La Audiencia Nacional mantiene en prisión al empresario que financió a Alvise por la supuesta estafa con criptomonedas

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido mantener en prisión provisional a Álvaro Romillo, acusado de un presunto fraude a más de 3.000 inversores por más de 185 millones de euros. Los jueces han rechazado las alegaciones de la defensa de Romillo, el empresario del sector de las criptomonedas que financió a Alvise Pérez. Consideran que existe riesgo de fuga por la “ingente capacidad económica” de la que dispone en el extranjero, lo que le permitiría vivir “holgadamente” en países en los que evitar las posibles órdenes de busca y captura. El instructor del caso, José Luis Calama, lo envió a la cárcel el pasado 7 de noviembre. 

La resolución de la Sala señala que durante la investigación se han localizado transferencias por valor de casi 13 millones de euros en una cuenta bancaria de Singapur, que recibió más de 29 millones de euros de otra abierta en un Banco de Portugal, que era utilizada presuntamente por el investigado para desviar los fondos recibidos por los inversores. Desde ella, añade, se desviaron aproximadamente 18 millones de dólares a una cuenta bancaria ubicada en Tailandia. 

A ello se añade, indica el tribunal, que el empresario posee bienes inmuebles, vehículos de lujo y embarcaciones en diferentes países, a lo que se suma la localización de una cuenta en criptomonedas de la que es titular con más de siete millones de euros, de los que solo él puede disponer. Por tanto tiene una ingente capacidad económica en el extranjero que le permitiría vivir holgadamente y radicarse en países donde evitar las órdenes de busca y captura que pudieran dictarse.

Romillo está siendo investigado en la Audiencia Nacional por la ruina del Madeira Invest Club, un club de inversión en criptomonedas que, según el juez, escondía “un entramado societario internacional” con sociedades y cuentas bancarias que dan la vuelta al mundo para “recibir los fondos de la estafa” y “blanquear” el dinero de los perjudicados.

Este procedimiento transcurre en paralelo al iniciado tras la confesión de Romillo, que dirigió un escrito a la Fiscalía General del Estado en el que aseguraba haber pagado 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez. Eso derivó en la apertura de una causa contra el eurodiputado por financiación ilegal en la que Romillo también figura como investigado. En su escrito a la Fiscalía, el empresario se ofrecía a liquidar sus bienes para compensar a los inversores, procedentes de sectores diversos y con aportaciones significativas.