El Govern balear del PP rescata a un ex alto cargo de Matas condenado por saquear fondos públicos y amparar sobornos

El Govern de Marga Prohens (PP) ha nombrado como nuevo jefe de su departamento de Servicios Sociales a Juan Francisco Gálvez, ex director general de Juventud durante el segundo mandato de Jaume Matas (2003-2007) y condenado por malversación de fondos públicos en una de las múltiples causas de corrupción que salpicaron al expresidente balear y sus subordinados. El cargo lleva aparejado uno de los salarios más elevados de la estructura autonómica, en torno a 81.700 euros anuales.

Tal como avanzó Diari de Balears y ha confirmado elDiario.es, el Ejecutivo ha nombrado a Gálvez en un puesto de alto nivel tras haber cumplido la condena que le inhabilitaba durante ocho años para ejercer cualquier cargo público. Fuentes del Govern aseveran que el nuevo alto cargo ya había cumplido la pena que le fue impuesta y que se trata de una plaza que había quedado dos veces desierta, cubriéndose “con una persona que es funcionaria de la administración”.

Gálvez fue uno de los protagonistas del caso Turisme Jove, uno de los numerosos procedimientos incoados en su momento en torno a la gestión del Govern de Matas y uno de los episodios más notorios de abuso institucional y saqueo de fondos públicos en Balears y de cómo cargos públicos aprovecharon su posición para enriquecerse ilícitamente.

Junto al exgerente de Turisme Jove, Damià Amengual, se declaró culpable de haber planificado y desarrollado una trama dirigida a saquear las arcas de la entidad en su propio beneficio, llegando a provocar la quiebra técnica de la empresa. Ambos aceptaron tres años de prisión. En la misma causa, el exjefe de Servicios de la empresa Juan Francisco Gosálbez fue condenado a tres años y siete meses.

Las investigaciones revelaron pagos ilegales, contratos amañados y facturas de estancias en el extranjero que nunca se realizaron. La sentencia del caso recogía que, ya desde que fueron nombrados en sus respectivos cargos, Gosálbez, Amengual y Gálvez buscaron enriquecerse de forma ilícita incumpliendo de manera “taxativa y radical” las normas de contratación pública, concertándose con los distintos empresarios, dando el visto bueno a facturas que no respondían a servicio alguno, y cobrando comisiones a las empresas contratadas, algunas de las cuales tuvieron que aumentar las facturas a Turisme Jove para hacer frente a los sobornos.

Los procesados, acusados de delitos de malversación, prevaricación, falsedad mercantil, fraude a la administración y cohecho, vieron notablemente reducidas sus condenas respecto a la petición inicial de la Fiscalía, que reclamaba un total de 48 años y medio de prisión para todos ellos.

Con su nueva posición, Gálvez retorna al núcleo del poder autonómico, percibiendo un salario elevado, lo que representa algo más que un simple ascenso: una reivindicación indirecta de su trayectoria, pese a su condena. Esto supone una contradicción evidente con las expectativas de ejemplaridad y compromiso con la integridad en la gestión pública, sobre todo en un cargo relacionado con servicios sociales y políticas de bienestar.