El juez pide a la Intervención del Estado que investigue al Gobierno andaluz por los contratos sanitarios troceados
El magistrado que investiga al Servicio Andaluz de Salud por un delito de malversación en el fraccionamiento masivo de contratos con clínicas privadas reclama «auxilio pericial» al Estado para contrastar si las adjudicaciones a dedo estaban justificadas y si los precios eran objetivos
El juez amplía la investigación de los contratos sanitarios troceados el mismo día que el Gobierno andaluz pidió cerrarla
El juez que investiga si hubo un delito de malversación en el fraccionamiento “masivo” de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada en Cádiz ha dado un salto de pértiga en la instrucción al reclamar “auxilio pericial” a la Intervención General del Estado para que analice todos los expedientes de gasto bajo sospecha y elabore informes sobre la justificación de los contratos, los precios que autorizó el SAS y “el daño producido al erario público, aun de manera aproximativa o potencial”.
En una providencia dictada el pasado 4 de diciembre, a la que ha tenido acceso este periódico, el juez de instrucción número 3 de Cádiz, Manuel Jesús Gómez, admite la solicitud del PSOE, como acusación popular, que pidió la participación de los intereventores del Estado en una causa que salpica directamente al Gobierno de Juan Manuel Moreno, personado como responsable civil subsidiario. El objeto pericial consiste en “un análisis global e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud”, reza el documento.
Dos juzgados investigan en la actualidad la contratación a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, en el SAS: un juez de Sevilla ha imputado a los tres últimos gerentes de la sanidad andaluza por supuesta prevaricación por el abuso de los contratos de emergencia entre 2021 y 2024, amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia cuando ya estaba derogado (declararán ante el juez en noviembre).
La otra causa, la de Cádiz, investiga un supuesto delito de malversación en la concesión de 235 millones de euros en cientos de contratos menores troceados en esta provincia durante el ejercicio 2021. Aquí está imputado el responsable de compras del SAS en Cádiz, que ya declaró ante el juez, junto a los interventores provinciales que emitieron un durísimo informe denunciando el “abuso” de los contratos menores y el “fraccionamiento” masivo de esos contratos con una misma empresa y por la misma prestación.
El pasado octubre, el juez de Cádiz rechazó el recurso interpuesto por los abogados del SAS para archivar la investigación y decidió prorrogarla otros seis meses. Ahora, el magistrado pide a la Intervención General del Estado que le remita una serie de informes periciales sobre el enorme volumen de contratación fraccionada bajo sospecha.
De los “informes técnicos” solicitados, destaca la “determinación del daño producido al erario público, aun de manera aproximativa o potencial, a partir del análisis de las consecuencias de la presencia, o ausencia, en los expedientes analizados, de acomodo a la debida modalidad de contratación y deberes legales de publicidad, competencia y concurrencia”.
El magistrado también reclama a los interventores del Estado que revise “los precios” resultantes de la contratación fragmentada y que haga una “evaluación de contraste” con el coste que habría supuesto con “los debidos procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público y mediando publicidad y concurrencia en la contratación”. El objetivo de este paso en la instrucción es también determinar “si existió o no, la debida justificación de la prestación de los servicios contratados y abonados”.
[Habrá ampliación]
