Primera denuncia ante la Fiscalía por el caso del Hospital de Torrejón: un abogado particular ve cinco posibles delitos
El letrado Javier Flores, que ha iniciado hoy la demanda, ve prácticas que podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, lesiones imprudentes, coacciones y represalias contra alertadores internos
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Un abogado ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Madrid una denuncia para que se investiguen presuntas irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón, administrado por la concesionaria Ribera Salud, así como la posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Somos Madrid, se fundamenta en la existencia de grabaciones internas en las que “un alto directivo del grupo habría impartido instrucciones destinadas a reducir actividad asistencial, incrementar listas de espera y supeditar decisiones clínicas a criterios económicos”. En los citados audios, publicados por El País, un directivo indica a los mandos del hospital que se debe rechazar a pacientes “no rentables” y aumentar las listas de espera.
El escrito ha sido presentado por el letrado Javier Flores. En su texto solicita la apertura de diligencias, que se tome declaración a los denunciados y que se requiera a la Comunidad de Madrid para la entrega de los expedientes de supervisión, inspección y control contractual del hospital concesional en los periodos afectados.
De confirmarse estos extremos, el abogado denunciante considera que se incurriría en hasta cinco posibles delitos, debido a que se trataría de “prácticas que podrían constituir indicios de delitos de prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, lesiones imprudentes, coacciones y represalias contra alertadores internos”.
El texto de la denuncia destaca también el cese de cuatro directivos del hospital que habían informado de estas irregularidades a través del canal ético interno, así como la ausencia de “una reacción inmediata de la Administración sanitaria, pese a ostentar la obligación legal de supervisar la correcta prestación de un servicio público esencial”.
La denuncia subraya que “estas instrucciones podrían haber afectado nespecialmente a personas mayores de 65 años, población con mayor prevalencia de patologías crónicas y con mayor probabilidad de sufrir consecuencias graves por retrasos en diagnósticos y tratamientos”.
Javier Flores es un abogado que litiga habitualmente contra los excesos de la administración pública. Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se convirtió en firme este verano, concedió al letrado varias rectificaciones a los cambios que Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid introdujeron en el Plan General de Ordenación Urabana (PGOU). Entre ellas, el veto a los cantones municipales de limpieza en zonas verdes, a que los partidos políticos sean homologados a la administración para disfrutar de ventajas como colocar sus sedes en parcelas con ese uso o a reducir las regulaciones de habitabilidad para la transformación de locales a vivienda (de forma que las ventanas pudiesen dar a un patio con dimensiones menores a las que recoge la normativa).
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