EEUU asesina a otras cuatro personas en el Pacífico en plena ofensiva del Congreso contra el Pentágono por posibles crímenes de guerra

“Lo que he visto en esa sala ha sido una de las cosas más inquietantes que he visto en mi carrera pública”. El representante de Connecticut Jim Himes, el líder demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se expresaba así después de ver el vídeo del ataque del 2 de septiembre que les mostró el Pentágono a puerta cerrada en el que se ve cómo rematan a dos supervivientes: “Hay dos personas en clara situación de peligro, con una embarcación destruida, que fueron asesinadas por Estados Unidos”.

El mismo día en que el almirante Frank ‘Mitch’ Bradley comparecía ante el Congreso para dar explicaciones sobre ese ataque, el Ejército de EEUU ha comunicado un nuevo hundimiento, en el Pacífico Oriental.

“El 4 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación en aguas internacionales operado por una organización designada como terrorista. Los servicios de información confirmaron que transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental. Cuatro narcoterroristas varones a bordo del buque resultaron muertos”.

Así, la cifra asciende a 87 asesinatos extrajudiciales en total. Sin proceso, sin pruebas, de civiles indefensos.

Los ataques contra supuestas ‘narcolanchas’ que arrancaron el 2 de septiembre en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental, y tres meses después empiezan a hacer mella en la Administración Trump. Así, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se encuentra sometido a presión del Senado y la Cámara de Representantes por haber ordenado rematar a dos supervivientes en el primer hundimiento, que terminó con 11 asesinatos extrajudiciales.

Tanto republicanos como demócratas en el Congreso han abierto investigaciones ante lo que podría constituir un crimen de guerra por la ejecución de personas a la deriva, y este jueves comparecía en el Capitolio el comandante que, según la Administración Trump, ordenó el segundo ataque, el almirante Frank ‘Mitch’ Bradley.

Y el almirante les ha dicho a los legisladores que no hubo ninguna orden de “matadlos a todos” por parte de Hegseth, según el senador Tom Cotton, que preside el Comité de Inteligencia del Senado.

Hegseth ha defendido el segundo ataque como algo surgido en la “niebla de la guerra”, afirmando durante una reunión del Gabinete celebrada este martes en la Casa Blanca que no vio a ningún superviviente, pero que tampoco presenció el resto de la misión.

El secretario de Defensa también ha dicho que Bradley, como almirante al mando, “tomó la decisión correcta” al ordenar el segundo ataque, para lo cual “tenía plena autoridad”.

El miércoles se le preguntó al presidente Donald Trump si publicaría el vídeo del ataque posterior, tal y como han exigido los demócratas, y respondió: “No sé qué tienen, pero sea lo que sea, sin duda lo publicaremos. No hay problema”.

Un ataque posterior a finales de septiembre ha llevado a la familia de un colombiano a presentar una denuncia formal ante el principal organismo de vigilancia de los derechos humanos en el continente americano. La petición de la familia de Alejandro Carranza afirma que el ejército bombardeó su barco pesquero el 15 de septiembre, violando las convenciones de derechos humanos.

El Congreso quiere frenar los ataques

La Cámara de Representantes estuvo casi dos meses sin actividad porque los republicanos no querían presión política durante el cierre del Gobierno. Pero una vez superado, se acumulan las resoluciones registradas para evitar un ataque a Venezuela que viene telegrafiando Donald Trump desde septiembre.

La última, registrada, este martes, dice lo siguiente: “El Congreso ordena al presidente que retire a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro de Venezuela o contra este país, a menos que se autorice explícitamente mediante una declaración de guerra o una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar”.

La resolución ha sido impulsada por el representante demócrata por Massachusetts James McGovern, y apoyada por el republicano por Kentucky Thomas Massie.

Y este miércoles, los demócratas del Senado, junto con el senador Rand Paul (republicano por Kentucky), han presentado otra resolución sobre los poderes de guerra para impedir que la Casa Blanca utilice las fuerzas armadas en hostilidades con Venezuela sin la aprobación del Congreso.

La resolución, presentada por Paul y los senadores Tim Kaine (demócrata por Virginia), Adam Schiff (demócrata por California) y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), ordena a Trump que deje de utilizar el ejército “a menos que esté específicamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”.