehabilitó políticamente a Lula, cuya defensa describió el caso como un ejemplo claro de lawfare, que es lo mismo que un uso selectivo de la justicia con ayuda de filtraciones interesadas a los medios de comunicación.  

El primer ministro socialista de Portugal en 2022, António Costa, pasó por algo parecido después de que en noviembre de 2023 dimitiera tras anunciar la Fiscalía lusa que lo investigaba por presuntas irregularidades en proyectos de litio, hidrógeno verde y un centro de datos. En 2024, los tribunales desinflaron el caso. Costa ni siquiera figuraba como formalmente acusado y el propio proceso fue cuestionado tras saberse que se habían producido escuchas ilegales sin autorización judicial.

La izquierda portuguesa presenta hoy el caso Costa como ejemplo europeo de acoso judicial-mediático para derribar a un líder socialdemócrata en el que se sucedieron durante meses las filtraciones selectivas y la construcción mediática y social de la sospecha.

Alberto Núñez Feijóo, en el XIII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía

Una fabricación de la conjetura que en el caso de España hace tiempo que está en marcha contra el presidente del Gobierno. Publica que algo queda, aunque sea mentira; repite unas mil veces hechos inciertos hasta que formen parte del ideario colectivo y difama todo lo que puedas es algo que en este país nuestro está al cabo de la calle en la conversación pública. Y todo, con el objetivo ya declarado por Feijóo, de que el presidente acabe entre rejas. 

Da igual que las informaciones o los discursos políticos se sostengan con declaraciones vertidas sin pruebas. Si habla Koldo, titular a toda página. Si emite Ábalos, pregunta parlamentaria al canto. Y si declara Aldama, programación especial. Todo pasa por esa insistente construcción de la sospecha para que en la calle se den por sentados hechos aún no probados, alguna organización ultra los plasme en una querella; un juez la admita a trámite y…. El resto está hecho. 

La estrategia es bien conocida y se utiliza como herramienta política y mediática para desacreditar a los adversarios y generar dudas sobre su credibilidad hasta que se rinda o hasta que un juez tenga a bien admitir a trámite alguna querella. Esto siempre, claro, con la coordinación de algunas plumas que actúan como arma de combate contra la corrupción que es un asunto que genera un gran consenso. Todo el mundo, salvo los que la practican, está en contra de la corrupción. De la que se investiga sobre el Gobierno de Sánchez, la del PP de Almería, la del exministro Jorge Fernández Díaz que siendo el autor intelectual de la mal llamada policía patriótica ahora escribe tratados sobre la mafia, la del exministro Montoro en Hacienda y la de la Comunidad de Madrid, aunque sobre estas últimas haya quien no escriba una línea ni emita palabra de rechazo alguna.